La demanda se suma al paro indefinido iniciado el 17 de febrero, que refleja el rechazo de las comunidades locales. Según Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, la población denuncia que el gobierno y la empresa imponen el proyecto sin haber realizado un proceso adecuado de socialización con las comunidades afectadas. Meza criticó la ausencia de autoridades clave, como la presidenta de la República y el ministro de Energía y Minas, quienes no han visitado la región para dialogar con los agricultores. Además, señaló que las estrategias de la empresa para ganar aceptación, como la entrega de regalos, han fracasado ante la firmeza del rechazo comunitario.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN

El vocero también denunció la criminalización de la protesta en el Valle de Tambo, señalando que, hasta la fecha, ocho personas han fallecido, dos han sido encarceladas y otras ocho viven en la clandestinidad debido a sentencias judiciales vinculadas a su participación en manifestaciones. Destacó el caso de una mujer que, sin haber cometido delito alguno, fue condenada a pagar una reparación de más de 200.000 soles, lo que la ha obligado a esconderse junto a sus cuatro hijos. Estas acciones, según Meza, buscan desmovilizar a los agricultores y debilitar su lucha en defensa del medio ambiente y la agricultura.

DEMANDA DE CADUCIDAD DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

David Velazco, director de FEDEPAZ, explicó que la demanda busca que el Poder Judicial declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María, aprobado en 2014 y cuya vigencia expiró en 2019, según lo establecido en la Ley N° 27446 y su reglamento. Velazco subrayó que el EIA es un requisito fundamental para prever y mitigar los impactos ambientales del proyecto, particularmente en el Valle de Tambo, donde la agricultura depende del agua del río Tambo y de los ecosistemas frágiles de las Lomas de Achay.

PROCESO JUDICIAL Y TIEMPOS ESTIMADOS

El abogado Rodrigo Lauracio, integrante del área legal de la Red Muqui, detalló que el proceso judicial iniciará con la admisión de la demanda por parte del juez, lo que debería ocurrir en un plazo de tres días. Posteriormente, los demandados —Southern Perú, Minem, OEFA y Senace— tendrán diez días para responder. Una vez presentadas las respuestas, se programará una audiencia de vista de la causa, seguida de la emisión de la sentencia. Aunque el plazo legal para resolver el caso en primera instancia es de 30 días, Lauracio advirtió que, debido a la carga procesal, el proceso podría extenderse entre dos y tres meses. Asimismo, destacó que, aunque no es la primera demanda de este tipo, en esta ocasión se han reunido más pruebas e informes que acreditan los riesgos ambientales actuales.

AGRICULTORES DEFIENDEN SU TERRITORIO Y RECHAZAN LA MINERÍA

En representación de los agricultores, Agripina Páucar expresó su preocupación por los impactos ambientales y sociales que generaría Tía María. Resaltó la importancia de la agricultura como principal sustento económico en la región y denunció que la contaminación minera ya ha afectado el agua y la salud de los habitantes de Islay. Según Páucar, el agua que llega a la zona desde otras operaciones mineras, como Quellaveco y Aruntani, presenta altos niveles de contaminación, poniendo en riesgo la producción agrícola y la calidad de vida de las comunidades.

Esta acción legal es una respuesta organizada a la autorización de derechos mineros realizada por el régimen de Dina Boluarte, apenas seis días después de asumir la presidencia del Perú. Fueron otorgadas en favor de la empresa minera Consolidated Copper Corporation, que posteriormente cambió su nombre a Nueva Energía Metales S.A.C. De esta manera, las 6400 hectáreas que abarcan las concesiones mineras tituladas representan una amenaza para la identidad cultural y la espiritualidad.

Estos derechos mineros de tipo metálica, que se encuentran en las cuencas transfronterizas de Callaccame, Pusuma y Mauri Chico y las cuales son compartidas entre Perú y Bolivia, impactan directamente a las comunidades indígenas de Alto Aracachi Queluyo, Centro Aracachi Chiaraqui, Pérez y Maycu Phujo. Dichas concesiones afectan sus derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio y a la autodeterminación como pueblos indígenas aimaras, conforme lo garantiza la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT.

Por ello, el Segundo Juzgado Mixto de Desaguadero admitió la demanda de amparo interpuesta por las comunidades de Alto Aracachi Quelluyo, Chacocollo y anexo Isca Chacocollo con el patrocinio de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), institución asociada a la Red Muqui.

Con ello se busca anular estas concesiones mineras en conformidad con el numeral 2 del artículo 200° de la Constitución Política del Perú, los artículos 6° y 7° del Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Así también  en la demanda se solicita que se ordene al Viceministerio de Interculturalidad realizar un proceso de consulta previa en forma adecuada, con la participación de todas las comunidades afectadas.

Además, de las siete concesiones mineras otorgadas a Nueva Energía Metales S.A.C., hay nuevos petitorios mineros presentados por la empresa Energy Craft America S.A.C., evidenciando un acelerado avance en la expansión de la actividad minera en las cuencas transfronterizas gracias a una política prominera de Dina Boluarte.

TESTIMONIOS

La lucha por defender su territorio y medio ambiente de las comunidades del altiplano no es nueva. Hace once años resistieron al proyecto minero Santa Ana, impulsado por la canadiense Bear Creek Mining Company.  A continuación testimonio de los representantes:

“Mediante la georreferenciación con GPS, hemos identificado que las concesiones mineras se superponen a zonas de vivienda, áreas agrícolas y ganaderas esenciales para nuestra subsistencia, e incluso abarcan la plaza de armas del distrito de Kelluyo”, expresó Daniel Limache Illacutipa, presidente de la comunidad de Alto Aracachi Quelluyo.

Seguidamente explicó que su preocupación se centran en que la actividad minera pueda contaminar sus tierras y fuentes de agua. “Tenemos conocimiento de que, en otras regiones del país donde opera la minería, se han generado problemas graves como delincuencia, trata de personas y destrucción del medio ambiente. Además, estas actividades han afectado gravemente la convivencia social y cultural de las comunidades”.

De igual manera, el presidente de la comunidad Chacocollo y anexo Isca Chacocollo, Rubén Primitivo Llave Gómez, recordó que, durante las protestas de 2011 contra el proyecto minero Santa Ana, muchas autoridades y dirigentes de las comunidades fueron criminalizados y judicializados. “Ante esta situación, hemos decidido interponer una demanda de amparo contra el Estado peruano y la empresa minera, buscando que las instancias judiciales protejan nuestros derechos reconocidos tanto por la constitución como por el Convenio 169 de la OIT. No es posible que, para el Estado peruano, quienes habitamos y cuidamos nuestras comunidades, vigilando nuestras fronteras, seamos tratados como invisibles e ignorados en las decisiones de las políticas del gobierno. El Estado nunca estuvo presente en nuestras comunidades, pero cuando se trata de concesiones mineras, se otorgan con facilidad, sin respetar nuestra decisión”.

En 2002, el distrito de Tambogrande se convirtió en la primera ciudad de latinoamérica en realizar una consulta popular frente al controvertido proyecto minero de la empresa Manhattan Sechura Compañía Minera S.A. (MSCM),  subsidiaria de la canadiense Manhattan Minerals Corp (MMC). El resultado fue avasallador: el 98.65 %  de personas dijo no a la minería y apostó por la agricultura.

Veintidós años después, ahora la compañía minera Buenaventura y el cuestionado titular del Minem, Rómulo Mucho Mamani, se han unido para pretender sacar adelante este proyecto polimetálico de cobre, zinc y plata. Frente a estas presiones políticas y empresariales, el presidente del Comité de Desarrollo Local de dicho distrito, Luis Riofrio Crisanto, señaló que en la práctica el proyecto El Algarrobo es similar al entonces proyecto de Manhattan.

En el pasado, Manhattan se componía de 3 concesiones, una de ellas se localizaba entre Tambogrande y la comunidad campesina Locuto, la cual ahora es denominada “Gestión Social, Diseño y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Hidráulica, Construcción, Implementación y Explotación de las Concesiones Mineras integrantes del Yacimiento TG-3 El Algarrobo», con una inversión total de US$ 2,753 millones.

Esta vez, el riesgo se cierne sobre el Valle del Medio y Bajo Piura que produce arroz, algodón, maíz y también alimentos destinados para la exportación como uva y palta. Esta zona, además, constantemente es afectada por las intensas lluvias que se registran cada cierto tiempo en la costa y sierra piurana. Por ello, el rechazo al proyecto El Algarrobo se suma a las demandas del sector agrario que teme que cualquier tipo de operación minera pueda generar también impactos ambientales en el Valle de San Lorenzo y la misma población urbana de Piura.

A pesar que la estrategia minera y el régimen de Dina Boluarte se centra en realizar proyectos de abastecimiento de agua a partir de acuerdos con la población, cumplir con una serie de estándares ambientales con el desarrollo de una mina subterránea, capacitación técnica para los agricultores, entre otras medidas, la desconfianza y el contundente rechazo a la minería es abrumador. Sobre todo con antecedentes de la gran minería en otras regiones como Cajamarca, Huancavelica, La Libertad y Áncash, lugares donde el llamado “desarrollo” solo ha favorecido a los grupos de poder, ha empobrecido más a la población y generado impactos ambientales sobre los recursos naturales. Ejemplos que prueban que la coexistencia entre agro y minería es una falacia.

Por tanto, el dirigente Riofrio Crisanto explicó que la comisión transitoria constituida en Tambogrande está conformada por un representante de las juntas de usuarios y regantes, municipalidades de centros poblados, población juvenil y rondas campesinas. Estas organizaciones sociales en el pasado han liderado una lucha que hoy es respaldada por autoridades políticas del gobierno regional y el alcalde del distrito, de acuerdo a sus declaraciones publicadas en medios de comunicación local.

Para el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda Pari, esta situación es una nueva afrenta al pueblo de Tambogrande, ya que -al igual que el caso de Valle de Tambo en Arequipa- los valles de Tambogrande y del Medio y Bajo Piura es una zona agrícola que abastece de varios productos a la región macronorte y es una fuente de trabajo e ingresos económicos de agricultores.

“Nuevamente el régimen de Dina Boluarte insiste en un proyecto que es inviable ambiental y socialmente”, expresó.

CooperAcción, institución asociada a la Red Muqui, difundió un mapa de concesiones mineras de dicho distrito que muestra que estas ocupan el 42.5% de todo el territorio. “Además de las concesiones que promociona ProInversión, empresas como Buenaventura, Nexa Resources, Minera Miski, entre varias otras, tienen concesiones tituladas en el distrito”.

La movilización comenzó en las entrañas del surandino peruano, específicamente en Andahuaylas – Apurímac, extendiéndose rápidamente a Ayacucho, Cusco, Arequipa e Ica. Las organizaciones sociales y poblaciones de marcada composición campesina e indígena, comenzaron a desconocer el gobierno de Dina Boluarte y a exigir el cierre del Congreso. El Barrio Chino en Ica, una de las zonas donde se aplica el régimen laboral más explotador desarrolló bloqueos de carreteras, en el distrito arequipeño de Chala las movilizaciones convocaron a una mayoría de población de procedencia indígena y campesina que tuvieron que migrar a la costa en busca de trabajo.

En Andahuaylas – Apurímac las mujeres indígenas fueron de las primeras en levantarse y a organizar las ollas comunes para sostener la protesta popular. Comunidades, organizaciones barriales, mercados y frentes de defensa sostuvieron esta revuelta que rápidamente se extendió al Sur Andino. Las comunidades campesinas se movilizaron masivamente hacia las capitales de sus regiones, y para enero del 2023 se retomaron las protestas. Las comunidades incluso decidieron movilizarse hasta Lima, la capital del país, para hacer sentir su voz de protesta. Las demandas principales de estas movilizaciones giraron en torno a la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución, entre otras consignas.

Así también desde el inicio, la represión policial y militar con la que respondió el gobierno fue brutal y sanguinaria. La CIDH ha reconocido que se cometieron masacres, por la masividad del ataque y el uso indiscriminado de la fuerza. Según la Coordinadora Nacional de DDDHH, hasta la fecha se registran 49 personas asesinadas y un centenar de heridos por el uso ilegítimo de la fuerza estatal. A casi un año de los hechos, no existe ningún policía o militar sancionado por estos hechos. Pese a que el Estado desarrolló una política de persecución y detenciones arbitrarias, que incluyó el apresamiento de jóvenes campesinos por protestar en Cuyo Grande en Cusco o de trabajadores agrarios en Ica. Las vulneraciones y vejámenes de la población indígena movilizada fueron reiteradas, y en ella se reflejó el racismo y la indiferencia que le despensa la sociedad mayoritaria en las capitales de las regiones a los habitantes originarios provenientes de las comunidades.

A un año de estos hechos históricos y dolorosos para el pueblo, la situación política y económica empeora cada vez más. Especialmente el Congreso de la República ha consolidado su poder, junto a aliados como Patricia Benavides, que a pesar de las evidencias de corrupción solo ha sido suspendida del Ministerio Público. Los sectores autoritarios y el fujimorismo han logrado uno de sus principales objetivos: la liberación del ex dictador Alberto Fujimori, una acción facilitada por Dina Boluarte que sigue siendo útil a los intereses de las mafias y los grandes grupos económicos como ha quedado evidenciado en estos días.

Por su parte los gremios mineros, preocupados por garantizar sus inversiones han pedido que la crisis institucional no les perjudique. En consonancia Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola ya han anunciado el reimpulso de proyectos mineros, a pesar de que estos causarán aún mayor rechazo y conflictos sociales, tal como ha ocurrido con proyectos similares en las últimas décadas. En medio de esta grave crisis, el empresariado minero se sigue fortaleciendo y tantea el terreno para garantizar sus proyectos. Por ello han propuesto realizar una serie de reformas para garantizar sus inversiones a costa de la institucionalidad ambiental y en desmedro de los derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Sin duda, la reacción de las organizaciones impactadas por la minería no se va a hacer esperar, en las últimas semanas ya se han desarrollado masivas movilizaciones campesinas en defensa del agua como en Candarave- Tacna y en Lambayeque.

En síntesis, a un año del régimen de Boluarte y su alianza autoritaria es preciso manifestar que las agendas que propiciaron las masivas movilizaciones siguen más vigentes que nunca, y no se ha parado la descomposición institucional del Estado en todos sus ámbitos, ni se ha puesto freno a la impunidad policial y ni a la criminalización a los manifestantes, la corrupción y el blindaje de altas autoridades estatales. También sigue campando el racismo y la discriminación hacia las comunidades y los pueblos indígenas movilizados. Por otra parte, es evidente la complicidad de los empresarios y gremios mineros para aprovechar la crisis para expandir sus negocios, con lo que se arriesga la reactivación de los conflictos sociales en los territorios por tantas demandas insatisfechas. Por todo lo anterior y frente al deterioro de la democracia y por el respeto a los DDHH en nuestro país es tiempo de organizarnos y movilizarnos por un nuevo pacto social.

En el marco del 4.º Examen Periódico Universal (EPU) de China, el informe desarrolla una exhaustiva investigación que evidencia el incumplimiento de pactos y convenios internacionales de derechos humanos y ambientales en 28 proyectos en los sectores de minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, infraestructura, industria agroalimentaria y energía.

Julia Cuadros, de CooperAcción (Perú), en representación del CICDHA, intervino en la pre-sesión del EPU de China en la sede de la ONU en Ginebra el 29 de noviembre y destacó que “no es la primera vez que el CICDHA, canaliza estas preocupaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no obstante, pese a la existencia de recomendaciones en ciclos anteriores del EPU y varios Procedimientos Especiales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), los esfuerzos de China por implementar mecanismos para regular la conducta de sus empresas e instituciones financieras, todavía son insuficientes e inefectivas”.

Entre los hallazgos expuestos por el CICDHA, al menos en 20 casos se reportan abusos sobre derechos de pueblos indígenas y 16 carecen de procesos de consentimiento previo, libre e informado (CPLI).

De acuerdo a Jaime Palomino, Presidente del Pueblo Shuar Arutam (Ecuador), “el informe es una llamada de atención a la comunidad internacional y las entidades chinas sobre la necesidad de garantizar que las empresas y las entidades financieras estén obligadas a rendir cuentas de las violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina, particularmente, en casos donde no han logrado el consentimiento previo, libre e informado, como es el Proyecto minero San Carlos Panantza, en la Amazonía ecuatoriana”.

Es alarmante que todos los proyectos presentados en el informe evidencian afectaciones al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y 21 de ellos se encuentran en ecosistemas frágiles y estratégicos frente al cambio climático, como lo son la Amazonía y los Glaciares.

El secretario técnico del CICDHA, Marco Gandarillas, afirmó que las organizaciones instan a los gobiernos latinoamericanos a adherirse a la Resolución 76/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara el medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal, y a apoyar un multilateralismo ambiental más efectivo en el seno de las Naciones Unidas.

Además, el informe señala que la falta de mecanismos de supervisión ambiental y social de las entidades nacionales y chinas agrava los impactos negativos de las inversiones chinas en la región. Los casos muestran que la contaminación y degradación ambiental comprometen los medios de vida de las comunidades afectadas, el derecho a la salud y la soberanía alimentaria.

Jaime Borda, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui de Perú, ratificó que “ante la falta de transparencia y responsabilidad de las empresas chinas en cuanto a la información que ofrecen al público sobre sus proyectos, las organizaciones solicitan a los bancos y empresas chinas mejorar la cantidad y calidad de la información publican”.

Entre las principales recomendaciones presentadas por el CICDHA en su informe está que las empresas chinas involucradas en los 28 proyectos reportados implementen medidas urgentes de reparación y remediación integral de los impactos negativos infligidos a las comunidades afectadas e incorporen mecanismos de control para asegurar que tales impactos no se repitan, siguiendo los más altos estándares internacionales. Asimismo, el CICDHA demanda que las embajadas chinas se constituyan en canales formales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil de los países y las entidades chinas con el fin de que faciliten un diálogo oportuno sobre los conflictos ambientales y sociales que se generan en torno a los proyectos y se prevenga el escalamiento de los mismos.

La violencia y represión estatal es perpetrada por Dina Boluarte y sus aliados, la primera mujer en asumir la Presidencia del Perú, quien no nos representa, por el contrario, es una amenaza regresiva en cuanto a los derechos conquistados en intensas batallas políticas y sociales reivindicativas. Ahora en alianza con el Congreso de la República allanan el camino hacia el recorte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, así como en retrocesos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto al abordaje de la violencia de género.

Esta democracia ya no es democracia, ha sido una de las principales consignas y cantos de las organizaciones populares este año. Esto expresa la lucha de los pueblos marginados históricamente, en su mayoría mujeres, por una verdadera representación y participación política. La violencia y discriminación, además, las afecta de manera distinta y/o en un grado diferente por su condición de género, clase, etnia, entre otros factores interseccionales. El extractivismo minero, que atraviesa sus cuerpos y sus territorios, también ha ganado terreno, sobre todo ahora que vivimos en un régimen autoritario.

Dina Boluarte y Alberto Otárola han anunciado más expansión minera a costa de los derechos humanos y ambientales de los pueblos, sin importar los graves costos que nos trae este modelo minero sin límites. En 2020, el Ministerio de Salud reconoció que hay más de 10 millones de personas expuestas a contaminación por metales tóxicos, de las cuales la mayoría son niños y niñas. De ahí que las madres campesinas y de las poblaciones afectadas estén en la primera línea de la defensa del agua frente a la contaminación y el despojo territorial minero.

Este 25 de noviembre recordamos el brutal asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, que dio origen de este día conmemorativo.

Hoy, más que nunca, urge recuperar el sentido político de nuestra lucha, porque las mujeres del mundo y de Latinoamérica nos seguimos enfrentando a la violencia política y la violencia feminicida. Por ello, es importante reflexionar, debatir y replantear acciones organizadas que ayuden a debilitar y derribar a estos sistemas hegemónicos que en forma conjunta oprimen a las mujeres y les arranca la vida (110 feminicidios en lo que va de 2023).

Con más de 60 muertos producto de la represión policial durante las protestas sociales registradas a fines de 2022 y a inicios de 2023, y a casi 1 año de los crímenes de Dina Boluarte, las acciones colectivas por justicia y memoria son lideradas, de igual manera, por las mujeres y diversidades que resisten y aspiran a tener una Nueva Constitución, y así cambiar la historia de un país capturado por las élites de poder económico, las cuales no han logrado quitarnos el miedo ni la esperanza de un Perú con justicia y dignidad.