Bolivia: Organizaciones indígenas y de campesinos rechazan la politización de sus movimientos, reagrupan fuerzas
En comunicados públicos, varias organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia han replanteado su estrategia para convocar a los movimientos sociales, ambientalistas e indígenas, que yacían fraccionados tras varios años de participación política en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Evo Morales, para resistir las políticas extractivistas del antiguo y actual gobierno.
Después de autoproclamarse presidenta de la república, con biblia en mano, Jeanine Áñez entró al protagonismo político a partir de una crisis que dejaría al país convulsionado y a Evo Morales exiliado. El mundo conoció del golpe de estado en un rápida sucesión de eventos, marcado por protestas, amenazas, amotinamientos policiales, violencia, militarización, represión, renuncias, vacío de poder y la interrupción súbita de la presidencia de Evo que oficialmente tendría que haber ejercido hasta el 21 de enero del 2020.
A pesar del golpe de estado, sin embargo, el partido del MAS legitimó la presidencia de Jeanine Áñez para agilizar una ley y convocar a nuevas elecciones en menos de cinco meses. Esto ocurrió no sin serias divisiones al interior del partido. Bajo esa ley, Evo Morales no podrá participar en dichas elecciones, pero fue elegido por su partido como jefe de campaña, según el Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, en un comunicado del 7 de diciembre.
La derecha entiende perfectamente que los siguientes meses serán máxima oportunidad para cimentar, de manera vertiginosa―al estilo doctrina del shock― cualquier poder adquirido bajo el gobierno de Evo y revertir los avances del movimiento indígena y campesino.
La derecha entiende perfectamente que los siguientes meses serán máxima oportunidad para cimentar, de manera vertiginosa―al estilo doctrina del shock― cualquier poder adquirido bajo el gobierno de Evo y revertir los avances del movimiento indígena y campesino. Desde insertar la biblia y la iglesia católica como protagonistas del gobierno, pasando por medidas racistas como prohibir que los empleados públicos utilicen prendas indígenas, la profanación de la whipala, hasta la contínua represión documentada por organizaciones de derechos humanos, todos son signos de una agenda neocolonial. Entre las más graves, cabe recalcar el Decreto 4078 que otorga impunidad a todo personal de las fuerzas armadas en actos de “defensa de la sociedad y el orden público”, así como la creación de un grupo “antiterrorista” (GAT) para “desarticular acciones subversivas”.
El gobierno de transición está aprovechando el momento político para consolidar muchos de los acuerdos que el mismo gobierno de Evo Morales había iniciado, con empresas transnacionales para megaproyectos. Organizaciones sociales están denunciando la privatización de instituciones mientras cargos políticos y liderazgos se reparten entre grandes empresarios, particularmente entre los grandes agroexportadores, que habían logrado ya importantes pactos públicos-privados con el gobierno anterior y promueven el monocultivo de soya, entre otros.
Los Movimientos Indígenas y de Campesinos Se Reagrupan Para Luchar Contra el Extractivismo y Políticas Racistas
Los movimientos indígenas y campesinos, críticos de las políticas extractivistas de Evo, están trabajando para reconciliar divisiones creadas lamentablemente por la politización de los movimientos bajo el gobierno de Evo, que buscaba crear lealtad a su partido, más que apoyar liderazgos y propuestas multidimensionales. La crisis actual, por lo tanto, les está abriendo puertas para analizar desafíos y futuras acciones.
El 4 de diciembre, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) en representación de 16 diferentes naciones (Suyus) indígenas, hizo una convocatoria para el 20 de diciembre con el objetivo de crear “la Unidad y la Independencia Política” para fortalecer su liderazgo central. Después de años de divisiones, lograron retomar el local del cual habían sido desalojados en el 2013, por orden del gobierno de Evo, prohibiendo a representantes del MAS participar en la reunión del 20.
De igual forma, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Chaco y Amazonía (CIDOB), representando 34 pueblos y nacionalidades indígenas, en un comunicado el 5 de diciembre anunció la suspensión de las funciones de Pedro Gonzalo Vare como presidente de la organización, por “promover la división del directorio CIDOB…y de dividir a los pueblos de las Regionales.” La CIDOB ya a partir del 2012 habría denunciado estar sufriendo serias divisiones al interior de su organización, impulsadas por el gobierno de Evo para promover la carretera del TIPNIS. Ya en ese entonces Pedro Gonzalo Vare habría ganado protagonismo al ser expulsado por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) por haberse prestado a la “estrategia de división, chantaje y amedrentamiento.”
Tanto CIDOB como CONAMAQ hicieron públicas sus advertencias de que la persecución de dirigencias indígenas críticas a las políticas de Evo en relación al TIPNIS, la liberación del uso de los transgénicos, la explotación de recursos naturales, en particular la minería, en territorios indígenas, entre otros, estaba minando y dividiendo a los movimientos.
Adicionalmente, en una conferencia de prensa del 29 de noviembre, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), dio a conocer su gran preocupación y se declaró en emergencia por la continuidad de políticas extractivistas contra las que habían estado luchando bajo el gobierno de Evo. En un comunicado exigen que se paralice y suspenda todo proyecto en áreas protegidas y territorios indígenas que violen sus derechos y actúen de forma depredadora en el medio ambiente. La CONTIOCAP no reconoce el golpe de estado, «porque no hubo intervención militar» y acusan a Evo y la comunidad internacional de distorcionar la realidad vivida en Bolivia.
Mientras tanto, la organización Bartolina Sisa, representando al movimiento de mujeres indígenas en nueve departamentos del país, también se pronunció en Estado de Emergencia, en defensa de los derechos humanos y están buscando reevaluar la situación, llamando a la unidad en contra del golpe de estado. Bartolina Sisa logró que las mujeres aymaras consigan importantes protagonismos a nivel estatal durante el gobierno de Evo Morales y han tradicionalmente apoyado el “Proceso de Cambio”. Por lo tanto, ellas resaltanla necesidad de proteger los cambios logrados en los últimos 14 años, en particular la evolución política intercultural de los pueblos, reconociendo que la súbita exclusión de las instituciones estatales están poniendo una extrema presión en su organización.
La crisis política en Bolivia ha mermado a los movimientos sociales e indígenas pero ahora, más que nunca, necesitan de nuestro apoyo, particularmente si se desea promover una democracia participativa que sobreviva más allá e, incluso, por encima de la política y los resultados electorales. Está por verse si la crisis climática logrará converger todos sus esfuerzos en una visión común.
(Compartimos a continuación documento con los 3 comunicados oficiales.)
Bolivia-declaraciones
