FUENTE: Peace Brigades International, traducido al español con permiso por Awasqa.
Sleydo’, defensora de los territorios Wet’suwet’en, se ha referido al Community-Industry Response Group (C-IRG) como un grupo especializado de la Policía Montada Real de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) que se ocupa específicamente de la industria y defensores indígenas de los territorios.
Oficiales del C-IRG han sido desplegados contra defensores de los territorios y protectores del agua que se oponen al ducto de gas por fracking de Coastal GasLink en el territorio de Wet’suwet’en y se oponen al oleoducto de arenas bituminosas Trans Mountain en el territorio de Secwepemc.
También han sido desplegados contra defensores que se oponen a la tala de bosques longevos en Fairy Creek, territorio Pacheedaht y Ditidaht; a la represa hidroeléctrica Site C en tierras del Tratado 8; y a una piscinas industrial que ponen en peligro al salmón salvaje en las aguas de Musgamagw Dzawada’enuxw y Kwikwasutinuxw Haxwamis.
Hasta el día de hoy, RCMP ha efectuado 79 arrestos en el territorio Wet’suwet’en, como parte de la lucha por la defensa de la tierra contra Coastal GasLink. Tras su arresto por parte de oficiales del C-IRG el noviembre pasado, Sleydo’ destacó la necesidad de abolir las facultades del RCMP y el C-IRG.
En Colombia, existen batallones de seguridad de la infraestructura minero-energética.
Hace varios años, War Resisters’ International destacó lo siguiente: “La proliferación [de batallones] está ligada a la política de atraer inversión extranjera de corporaciones multinacionales para la implementación de políticas extractivas neoliberales.”
Esas corporaciones multinacionales incluyen a compañías canadienses.
El artículo explica, además que “varios de estos batallones están ubicados dentro de los predios de las empresas o de las minas, como es el caso del Batallón Militar 15, ubicado desde octubre de 2011 dentro de los campos petroleros de la transnacional Pacific Rubiales, en Puerto Gaitán, donde la empresa también les provee con vehículos y combustible.”
En 2017, Pacific Exploration & Production Corporation se cambió de nombre a Frontera Energy Corporation, con sede en Calgary.
Frontera continúa operando en Colombia y en noviembre de 2018 firmó dos convenios con el Ministerio de Defensa por un total de $1’343,106 de dólares para asegurar la protección de sus actividades por el ejército. Días después de la firma de esos contratos, en una operación policial y militar, ocho líderes en San Luis de Palenque fueron arrestados, quienes habían estado protestando contra el impacto ambiental y a la comunidad de las operaciones de Frontera.
En diciembre de 2019, el relator especial de la ONU Michel Forst, expresó preocupación sobre la “conexión aparente” entre Frontera y la 16a Brigada del ejército.
Al menos desde el 1993, la 16a Brigada ha estado “encargada de defender a las operaciones de perforación petrolera” y “asignada específicamente para proteger las instalaciones petroleras de BP.”
El artículo de WRI también señala: “Otro caso significativo está relacionado con el apoyo del ejército para Muriel Mining Corporation en el norte del Chocó, dónde brindó apoyo a las actividades de la empresa, a pesar de una consulta previa fraudulenta.”
En enero del 2009, Muriel inició la explotación de la montaña sagrada Jaikatuma del pueblo Embera, al parecer bajo escolta de helicópteros del ejército colombiano.
Si bien hubo un fallo judicial que finalmente detuvo aquella exploración minera, existe la preocupación de que MCC Mining Corporation, con sede en Vancouver, ahora esté buscando explotar el área.
En octubre de 2021, esta carta abierta de ocho organizaciones con sede en España y Asturias (una comunidad autónoma en el noroeste de España) declaró, “Sabemos que la Minera Cobre SAS y por extensión la canadiense MCC Mining Corporation, son herederas de la militarización y del terror desatado en beneficio de la Muriel Mining Corporation.”
Existen otros ejemplos. Este informe de la organización Germanwatch, con sede en Bonn y en Berlín señala que (citando a Ivan Cepeda) el Batallón No. 8 está estacionado dentro de las instalaciones de Gran Colombia Gold (con sede en Toronto) en Colombia.
A principios de enero, la revista Briarpatch Magazine publicó un artículo de Molly Murphy para Research for the Front Lines titulado: “El C-IRG: el mejor aliado de la industria de extracción de recursos.” Los autores buscan arrojar más luz acerca de las operaciones del C-IRG.
Este octubre pasado, en un intento similar, nosotros publicamos el artículo “RCMP Community-Industry Response Group (C-IRG) fue desplegado contra de los defensores de los territorios indígenas.” Nosotros estuvimos presentes en el territorio Wet’suwet’en noviembre de 2021, e intentamos documentar en el siguiente artículo el papel que tuvo el C-IRG en aquella redada: “¿El grupo RCMP organizó la redada Wet’suwet’en en el campamento Coastal GasLink?”
También estamos tratando de comprender mejor la relación entre las corporaciones canadienses y los batallones de energía, minería y transporte en Colombia.