En octubre del año 2003 se conforma la Red Muqui con el apoyo e iniciativa de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que nucleaba a una serie de instituciones de derechos humanos y ambientales de ese entonces, dicho sea de paso, es en el caso de Tambogrande (Piura) donde la red inicia sus primeras articulaciones en la defensa de derechos de las comunidades y poblaciones del valle de San Lorenzo ante la amenaza del ingreso de un proyecto minero en la zona.

A lo largo de este tiempo son varios los casos que hemos acompañado desde la red, entre los que podemos destacar el caso de Río Blanco en Ayabaca y Huancabamba en Piura, el caso de Conga en Cajamarca, el caso de la comunidad Cañaris en Lambayeque, el caso de la comunidad de Cruz de Mayo y la laguna de Parón en Caraz – Ancash, así como los casos de la Oroya y la Doe Run y el de reasentamiento forzado en Morococha por minera Chinalco en Junín, los casos de Glencore en Espinar (Cusco), Las Bambas en el corredor minero del sur (Cusco y Apurímac), el caso del valle de Tambo y Tía María en Arequipa, entre otros. En la mayoría de estos casos, la Red Muqui ha brindando soporte técnico y legal, además de un acompañamiento permanente a través de los socios locales de la red en los territorios.

Muchos de los casos mencionados hasta el día de hoy siguen vigentes y el trabajo de acompañamiento de la red, por lo tanto, se mantiene y en algunos casos las afectaciones y los impactos mineros en los territorios se han agudizado. También es preciso señalar que en las últimas décadas la expansión minera se han acentuado y ha sido promovida de manera entusiasta por la mayoría de gobiernos de turno, debido, entre otras cosas, a la alta demanda de materia prima, principalmente del cobre en el mercado internacional. Todo parece indicar que este extractivismo minero se va a profundizar aún más, puesto que, bajo el nombre de la transición energética, se pretende extraer más minerales, sobre todo los llamados minerales de transición como el litio, niquel, cobre, entre otros, para destinarlos a la producción de baterías de litio.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui tenemos una serie de propuestas que creemos que se deben discutir con todos los actores involucrados en la agenda minera en el país. A este documento de trabajo le llamamos “La Agenda Muqui”, el cual se resumen en: a) Reforma minera y respeto a la autonomía, los derechos territoriales colectivos y participación de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones en zonas impactadas por la minería; b) Respeto a los DD.HH., protección efectiva de los defensores/as, no a la criminalización de la protesta y la impunidad; c) Protección del agua, territorio, vigilancia y monitoreo ambiental y gestión integral de cuencas; d) Protección de la salud humana y ambiental; cumplimiento de la política y el plan especial multisectorial para la población expuesta; y e) Fortalecimiento de las alternativas al extractivismo desde los territorios en base a su autonomía, economías comunitarias, justicia de género y construcción del buen vivir.

FUENTE: Red Muqui.

Este viernes 05 de noviembre del 2021 formalmente el presidente Pedro Castillo acaba de cumplir 100 días de su gobierno, que para muchos probablemente hayan parecido más de un año, debido a la permanente confrontación y crisis política en la que nos han mantenido, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República. Situación que ha dejado de lado las agendas de cambio que el gobierno de Castillo había prometido, todo esto en medio de una pandemia y crisis económica de las que todavía no hemos salido. Finalmente, ayer el gabinete presidido por Mirtha Vásquez, luego de idas y vueltas en la semana, incluido cambios en el Ministerio del Interior, ha recibido el voto de confianza por parte del Congreso de la República. Esperamos que en palabras de la Premier Vásquez se empiece a encausar los cambios que se han prometido a la población: “Este gobierno del pueblo está comprometido con hacer cambios, transformaciones, implementar respuestas urgentes sobre todo a la crisis que vive el país y el día de hoy ha sido un paso importante para empezar en esta ardua tarea”.

Si bien el presidente Pedro Castillo no ha tenido mucha tregua para empezar a implementar algunos cambios en estos 100 primeros días de su gobierno, si ha tenido que enfrentar varios problemas y de modo particular la reactivación de los conflictos sociales. A los días se asumir funciones, el gabinete de Guido Bellido tuvo que viajar para atender las demandas de las comunidades del corredor minero en Chumbivilcas, por la presencia de la minera Las Bambas. Luego de una corta tregua las protestas continuaron, además se sumaron otras provincias como Cotabambas y Espinar bajo las mismas demandas. Pero la conflictividad social se reactivó con mucha más fuerza estas ultimas dos semanas, a los reclamos del corredor minero en el surandino se sumaron las protestas de comunidades de Ayacucho y Huancavelica por presencia de proyectos mineros y el caso de Antamina en Ancash. En algunos casos se han registrado hechos de violencia entre los manifestantes, la PNP y las mismas empresas mineras. En la mayoría de estos casos la premier Vásquez ha sabido responder rápidamente con la instalación de espacios de diálogo y pidiendo tregua para responder las múltiples demandas de las comunidades y la población local. El gran desafío ahora es que, para que se cumplan estos acuerdos se debe fortalecer la institucionalidad del viceministerio de Gobernanza Territorial en la gestión de la conflictividad social, que lamentablemente en los últimos años no ha sido de las mejores.

En esa línea desde la Red Muqui hemos alcanzado algunas propuestas de cambios concretos que se deberían revisar y encauzar por porte del gobierno de Castillo transcurridos los 100 primeros días de su gobierno y las que resumimos a continuación:

1) Aprobación del Plan Especial Multisectorial de atención de los afectados y afectadas por metales tóxicos.

2) Iniciar la discusión sobre la reforma tributaria en el sector minero y un impuesto especial a la sobre ganancia minera.

3) La gestión social del agua, que incluye la revisión de ley de recursos hídricos y reforma de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

4) Que se garantice las políticas de equidad de género y de modo prioritario la atención a la situación de las mujeres.

5) Implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

6) Garantizar una plena participación de los pueblos indígenas y originarios y su derecho a la consulta previa en el desarrollo de proyectos extractivos.

7) Plantear la revisión de un nuevo marco normativo para la minería, así como la política sobre concesiones mineras en el país y

8) Implementar la segunda reforma agraria para reivindicar a los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de la costa, sierra y selva y colocar en el lugar que le corresponde a la agricultura familiar.