El autoproclamado jefe religioso hindú Nithyananda Paramashivam afirma ser el fundador de los Estados Unidos de Kailasa, en año del 2019. Kailasa estaría ubicado en América Latina, en unas islas cercanas al archipiélago de Galápagos en el Ecuador, según relata en un reportaje el medio inglés BBC. En el país, la revista Vistazo ha reportado también este hecho y al realizar una búsqueda rápida en internet con la frase «Kailasha Island Charitable Organisation», su ubicación aparece en la Isla Floreana. En su página web anuncian tener «108 ONGs reconocidas por las Naciones Unidas en 149 países».

A través de información extraoficial, fuentes del gobierno hindú que prefieren el anonimato, definen a este grupo como una “especie de micronación que quiere un país para los miembros de la religión Hindú, excluyendo a la gran mayoría de la población de la nacionalidad India, es decir, se trataría de una secta religiosa de derecha pro fascista”.

De acuerdo a la noticia de la BBC, el jefe religioso Paramashivam tiene antecedentes con la justicia de la India por acusaciones de violación y agresión sexual en los años 2010 y 2018. Así como por secuestrar y confinar a menores de edad en su monasterio en el estado de Gujarat al occidente del país. Hasta el momento no se sabe su paradero ni se han comprobado las acusaciones graves en su contra, pero vale mencionar que en un artículo de hace cuatro años hablan sobre la creación de su propio «banco» en base a criptomonedas.

Sin embargo, pese a las dudas de la existencia de este Estado, representantes diplomáticos de este grupo participaron en 2023 en dos eventos oficiales internacionales de las Naciones Unidas, llamando la atención a los mismos miembros de alto nivel y a países miembros participantes. En estas reuniones solicitaron el pare a la persecución a su gurú y a su estado. Más adelante, el 4 de julio del año en curso logran participar en el debate sobre la representación de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones, organizado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y días después fueron parte de la mesa de discusión sobre desarrollo sostenible organizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), agrega el medio internacional.

Estos hechos forzaron a que la ONU asegure que ignoró las declaraciones hechas por los representantes del país ficticio ante dos de sus instancias en Ginebra (Suiza). En efecto, en entrevista para la BBC de Londres, un funcionario de la ONU aseguró que la participación de los representantes de Kailasa fueron «irrelevantes» y «tangenciales» frente a los temas que se estaban discutiendo, según diera a conocer el portal internacional The News Minute.

Pero, si se trata de un Estado ficticio, ¿cómo se inscribieron e ingresaron a esta clase de eventos a los cuales les resulta tan complicado inscribirse a las organizaciones y colectivos de la sociedad civil y a los pueblos indígenas que buscan dar recomendaciones a los Estados miembro?  

A su presencia en estos eventos, se suma la firma de acuerdos con otros países. Así, Kailasa recurrió a instituciones de Paraguay donde tomaron contacto con Arnaldo Chamorro, ex jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con quien firmaron un convenio para establecer relaciones diplomáticas con el Estado paraguayo y para promover el reconocimiento de Kailasa ante las Naciones Unidas como nación independiente. Este convenio fue firmado en noviembre de 2023. Al conocerse esto, Chamorro fue destituido de su cargo, aunque mencionó que fue engañado por estas personas.

The News Minute, medio de la India, también reporta varios artículos sobre Kailasa y sus engaños en Camerún, África; Newark, ciudad del Estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos y Paraguay en América Latina. El gobierno de Camerún tras la noticia del supuesto acuerdo emitió un comunicado donde….   

“La República de Camerún ha pedido a los ciudadanos de su país que ignoren la existencia del “estado ficticio” de los Estados Unidos de Kailasa, fundado por el autoproclamado dios Nithyananda, acusado de violación. El ministro de Finanzas de Camerún, Louis Paul Motaze, emitió un comunicado de prensa donde informó a la Agencia de Noticias de Camerún a raíz de la circulación de un documento falsificado titulado «Tratado bilateral para el reconocimiento de la soberanía de los Estados Unidos de Kailasa», que según el ministro tiene como objetivo obligar a Camerún a «reconocer la existencia del Estado ficticio» y «aprobar la cesión de parcelas de terreno» en territorio nacional «por un importe de 3.500.000 euros». Kailasa, como parte de sus esfuerzos por establecer su propia “legitimidad”, ha recurrido durante los últimos meses a hacer afirmaciones de reconocimiento internacional y “relaciones bilaterales” con varios países extranjeros, varias de las cuales han sido desacreditadas posteriormente. A principios de marzo, la ciudad de Newark en Nueva Jersey (Estados Unidos) descartó un acuerdo de ciudad hermana con Kailasa, afirmando que el acuerdo se había alcanzado basándose en el engaño y, por lo tanto, era “infundado y nulo”. “Tan pronto como nos enteramos de las circunstancias que rodearon a Kailasa, la ciudad de Newark inmediatamente tomó medidas y rescindió el acuerdo de ciudades hermanas el 18 de enero”, dijo más tarde la secretaria de prensa de Newark, Susan Garofalo. Nithyananda afirmó haber establecido la “nación hindú” de Kailasa en 2020, meses después de huir de la India mientras era investigado en relación con un presunto caso de abuso infantil en su ashram de Gujarat. El Tribunal de Sesiones de Karnataka también emitió una orden de arresto contra él sin derecho a fianza en relación con acusaciones de violación”.

Tomado de The News Minute.https://www.thenewsminute.com/news/timeline-rise-fall-and-image-rehabilitation-rape-accused-godman-nithyananda-117086

¿Tratados bilaterales con nacionalidades indígenas?

El grupo religioso también buscó relacionarse con Ecuador. El 1 de marzo de este año, un grupo de monjes del Estado imaginario de Kailasa lograron participar en la IV Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente realizada en Kenia, donde mantuvieron un acercamiento y diálogo con la ministra del Medio Ambiente y Transición Ecológica MAATE, Sade Fritschi, reunión que la divulgo el mismo estado de Kailasa en su cuenta oficial de X.

Pero este no fue el primer encuentro del Estado ecuatoriano con Kailasa. Resulta que este grupo religioso está radicado desde el año 2019 en el Ecuador. Durante el gobierno de Lenin Moreno, pretendieron ingresar a los territorios de las nacionalidades indígenas ofreciendo convenios bilaterales o de conservación y cooperación, esto debido a que existe un gran interés de posicionar en la opinión pública su Estado imaginario en el territorio amazónico, ya que las nacionalidades indígenas cuentan con un gran territorio conservado y continuo.

Al respecto cabe citar un modelo de convenio donde claramente pretenden obligar a las comunidades a establecer acuerdos para el reconocimiento de su Estado, moneda, religión y la figura de su jefe o gurú, es decir que toda su estructura, como se puede apreciar en el siguiente borrador de convenio. En las siguientes imágenes se aprecia el modelo de convenio con organizaciones que prefirieron mantenerse anónimas, pero que muestra las claras intenciones de esta agrupación en buscar legitimidad desde los movimientos sociales y emprender cooperación con las mismas con objetivos que más allá de las palabras no están para nada claros y generan muchas sospechas entre las dirigencias territoriales, por lo que es un tema de debate al interno de las organizaciones.

Este es solo un ejemplo de los tantos intentos de acuerdos que Kailasa ha pretendido firmar desde el mes de junio con distintas comunidades amazónicas, siguiendo los mismos esquemas y formatos que utilizaron con funcionarios de Paraguay, Camerún y Estados Unidos, dentro de los cuales, buscan el siguiente párrafo da clara cuenta de sus verdaderas intenciones.

¡No es el único convenio si no que hay más!; existen acercamientos directos a varias comunidades de las distintas nacionalidades de la región rompiendo las estructuras organizacionales madres.

Hace varios días atrás se reportó que en los meses de junio y julio en Puyo, Pastaza, representantes de Kailasa lograron establecer contacto directo y hacer reuniones con las bases comunitarias de las nacionalidades Kichwa, Achuar y Waorani de la provincia de Pastaza. Más aún, según datos extraoficiales habría ya la firma de un convenio con una comunidad Kichwa ubicada a 35 min de vuelo en el interior de la selva, en el cual se concesionarían 1000 hectáreas de tierras a cambio de 7000 dólares por cada hectárea con un pago anual por mil años. Esta misma intención existiría con algunas comunidades Waorani. Lo extraño es que hay instituciones privadas y públicas como notarías y consorcios jurídicos avalando declaraciones juramentadas para cualquier acuerdo ficticio al que lleguen.

Varias fotografías a través de las redes sociales muestran reuniones entre representantes de este estado ficticio con comuneros de base, como varias imágenes que han sido captadas en diferentes oficinas de la ciudad de Puyo, entre miembros de Kailasa y comunidades amazónicas, varias de las cuales aseguraron haberlos recibido por cortesía ante una visita inesperada. Por temas de seguridad y para precautelar su integridad, muchos de ellos han preferido no ser mencionados o expuestos en este reportaje o que se divulguen imágenes de las reuniones señaladas.

Entonces caben varias interrogantes, ¿Es esto legal? ¿La ley ecuatoriana puede validar o legitimar estas intenciones? ¿Por qué existe silencio desde los representantes del Estado ecuatoriano ante hechos como estos que ya han sido denunciados?

¿Existe complicidad dentro del Estado ecuatoriano con este show imaginario? ¿O por qué no hay un comunicado oficial gubernamental aclarando estos hechos? Más aún, ¿cómo logran estos representantes acceder a una reunión con la ministra, mientras por otro lado, desde el gobierno los pueblos indígenas somos tildados desde el gobierno como desestabilizadores del Estado, terroristas militaristas o vinculados incluso con el narcotráfico, esto por luchar por los derechos colectivos y la autodeterminación como nacionalidades originarias?

Al parecer la proliferación de distintos organismos de cooperación, principalmente en la región amazónica ecuatoriana, tienen a la población confundida y ante la falta de un direccionamiento o control organizativo, los ofrecimientos de grupos como al que hacemos mención y el interés generalizado por la captación de recursos económicos internacionales tapiñados en el negocio de los fondos verdes o las finanzas climáticas, generan condiciones para una nueva ola neocolonizadora en la Amazonía, como es el claro ejemplo de Kailasa. En caso de darse paso a sus pretensiones, implicaría una ingenia cesión sobre nuestros derechos territoriales y la desarticulación de la unidad de lucha y defensa del mismo territorio, dejando a un lado nuestros propios principios del Sumak Allpa, Sumak Kawsay, el Sumak Ayllu y nuestro mismo derecho a la autodeterminación, ya que las necesidades que nos pone el capitalismo crece al interior de nuestras comunidades como la necesidad del dinero para vivir. Pero por ello no podemos caer en la desesperación y llegar a tener acuerdos con organizaciones o grupos sin conocer que tienen otros intereses más perversos.

Por ello es urgente que esta realidad sea puesta a discusión en nuestras organizaciones y se tomen decisiones frente a todos estos actores, externos que pretenden desarticularnos de nuestros procesos organizativos y de nuestros estilos de vida comunitaria. De igual manera urge elevar un llamado al gobierno ecuatoriano para que ponga un alto a este tipo de grupos y a sus intereses. También las organizaciones indígenas deben elevar su voz y denunciar esta clase de intromisiones ante este grupo religioso que pretende instaurarse en el Ecuador.

Las mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana, principalmente de la provincia de Pastaza, estamos alerta ante cualquier suceso que amenace a nuestros territorios y al interno de nuestras comunidades, surge una alta preocupación al sentimos vulnerables ante las pretensiones de la narcopolítica, la violencia estructural, el extractivismo, situación a la que se suma esta nueva amenaza neocolonial en mención.

Sin embargo, a pesar de presentar pruebas, testimonios y registros, y violando el derecho a la libre determinación de las comunidades, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), autorizó 12 años de explotación comercial de plata y oro en esta región a la Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense. Minera canadiense Fortuna Silver Mines. El permiso fue retirado por la misma autoridad medioambiental federal y está en litigio desde 2021.

Estas comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca no autorizan ni aprueban el proyecto minero de Fortuna Silver Mines.

Puede ver y compartir este documental, publicado en YouTube:

Esta empresa operó desde 1997 a través de un contrato ley en el cual no se dio una participación ciudadana, también con irregularidades del estudio de impacto ambiental.

En el 2018 la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo, en el cual declaraba también inconstitucional, sin embargo la empresa y gobierno central nunca cumplió con dicho fallo, la cual se convirtió en un desacato y quedó en acefalia.

La empresa Minera Panamá continuo exportando, explotando y operando en esta región del país,
específicamente en el corredor biológico mesoamericano, en donde también hay una rica biodiversidad y área protegida, así como una cultura comunitaria.

Este contrato minero 406 generó toda una movilización entre generaciones que no se veían desde el noriegato, en tiempo de la dictadura a finales de la década de los 80s. Una nueva lección se cumple en la vida de distintos panameños, en que la unidad y la lucha por la soberanía debe estar a la orden de una agenda colectiva a favor de las necesidades y soluciones de los problemas que tiene el país.

En el marco de esta lucha también, próximo a darse las elecciones en el 2024, el movimiento socioambiental y ciudadano han dejado bien claro que la partidocracia criolla en distintos momentos de gobierno no son de confiar, ni dar voto en la gobernabilidad ya que siempre se apropian de los bienes del Estado a favor de los negocios de los familiares vinculados al gobierno.

En una rueda de prensa el presidente de la república, Laurentino Cortizo manifestó que en las próximas horas espera la documentación formal de la Corte Suprema de Justicia para dar trámite y ser publicada en Gaceta Oficial el fallo de inconstitucionalidad. Igualmente la etapa de cierre de la empresa minera se dará en un procedimiento y tiempo en el cual lo estipula las normas del Estado panameño.

Por otro lado, los sectores indígenas ambientalistas de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, ciudadanos independientes siguen conmemorando, celebrando esta gran victoria del pueblo panameño de liberarse de un enclave colonial minero, la cual aspiran a una economía solidaria, ecológica y justa.

Declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

El propósito, también, es liberar un poco a las organizaciones y activistas de base de los medios sociales dominados por las corporaciones y caprichos de dueños millonarios de estos espacios en el extranjero.

Gracias a una donación de Swift Foundation, este sueño ahora se está convirtiendo en realidad.

Nuestro nuevo sitio web

El nuevo sitio web de Awasqa facilita:

• crear cuentas para personas usuarias y páginas personalizadas para organizaciones de base.
• subir notas y eventos al sitio web con mayor independencia, en base a privilegios de participación de las personas usuarias.
• la traducción de notas gracias una plataforma WPML para traductoras/es profesionales.
• nuevas formas de búsqueda de artículos por organización, autor, país y temas de interés.
• participación en un foro para compartir ideas y estrategias.

El rediseño también se hizo pensando en dar mayor visiblización al trabajo de las organizaciones y comunicadoras/es comunitarias/es, para facilitar el financiamiento de sus proyectos.

Estructura de Awasqa

Awasqa, con base en los EE.UU., tiene una estructura diferente. Después de dos años como proyecto piloto, hicimos una evaluación de cuánto necesitaríamos para administrar una ONG en los EE.UU. y descubrimos que esto hubiese requerido de un presupuesto, como mínimo, de cerca de ¡un millón de dólares! Nuestro pensamiento de inmediato fue, ¿cuántas estaciones de radio comunitarias se podrían construir en América Latina con un millón de dólares? (La respuesta es más de 50). Estructurada de esta manera, Awasqa así, era simplemente insostenible.

La idea detrás de Awasqa siempre fue romper barreras lingüísticas entre los pueblos del norte y del sur del continente, y dar a las organizaciones de base y comunicadoras/es de los pueblos originarios una mayor visibilización para que obtengan, directamente, su propio financiamiento.

Por lo tanto, durante el rediseño, con excepción del contrato con Common Knowledge, todo el personal pasó a ser voluntario. En los últimos seis meses, contratamos a una administradora en comunicación de una comunidad Kichwa en el Ecuador, para ayudar con esta transición. El propósito final y sueño compartido: hacer de Awasqa una herramienta para la justicia lingüística y comunicación participativa.

De esta manera nos hemos alejado de ser una ONG, como tal, lo que reducirá significativamente nuestros costos, para invertir nuestro limitado presupuesto en las traducciones culturalmente apropiadas por traductoras/es profesionales y el mínimo personal para mantener el flujo de comunicación y el desarrollo de nuetro sitio web.

Línea editorial y junta editorial

Parte intrínseca de Awasqa es hacer de esta plataforma un espacio seguro para la participación de las personas usuarias. Nuestra línea editorial está pensada en inspirar alternativas al pensamiento hegemónico y políticas extractivistas, y para evitar la posible apropiación de este espacio por agentes ajenos a nuestros propósitos.

Nuestra junta editorial será un espacio de personas de confianza, de organizaciones de base con mucha experiencia, para la toma de decisiones de contenidos y demás, según sea necesario.

En este sentido, les invitamos a unirse a nosotrxs, para juntxs crear en Awasqa una red comunicacional, fortalecer nuestra voz colectiva y que permita tejer historias y luchas sociales en todo el continente.

Proyecto minero San José. Informe sobre violación de derechos humanos en comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula. Oaxaca

Resumen Ejecutivo

Este informe evalúa el impacto en los derechos humanos de la instalación del proyecto minero “San José” y “San José II” pertenecientes a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. – filial de Fortuna Silver Mines (FSM) – en las comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula en los Valles Centrales de Oaxaca.

El presente informe es el resultado de más de una década de organización y defensa comunitaria en los Valles Centrales de Oaxaca, frente a la imposición del proyecto minero “San Jose” de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.

La defensa del territorio y la exigencia de respeto al derecho a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano han sido una labor titánica para las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, de cara a los intereses económicos de la empresa canadiense, quien tiene concesionadas 80 mil hectáreas de los Valles Centrales desde 2002.

Los objetivos del presente informe son:

a) Evidenciar los impactos en los derechos humanos producidos por el proyecto minero “San José” y su expansión “San José II” en comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca;

b) Construir argumentos jurídicos, principalmente de derecho colectivo para el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas;

c) Interpelar al Estado mexicano sobre la importancia del respeto de los derechos indígenas frente a proyectos de inversión privada.

Para ello, en el informe se profundiza en las Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos Basadas en la Comunidad (COBHRA), metodología construida para hacer efectivos los derechos colectivos de comunidades frente a proyectos de inversión.

Se evidencian las grandes desigualdades y pobreza existentes entre el sector minero y las comunidades afectadas en el país, y se describen las dimensiones ambiental, social y financiera de “San José” y su expansión “San José II” a partir de información proporcionada por el Estado mexicano y la empresa minera.

Se describe la organización de las comunidades, las principales acciones de defensa, así como las implicaciones y afectaciones que ha generado el proyecto “San José”.

Un análisis de impacto en los derechos humanos contrasta las principales legislaciones y convenios ratificados por el Estado mexicano frente a los hechos denunciados por las comunidades afectadas.

Finalmente, se hace un llamado urgente y enérgico al gobierno canadiense y mexicano para cancelar el proyecto “San José” y regular la industria minera.

A 10 años de los asesinatos de Bernardo Mendez y Bernardo Vasquez, continuamos exigiendo:

!Justicia para San José del Progreso!

!Justicia para las comunidades afectadas por proyectos mineros!

!Cancelación del proyecto minero San José!

El informe Proyecto minero San José. Informe sobre violación de derechos humanos en comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula. 

Oaxaca es una publicación de Cambiemosla ya, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Union de Organizaciones de la Sierra Juarez de Oaxaca, UNOSJO S.C.

FUENTE: http://aidesep.org.pe/node/13825, y la versión en inglés aquí.

Pronunciamiento: Los pueblos indígenas amazónicos rechazamos el racismo del Tribunal Constitucional que desconoce el derecho a la Consulta y el Convenio 169 de la OIT

Ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Expediente 03066-2019-PA/TC, mediante la cual desconoce su propia jurisprudencia sin mayor fundamento jurídico y de hecho que dos líneas de lo que parece una mera opinión, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus 9 organizaciones regionales –CORPIAA, FENAMAD, ORPIAN-P, ORAU, ORPIO, CODEPISAM, CORPI-SL, ARPI-SC y COMARU–, manifestamos:

1. Nuestro total rechazo a mencionada sentencia del Tribunal Constitucional, por considerar que “el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido en la Constitución ya sea en forma expresa o tácita, por lo que no cabe reclamar respecto de él tutela a través del proceso de amparo, ya que no es un derecho fundamental”, y que el mismo “emana del Convenio 169, el cual no le otorga el carácter de derecho fundamental, por lo que no puede inferirse que se trate de un derecho de tal dimensión y menos que tenga rango constitucional”.
2. Con ello, el Tribunal Constitucional pretende despojar a los pueblos indígenas de una herramienta fundamental en el acceso a la justicia para la defensa de nuestros derechos, como es el proceso de amparo, no solo respecto del derecho a la consulta, sino de todos aquellas que el Convenio 169 de la OIT contempla, como el derecho al territorio, al consentimiento, a la libre determinación, a la educación y salud intercultural, etc.
3. Además, a 200 años de la República, es indignante que el máximo intérprete de la Constitución persista en pronunciamientos que solo visibilizan el racismo contra los pueblos indígenas, al desconocer un derecho tan fundamental como el derecho de la consulta y consentimiento previo, libre e informada, que es el mecanismo de diálogo básico para revertir por fin siglos de colonialismo que persisten hasta el día de hoy, y que es los que va a garantizar que no se nos siga imponiendo modelos de desarrollo, como si fuéramos incapaces de decidir nuestras propias prioridades de desarrollo, con autonomía y libre determinación.
4. Este racismo se ve traducido ya por las leyes, que hacen un trato diferenciado entre territorios indígenas y su población –ubicados principalmente en zonas calificadas como rurales por el Estado–, y las zonas urbanas, sobre las cuales la Ley Nº 27015 prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras metálicas y no metálicas. Esta situación solo se ve agravada cuando se pretende desconocer el derecho a la consulta previa, por el Tribunal Constitucional y por cualquier otra entidad del Estado. Este racismo es insostenible en cualquier Estado de Derecho.
5. La memoria a nuestros hermanos víctimas del Baguazo, cuya lucha fue la defensa del derecho a la consulta y el territorio, no será manchada con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Por ello:

• Exigimos la inmediata rectificación del Tribunal Constitucional, aclarando que el derecho a la consulta y los demás derechos contemplados en el Convenio 169 de OIT tiene rango constitucional, y son derechos fundamentales cuya aplicación todo funcionario del Estado está obligado a garantizar.
• Exigimos al Presidente de la República Pedro Castillo y a la Viceministra de Interculturalidad pronunciarse de inmediato en contra de la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y, desde el Ejecutivo, adoptar las medidas que sea necesarias a fin de revisar y modificar toda la normativa contraria al Convenio 169 de la OIT, a fin de garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de todo acto que pueda afectar a los pueblos indígenas.

Awasqa: Carlos, cuéntanos cuál es la situación que está viviendo en este momento el Paraguay con un presidente ligado al agronegocio, y con leyes que generan conflictos sociales.

Carlos: Maiteí (saludo en Guaraní), saludos cordiales, aquí tomando un tereré, el tereré es la bebida tradicional en nuestro país. El tereré es la bebida que nos acompaña a los paraguayos.

A tu pregunta concreta, es así, digamos este gobierno, presidido por el señor Mario Abdó Beítez, hijo de quién fuera el secretario privado de Alfredo Stroessner, partiendo ya de ahí, ya la audiencia, el público en general puede tener una idea de quién y qué clase de persona estamos hablando como presidente de la República en mi país. Una persona ligada al Stronismo, que fue lo mas malo que pudo suceder al Paraguay en materia de gobernantes, por lo que la dictadura dejó secuelas muy negativas, con gencidio, con atropellos, con gentes exiliadas, en fin. 

Este presidente que tenemos es hijo de esa dictadura, un hombre que nunca supo -porque cuando era niño y adolescente él vivía en Miami-, de las reales necesidades de los y las paraguayas en estos tiempos.

En su gobierno, se ha aumentado el tema del extractivismo, a través del agronegocio, nosotros tenemos cultivos de soja, eso genera y provoca conflictos sociales, para las comunidades campesinas e indígenas. La ley Riera-Zavala es una modificación de un artículo del Código Penal que aumenta las penas carcelarias a las personas que luchan y buscan tener tierras donde puedan vivir dignamente; y en esa lucha se hacen esas resistencias. 

A partir de esa modificación se eleva a 10 años la pena privativa (de la libertad, o cárcel), y eso genera y provoca la criminalización de estas resistencias ciudadanas, legítimas por cierto.

Por ejemplo, cuando la dictadura, en una investigación llevada a cabo por la Comisión Verdad y Justicia, determinaron que bajo el gobierno del General Alfredo Stroessner, se otorgaron alrededor de 8 millones de hectáreas, destinadas a gente no sujeta a la Reforma Agraria, es decir a militares a sus esposas, amantes, entonces son tierras malhabidas, que deben ser recuperadas por el estado paraguayo y destinadas naturalmente a lo que tiene que ser, digamos a campesinos, campesinas que no tienen tierra. 

En Paraguay tenemos alrededor de 300 mil familias que no acceden a un pedazo de tierra. Tenemos 12 mil propietarios que acaparan más de 30 millones de hectáreas en nuestro país. La extensión territorial de Paraguay es de 40.6 millones de héctareas, de ellas, más de 30 millones están en manos de esas 12 mil personas, en contrapartida tenemos más de 300 mil personas que no acceden a un pedazo de tierra, eso provoca un conflicto social bastante grave, que no es nuevo en Paraguay, puesto que esta distribución inequitativa  y desigual de la riqueza la estamos atravesando desde la dictadura.

Hoy día se agudiza con el gobierno de Mario Abdó Benítez, porque vale mencionar que él está de la mano del que fuera también ex-presidente de la República Horacio Cartes. 

Si bien en los discursos, aparentemente están confrontados, pero en la práctica, este ex-presidente maneja todos los resortes del estado, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes que consta de 80 parlamentarios, más de la mitad, unos 50 responden directamente al ex-presidente de la República con su bancada de «Honor Colorado», entonces eso da la pauta a reconocer que el gobierno de Abdó Benítez está muy sometido a este empresario poderoso Horacio Cartes, sobre quién pesan denuncia de supuestos hechos de lavado de dinero, de investigaciones que se han hecho a nivel internacional, a él se lo vincula mucho con el contrabando de cigarrillos, él es un empresario tabacalero, que no goza de buena reputación, él es el que prácticamente maneja los resortes del estado.

En estas circunstancias el panorama no es nada alentador en este 2021 que se han agudizado los desalojos en menos de un mes, tenemos casi una decena de desalojos forzosos, y eso provoca alrededor de más de 20 mil personas desplazadas forzosamente de sus lugares, y eso es una constante, con eso estamos terminando este 2021.

Hace poco la iglesia paraguaya, desde los altares -nosotros tenemos la fiesta Mariana a la Virgen de Caacupé- y ahí desde los altares, los obispos manifestaron su preocupación y dieron a conocer cartas exhortando a que se derogue esa ley, la denominada Zalava-Riera. Zavala es un ganadero, Riera es ganadero también. Ambos son parlamentarios, Zavala supuestamente es un parlamentario de la oposición, pero responde al sistema, y Henrique Riera del Partido Colorado (de Stroessner). A esto hay que sumar la crisis sanitaria con el COVID-19, que sigue teniendo sus secuelas, y que hasta hoy no podemos recuperarnos de nuestras actividades económicas. 

La situación social es bastante preocupante y ante estos momentos difíciles, los sectores sociales, los sectores campesinos e indígenas están tratando de buscar una unidad de acción. El pasado 10 de diciembre en el día Universal de la Declaración de los Derechos Humanos hubieron manifestaciones importantes, marchas multitudinarias en las calles de Asunción, en contraposición a estas condiciones de atropellos contra las comunidades indígenas con desalojos y violaciones a sus derechos. Ahora están proyectando esa unidad, de cara al 2022, tal vez en el primer trimestre, van a llevar a cabo otras movilizaciones en esa misma línea, para ver si se logra esa unidad social que anhelamos. Esa es la única manera de ir contraponiendose a éstos poderes fácticos que manejan los resortes del estado.

Awasqa: El 2.5% de los propietarios concentra el 85% de la tierra productiva, ese nivel de inequidad tiene que ver con una visión colonialista del país y del mundo. Ésta ley se está orientando a ser aplicada en contra de comunidades y pueblos indígenas, que tienen sus tierras ancestrales y que probablemente no tienen títulos de propiedad, porque tienen propiedad y posesión de la tierra por cientos de años. Cuéntanos qué está sucediendo ahí, por favor.

Carlos: Estos terratenientes anteponen la propiedad privada como una cuestión absoluta, no tienen en cuenta la ancestralidad de las tierras. Los indígenas, antes que el Paraguay se constituyera como estado, ya estaban habitando este territorio. Naturalmente ellos son los legítimos dueños del territorio grande llamado Paraguay. Ahí entra la batalla de lo que se denomina la ancestralidad, hay documentos que determinan aquello, y nosotros en la constitución de 1992 se reconoce justamente esta situación, de que los indígenas estaban anteriores al estado paraguayo. 

Esa mirada histórica, -es que éstos terratenientes y hay que sumarle fiscales, y jueces que ordenan los desalojos de las comunidades indígenas- son cómplices de esa situación tremenda de injusticia que pasan los compatriotas, los indígenas actualmente en Paraguay. Hay una superposición de títulos. En el informe final de la Comisión Verdad y Justicia, cuando dio el resultado, se resaltó que en el Paraguay cuando se habla de propiedades de tierra, hay una superposición de las 40.6 millones de hectáreas que corresponden al territorio paraguayo, en los títulos dicen que estamos por los 50 millones de hectáreas. Entonces hay una superposición de títulos, y ahí comienza la responsabilidad del estado para que se puedan normalizar o regularizar las propiedades en Paraguay.

Pero ante esta realidad de la riqueza mal distribuida en Paraguay es en detrimento de la gente pobre, la gente que pasa hambre, que pasa necesidades, la gente que sus necesidades básicas no son satisfechas y donde el estado está ausente. Ante esta realidad, es lo que genera estas reacciones de la ciudadanía, que desemboca en situaciones de inequidad, porque no hay voluntad política de las autoridades por resolver los problemas. Este gobierno de Mario Abdó Benítez en vez de apuntalar una política pública que beneficie y favorezca a todos por igual, apuntala al agronegocio, a la economía de mercado, a las mafias que rodean su entorno, y esa cúpula es la que se sigue beneficiándose históricamente de todos los beneficios que da el estado. 

El presupuesto general de gastos de la nación lleva, en un gran porcentaje, lo que se denomina «la patria contratista”. La patria contratista son estas empresas cerealeras, farmacéuticas que ganan licitaciones muchas veces amañadas, para llevarse tajadas a su favor. Entonces este gobierno es cómplice de esta situación de inequidad, que a lo largo de su mandato no ha tenido resultado alguno para favorecer a los sectores que más necesitan que el estado esté presente con sus instituciones en sus comunidades, en sus casas. Estamos, en ese sentido, desamparados.

Hace poco estuvimos en la frontera con Bolivia, alrededor de 700 km de distancia de Asunción, ahí hay comunidades indígenas, y ahí tan solo 80 km de caminos de tierra. El estado paraguayo es incapaz de mantener al día esos 80 km de caminos de tierra, para que sea un camino de todo tiempo, para que las comunidades que transitan por esas calles puedan tener acceso a salud, educación, vivienda, electrificación. Si el camino no está en condiciones, es imposible llegar a destino. Este gobierno es incapaz de atender mínimamente ese tramo carretero, eso nos da una idea de cómo es su interés en resolver estas cosas: Triste y desentonado, como se dice aquí. 

Awasqa: ¿Cuál es la reacción de la sociedad civil en respuesta a los desalojos de miles de personas en medio de la crisis sanitaria producto de la pandemia, que está dejando literalmente en la calle y el desamparo a poblaciones enteras?

Carlos: La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, CODEHUPY, en el marco de la pandemia y viendo todos estos atropellos y abusos a las comunidades campesinas e indígenas objetos de desalojo, ha interpuesto recursos para que no se lleven adelante estos desalojos mientras dure la pandemia. Pero ahí surgió justamente esta ley Riera-Zavala y los parlamentarios en muy corto tiempo aprobaron y el presidente de la República ya promulgó esa normativa, desoyendo los reclamos de sectores sociales en ese aspecto.

Valdría la pena mencionar la reacción de la iglesia católica en torno a estos abusos, por lo menos una parte de la iglesia católica, una parte de la jerarquía, la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay CONFERPAR, emitió un pronunciamiento fuertísimo contra el gobierno nacional, exhortando a que se deje de lado los intereses de los ricos, y que se defienda a los pobres, La Conferencia Eposicopal Paraguaya, en esa misma línea, dio a conocer una carta. Algunos obispos emitieron opiniones al respecto. Me parece interesante esa reacción, porque la iglesia católica paraguaya ha venido a lo largo de los tiempos, ha venido muy de la mano con el gobierno Horacio Carte, con este mismo gobierno de Mario Abdó Benítez. Hoy día, aparentemente se van rompiendo esos lazos. Es interesante porque es una fuerza grande, y donde hay mucha esperanza de que puedan tal vez torcer la balanza hacia la justicia.

Es relevante en este último momento del 2021, destacar esta reacción de una parte de la iglesia católica, en torno a  nuestra realidad.

Otro asunto a destacar como un signo positivo, es que hay una fuerza social grande, en este momento, en proyección. Eso es relevante en un país como el Paraguay donde no tenemos experiencias significativas, más que lo que fue el Marzo Paraguayo, donde salieron las gentes a la calles a expresarse masivamente contra la desigualdad y la injusticia. Hoy día pareciera ser que nos vamos encaminando hacia ahí. Vamos a ver qué nos depara el 2022, nosotros tenemos desafíos muy importantes, por ejemplo en la región con el Brasil, la difusión de Itaipú nacional, las negociaciones en torno a la tarifa de la energía eléctrica, la  Itaipú nacional es un recurso hídrico muy importante para el Paraguay, y si ese recurso es bien utilizado, la suma de dinero que genere esa energía bien podría destinarse a los programas y planes sociales del gobierno. En esa línea, me parece interesante esa cuestión de las movilizaciones ciudadanas, que apuntan hacia ese diálogo y hacia esa acción política fuerte, para hacerse sentir ante las injusticias.

Andrés Tapia: Participamos como parte de la estructura regional de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), como parte de los nueve países representados en la cuenca amazónica, por eso como organización regional pudimos participar en la COP26. Fue una participación importante, porque hubo una articulación orgánica entre las representaciones de los nueve países, junto a la dirigencia de la COICA, como una acción planificada y previamente coordinada, y de incidencia conjunta entre toda la escritura. Hubo mucho interés de los estados que anuncian fondos para la conservación y para pueblos indígenas. 

Awasqa: ¿Cuál fue el perfil de la participación de ustedes en la COP26? 

Andrés Tapia: Nosotros no fuimos parte de las negociaciones de los estados. Tuvimos una agenda de incidencia, en eventos paralelos, ahí hicimos pronunciamientos, posicionamientos y planteamos la exigencia de que se cumplan los compromisos pactados. Muchas de las cosas requieren de más presión. Tendríamos que evaluar la COP 26 más en detalle, hubo muchos anuncios y ofertas, pero eso no garantiza que haya un pronto cumplimiento de los compromisos ambientales. Nosotros creemos que aún hay que evaluar. 

Muchos sectores han dicho que no hay resultados favorables, sobre todo en los compromisos de disminución de emisiones de carbono. Yo creo que hay que hacer una evaluación profunda. Nosotros tuvimos una participación positiva, pero nosotros no ponemos las manos en el fuego por los estados, cuando hemos visto a lo largo de todos estos años han hecho muchos ofrecimientos y no han cumplido.

Nosotros fuimos parte de las distintas acciones que se dieron. En la marcha del clima del 6 de noviembre, fue una marcha masiva, de cerca de 100 mil personas, además de la marcha, hubo una serie de acciones de incidencia, protestas, y ruedas de prensa. Lo más importante para nosotros fue la articulación entre las organizaciones indígenas y sociales. Hubo una participación muy fuerte de organizaciones indígenas de varios continentes, la participación de la sociedad civil europea y de otras partes del mundo, creo que eso fue lo más destacado, logramos desarrollar una agenda conjunta de incidencia, que ya es un avance importante. 

El compromiso más importante es que logramos una articulación que va más allá de lo coyuntural, o de la COP26 en torno a la justicia climática. Un posicionamiento fuerte de las organizaciones indígenas provocó los anuncios de los estados, veremos si cumplen. Lo que ahora sí hay es un reconocimiento implícito de que las comunidades indígenas estamos aportando al equilibrio planetario y ayudamos a detener el cambio climático. Creo que ahora ya hay un reconocimiento tácito del rol que las organizaciones indígenas están cumpliendo. 

Awasqa: Hay un esfuerzo sistemático de los estados nacionales por romper el sistema de contrapesos creado por la sociedad civil a través de las organizaciones de protección al medio ambiente, comunidades originarias, pueblos y nacionalidades. En esta ofensiva hay una obstaculización de los financiamientos a las organizaciones, ataques e inclumplimientos de los compromisos internacionales.

Andrés Tapia: Nosotros conocemos de cerca lo que pasa en nuestro países, en el caso de latinoamérica, las organizaciones hemos sido muy enfáticos en denunciar el doble discurso de los estados. Por ejemplo el estado ecuatoriano, aprovechó el espacio para, de alguna manera, limpiar su imagen, o reverdecer su imagen. Pero sabemos que más allá de lo que anuncian, muchas cosas no son coherentes en la práctica. 

Por ejemplo decía, el gobierno de Ecuador, que anunció la creación de una reserva marina en las Islas Galápagos, que es una cuestión que por supuesto es importante. Al mismo tiempo, denunciamos en la COP26 que el mismo gobierno está auspiciando la ampliación de la frontera extractiva, a través de dos decretos, 95 y 151, que lo que hacen es ampliar la frontera petrolera. Estamos hablando de un doble estándar, en el que tratan de mostrar una imagen amigable con el ambiente a través de la creación de la reserva marina, pero por otro lado buscas afianzar el extractivismo con decretos petroleros y mineros que amplían la frontera, y que por supuesto van a impedir que se cumplan con los objetivos climáticos. Todo lo contrario, van a agudizar la deforestación y las emisiones de carbono. Nosotros cumplimos el rol de ser una veeduría constante a los anuncios, a las agendas gubernamentales.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

• See COICA’s “Amazon for Life” initiative
• See Cuencas Sagradas and the 2030 Bioregional Plan 
• CONFENIAE and Lanceros Digitales

FUENTE: https://confeniae.net/2021/boletin-informativo-pueblos-indigenas-exhortan-a-los-gobiernos-en-la-cop-26-accion-urgente-para-proteger-la-amazonia-como-medida-de-emergencia-ante-la-crisis-climatica

Pueblos indígenas exhortan a los gobiernos en la COP26 acción urgente para proteger la amazonía como medida de emergencia ante la crisis climática.

En el inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), líderes y lideresas indígenas levantan sus voces para informar al mundo que la Amazonía ha llegado al punto de no retorno.  Advierten que los marcos vigentes para la mitigación del cambio climático han sido insuficientes para frenar la destrucción del bosque tropical más extenso del planeta. Frente a este escenario, proponen acciones para proteger la cuenca y los pueblos que habitan en ella, como medida urgente ante la crisis climática planetaria.

Varias investigaciones (RAISG 2020, FAO-FILAC 2021, WWF 2021, UICN 2021, entre otros) reconocen el rol fundamental de los pueblos indígenas en la conservación de la naturaleza.  Por lo tanto, la garantía de sus derechos representa una estrategia vital para detener los daños ambientales que incrementan el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de nuevas pandemias.  Los pueblos indígenas con el conocimiento que mantiene a la Amazonía viva, deben ser integrados dentro de los planes de los Estados para activar estrategias contra la crisis climática.  Un planeta sin Amazonía es inviable.

La investigación realizada por la coalición de la Iniciativa “Amazonía por la vida: protejamos 80% al 2025” liderada por la COICA, establece que el 72% de la Amazonía aún contiene sitios con una funcionalidad y representatividad ecológica muy alta. Estas áreas anidan 203 millones de hectáreas de bosques primarios.  Es necesaria la protección inmediata de estas áreas a la vez que es imprescindible restaurar al menos el 8% de la Amazonía para crear conectividad en el 72% antes mencionado.

Ya en territorio, la integridad de los ecosistemas depende de acciones mancomunadas e integrales.  Fany Kuiru, Coordinadora de Mujer y Familia de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, expresó que “es imprescindible reconocer la contribución fundamental de las mujeres originarias en la gestión, la restauración, reforestación y cuidado de los territorios, para mantener las selvas en pie y mantener estable el ecosistema amazónico. Las mujeres estamos apoyando a nuestras organizaciones para preservar nuestros saberes y conocimientos ancestrales con las nuevas generaciones, garantizando nuestra pervivencia biocultural y la de toda la Amazonía”.

Necesitamos que los gobiernos, las empresas y sociedad civil se comprometan a cuidar la selva. Más aún, que en esta COP 26 las soluciones tomen en cuenta a los pueblos indígenas, porque somos quienes hemos conservado los territorios.  Sin los pueblos indígenas no se van a lograr los Acuerdos de París ni los Objetivos del Desarrollo. No es posible que se decida sin consultar a quienes hemos sido vulnerados por la destrucción de estos territorios. Los líderes reunidos en esta COP no pueden presumir un éxito que deje fuera a los pueblos indígenas. Sería inaceptable, y un fracaso para la humanidad”, agregó Mirabal.

Desde el 1 al 12 de Noviembre, participarán de esta conferencia mundial los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Confeniae así como delegados de varias organizaciones de la región amazónica para incidir y posicionar ante la opinión pública los desafíos y debates centrales de la agenda por una justicia social, climática y ambiental, ya que se necesita el compromiso real y concreto de los estados miembros para disminuir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 8 años a fin de disminuir en 1,5 grados el calentamiento global a nivel planetario, de acuerdo a las últimas cifras y estos dos a nivel mundial. Este compromiso ambiental ya lo venimos cumpliendo los pueblos originarios siendo una tarea inminente para los gobiernos el asumir con seriedad y responsabilidad esta meta climática ante el claro punto de no retorno en el cual nos encontramos.

¿Quién pone las reglas en las cumbre climáticas? ¿Cómo se definen las representaciones? ¿Qué peso tienen las delegaciones? Gracias a un análisis del listado de participantes, difundido por las organizaciones Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory (CEO), Glasgow Calls Out Polluters y Global Witness ahora sabemos que en la Cumbre de la COP 26, la delegación más numerosa fue el cabildeo de fósiles de carbono. Con un total de 503 integrantes, representantes de las corporaciones de combustibles fósiles y empresas asociadas tuvieron acreditación y acceso a todos los eventos: los mismos responsables de la destrucción del planeta y la contaminación global.

Según el informe publicado ayer, el número de delegados del cabildeo extractivista exceden el número de delegados de ocho de los países más afectados por la crisis climática: Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, Mozambique, Bahamas, Bangladesh y Pakistán. Los 503 delegados representan a más de 100 compañías extractivas y 30 asociaciones comerciales. Hay el doble de delegados de este cabildeo que el número de delegados indígenas.

Los llamados “líderes” del mundo reunidos en la Cumbre Climática muestran a la prensa su preocupación por la crisis que vive la humanidad toda, hablan sobre los compromisos que sus países estarían dispuestos a asumir para remediar o paliar los efectos del efecto invernadero, mientras impulsan políticas públicas que benefician a empresas extractivistas. 

Pero, por fortuna, la sociedad civil global ya no espera pasivamente por soluciones gubernamentales para resolver el problema que ya viven los países empobrecidos que aunque no son responsables de la mayoría de emisiones globales de carbono, siguen siendo expoliados por los poderes responsables de la contaminación global.

Los pueblos originarios y decenas de miles de activistas climáticos, de todas las edades se han desplazado a Glasgow para no solamente ser testigos, sino para demandar ser incluídos en los debates, porque los gobiernos no escuchan a sus ciudadanos, no atienden las preocupaciones ni las soluciones al desastre climático que vivimos. 

Gracias a ellos, hoy sabemos que la propaganda sobre la inclusión de opiniones de los pueblos indígenas, por ejemplo, ha sido una farsa, y que les han ofrecido asientos cómodos en salones privados,donde son libres de ver las sesiones de la Cumbre por televisión. Mientras que los cabilderos extractivistas conviven con los presidentes, hablan con ellos, y les aconsejan con dinero, siempre con dinero.

Sabemos que han permitido que un selecto grupo de jóvenes ambientalistas den discursos en la ceremonia de inauguración, pero no se les permitió participar en los debates. Que, como ocurre en todos los países, los llamados líderes mundiales no se enteraron de las movilizaciones en las calles, porque se encontraban aislados, como siempre, en la burbuja que se crea para que, precisamente, no se enteren de esas cosas molestas.

Y ahora sabemos, además, que a pesar de los esfuerzos institucionales por parte de algunos organismos de Naciones Unidas, que han tratado de regular las reglas sobre un Conflicto de Intereses para participar en estos eventos, el cabildeo extractivista tiene espacio para manipular los acuerdos, poniendo al mercado por sobre los derechos humanos y de la Naturaleza. Los países representantes de casi el 70% de la población global han presentado en diversas ocasiones intentos de limitar (la primera fue en 2017, y la segunda en 2018), regular, normar y prohibir la participación de los representantes de las industrias extractivas en las cumbre climáticas, pero sin resultados.

Mientras los líderes mundiales de los países determinantes, que no son otra cosa que hombres de negocios metidos a políticos, sean los únicos que decidan nuestro futuro como humanidad, seguiremos observando una mano extendida sobre la mesa y la otra bajo la mesa recibiendo cheques de la industria extractiva de combustibles fósiles para que todo siga igual.

Ahora más que nunca debemos defender a los defensores del planeta y celebrar sus logros y osadía. Activistas como los que integran la Coalición del COP26,con más de 250 organizaciones integrantes a nivel local e internacional, quienes han liderado protestas, conferencias y están ofreciendo soluciones inclusivas, integradoras y desafiantes que nos llenan de esperanza.

Representantes de los pueblos indígenas siguen luchando para que sus voces y perspectivas hacia una solución para la crisis climática sean incluidos en las negociaciones del COP26. Organizaciones civiles y de medio ambiente han denunciado que los gobiernos y grandes corporaciones los han dejado por fuera de algunas de las decisiones más importantes, como lo es el mercado de carbono y el financiamiento a los países para programas de adaptación. A continuación compartimos algunas de las declaraciones hechas por varias organizaciones indígenas de la cuenca Amazónica:

Sin nosotros, no habrá solución para la humanidad

La Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira lanzó una declaración el 5 de noviembre en el que resalta el papel estratégico que juegan los pueblos originarios en defender el planeta. «Sin nuestros territorios, no hay garantía para la supervivencia de todas las especies que habitan el planeta,» escriben, en particular por la falta de programas reales de conservación para la Amazonía. «Somos los protectores del Bosque, y conocemos las prioridades y urgencias para evitar su destrucción.»

El conocimiento ancestral de los pueblos de sus territorios los posiciona para una óptima administración de suelos, bosques y soluciones comunitarias al cambio climático. Denuncian pretenciones «verdes» de políticos y corporaciones mientras que la explotación depredadora de la Amazonía continúa. Esto incluye a gobernadores de Acre, Mato Grosso, Pará y Rondônia que están presentes en Glasgow con discursos ambientalistas mientras «rinden homenaja» a la minería transnacional por sobre los derechos de los pueblos.

«Reafirmamos que nuestra lucha es por la vida. ¡Y el planeta, para enfrentar la crisis climática, nos necesita a nosotros, pueblos indígenas!»

El financiamiento climático debe ser canalizado de manera directa a los pueblos indígenas

De igual manera, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) lanzó una propuesta que incluye cinco metas claves para la acción climática. Como meta principal resalatan que la distribución del financiamiento debe ser distribuido directamente a las comunidades y organizaciones indígenas para alcanzar metas climáticas reales. «Es urgente implementar acciones eficientes para garantizar el financiamiento directo al territorio y evitar que la deforestación y degradación en nuestra Amazonía se incremente,» dijo Tabea Casique de la COICA, particularmente si se toma en consideración que tan solo 1% al 5% de los fondos climáticos ingresan a las comunidades con la mayor responsabilidad de salvaguardar el planeta.

Jorge Pérez, presidente de la AIDESEP en Perú explicó que la mayoría de fondos son destinados a los gobiernos de turno y no llegan a aquellas comunidades con mayor conocimiento en los territorios y que podrían tener mayor impacto.

También exigen se garantice un cese de violencia contra defensores y defensoras indígenas. «En los últimos cuatro años, del 2017 al 2020, se han registrado 1,268 asesinatos a nivel global, siendo el año 2020 el que registra mayor número de asesinatos con 331 casos. Es decir que, en este periodo de 4 años, el 26% de los casos se dieron en el primer año de pandemia por la COVID-19 y pese a la existencia de restricciones de movilización general,» explican.

Una de las cinco metas también incluye una mayor participación de las mujeres defensoras de la cuenca Amazónica en la toma de decisiones a nivel internacional.

Las mujeres amazónicas somos una sola con nuestras selvas, por ello hemos sido y seguiremos siendo las guardianas de la selva amazónica

En una carta escrita conjunatmente por representantes de múltiples organizaciones durante la Cumbre de Mujeres Originarias de la Cuenca Amazónica, éstas exigen mayores garantías para la participación de las mujeres indígenas no sólo en el COP26 sino en otros espacios. «Sentimos que nuestra voz colectiva no se encuentra representada en los espacios de toma de decisiones. No poseemos cupos específicos para participar en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC [Conferencia de las Partes de la ONU], celebrada anualmente, ni facilidades para asistir; carecemos de visibilidad y no poseemos fondos para financiar nuestras iniciativas que contribuyen a la conservación y protección de la Amazonía.»

Las participantes de la Cumbre exigen que se reconozca el papel fundamental que las mujeres indígenas juegan en la gestión, la restauración, reforestación y cuidado de los territorios. Que se deben apoyar los esfuerzos de economías propias tomando en cuenta «modelos de buen vivir y sustento de la vida colectiva en torno a la autonomía alimentaria, la diversidad de cultivos propios y técnicas de procesamiento ancestrales.»

Delimitación, demarcación y titulación de territorios

La titulación de los territorios es una preocupación permanente para todos los pueblos en zonas de riesgo para garantizar no solamente la buena administración de los mismos sino también para evitar la invasión ilegal de «terceros ajenos en territorios indígenas. Esto siempre con la coordinación y consentimiento de las autoridades indígenas que aquellas comunidades que se vean afectadas.»

En su campaña, Demarcación Ya!, la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) explica en un pronunciamiento que «un tercio de las tierras indígenas y comunitarias en 64 países están amenazadas por la falta de demarcación (derechos de tenencia de la Tierra)» y que sus derechos de tenencia colectiva deben ser respetados. La falta de reconocimiento pone en mayor peligro a los pueblos indígenas y a su forma de vida.

«La Tierra Indígena es garantía de futuro para toda la humanidad. Nuestra relación con el territorio no es de propiedad, explotación, expropiación o apropiación, sino de respeto y gestión de un bien común, que sirve a toda la humanidad como polos para contener las dinámicas extractivas que provocan la crisis climática…los Pueblos Indígenas somos los principales responsables de la preservación de los biomas del planeta,» escribieron en un boletín de Octubre en preparación para la convención en Glasgow.