FUENTE: Esta es una traducción al español del artículo, «Texas, Big Oil Lawyers Target Native Children in a Bid to End Tribal Sovereignty» publicado por Lakota People´s Law Project. Se espera que la Corte Suprema decida en los próximos días de tomar o no este caso.

Si la Corte Suprema anula la Ley de Protección de Menores Indígenas (ICWA, por sus siglas en inglés), las familias indígenas, los derechos mineros y la autodeterminación pronto se convertirán en daños colaterales.
Resumen de la amenaza
Si la Corte Suprema anula la Ley de Protección de Menores Indígenas (ICWA), una ley federal que mantiene unidos a los niños y niñas indígenas con familias indígenas, la soberanía de los pueblos podría desaparecer en los EEUU. Si los jueces fallan a favor de los demandantes en el caso de Brackeen vs. Haaland, volveríamos a vivir los genocidios de antes de 1978, cuando los menores indígenas eran apartados legalmente de sus familias, cultura e identidades.
Es muy importante que todo el mundo actúe de inmediato. Antes de empezar su día, firme nuestra petición en la que solicitamos al Presidente Biden y al Departamento de Justicia que defiendan con todas sus fuerzas la ICWA, a la Secretaria Haaland y la soberanía indígena.
En este caso histórico, los Brackeen, una pareja blanca que adoptó a un niño Diné en Texas, quiere anular la ICWA alegando racismo inverso. Los estados de Texas, Ohio, Louisiana e Indiana se unieron a la causa como co-demandantes. Les representa pro bono Gibson Dunn, un despacho de abogados muy importante que también tiene como clientes a dos empresas petroleras, Energy Transfer y Enbridge. Estas empresas son las responsables de los oleoductos Dakota Access y Line 3. Esta demanda es un nuevo intento de las fuerzas a favor de los combustibles fósiles para eliminar la fiscalización federal de políticas estatales racistas. Con esto, pretenden continuar con el genocidio de hace siglos de la población Nativoamericana y enriquecer todavía más a los magnates energéticos, especuladores de los casinos y a la abogacía de los combustibles fósiles. Esta historia puede ser difícil de creer, pero es totalmente cierta.
Puntos importantes a tener en cuenta
Los abogados de las grandes petroleras, de Texas y otros tres estados con muy pocos habitantes indígenas están atacando a la Ley de Protección de Menores Indígenas (ICWA).
El procurador general de Texas ha solicitado a la Corte Suprema declarar a la ICWA inconstitucional.
Los demandantes alegan que las afiliaciones a nacionalidades indígenas deben considerarse como designaciones raciales y no políticas [político-territoriales].
La anulación de la ICWA podría ser la primera pieza de dominó legal en caer de un ataque más amplio a los derechos y la soberanía de los pueblos.
La Ley de Protección de Menores Indígenas protege a los menores indígenas, su cultura y su soberanía
La Ley de Protección de Menores Indígenas (ICWA) es la ley federal que prioriza el cuidado de menores indígenas por familias indígenas. Esto es fundamental para mantener sus conexiones culturales, sus lazos y costumbres familiares que perduran después de miles de años. La ICWA fue aprobada en 1978 con el objetivo de frenar las políticas genocidas promulgadas por Estados Unidos y Canadá durante más de un siglo. Entre ellas había políticas como la reclusión de menores indígenas en internados de asimilación forzada (boarding schools).
Estas escuelas eran instituciones crueles diseñadas para promulgar el genocidio. Separaban a los niños y niñas de sus identidades culturales y cortaban los lazos con sus familias y comunidades. Miles de menores indígenas y de las Primeras Naciones murieron en estas escuelas, donde los abusos físicos, mentales y sexuales eran habituales. Después de la época de los internados, durante el Sixties Scoop [allanamientos de los años sesenta], era común que los trabajadores de bienestar infantil secuestraran a menores indígenas para darlos en adopción a familias blancas cristianas. Esta situación duró hasta después de 1960, cuando finalmente se aprobó la ICWA para proteger a los menores indígenas y mantenerlos junto a sus familiares.
En la actualidad, el estado de Texas, entre otros demandantes, ha demandado al gobierno federal con la intención de anular la ICWA. Si los demandantes son victoriosos, este caso anulará la ley federal que prioriza que los menores indígenas permanezcan bajo el cuidado de familias indígenas. Pero eso no es lo peor. Este caso también abrirá la puerta a la destrucción de la soberanía de los pueblos indígenas en Estados Unidos.
El caso Brackeen vs. Haaland está programado para discutirse en la Corte Suprema de tinte conservador dentro de poco, en caso de que los jueces aceptaran hacerlo. En concreto, el caso nombra como acusada a la Secretaria de Interior de EEUU Deb Haaland, una mujer del Pueblo Laguna y la primera persona indígena en la historia de EEUU en tener un puesto de secretaria del gabinete presidencial.
Los demandantes alegan racismo contra la gente blanca y que la ICWA viola la Cláusula sobre Protección Igualitaria de EEUU. Las naciones indígenas, apoyadas por una resolución anterior de la Corte Suprema, afirman que ser Nativoamericano no es una designación racial, sino política.
Este caso supone un gran peligro inminente para los pueblos Nativoamericanos de todo los EEUU, si la Corte Suprema acepta el alegato de los demandantes de que las designaciones de nacionalidades indígenas no podrán prefigurar en casos de custodia de menores, las designaciones “nativo” e “indígena [Indian]” podrían desaparecer por completo. Ese veredicto haría que la ICWA fuera la primera pieza de dominó en la erosión o completa eliminación de los derechos indígenas en los únicos territorios que los indígenas norteamericanos han conocido.
El codirector de Lakota Law y el abogado principal, Chase Iron Eyes, analiza el ataque de Brackeen v. Haaland contra ICWA y la soberanía tribal en un episodio reciente de Cut to the Chase.
Un bufete de abogados de las grandes petroleras ataca a la Ley de Protección de Menores Indígenas pro bono
No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que abogados poderosos y cercanos a la industria de los combustibles fósiles utilicen como peones a los menores indígenas en su juego para acabar con esta ley federal, llenar sus bolsillos de los magnates del petróleo y promulgar un nuevo genocidio contra los primeros habitantes del continente Americano.
«Si la Corte Suprema acepta los argumentos jurídicos de los demandantes, se abrirá la veda para todo; desde los ingresos de los casinos hasta las designaciones de nacionalidad indígenas, de gobiernos y reservaciones indígenas,» dijo Chase Iron Eyes, codirector y abogado principal del proyecto Lakota People’s Law. «No es casualidad que los demandantes estén siendo representados por Gibson Dunn, precisamente el mismo despacho de abogados que representa a nuestros adversarios, los conglomerados de combustibles fósiles Energy Transfer Partners y Enbridge. Estas dos empresas son las responsables de los oleoductos Dakota Access y Line 3. Para estos abogados el caso no tiene que ver con los menores indígenas, sino sobre el genocidio a los pueblos nativos penado a nivel nacional. Somos una molestia para ellos y siguen intentando ‘matar al indio’, lo mismo que ha hecho la política federal desde que se fundaron los Estados Unidos».
Aunque el nombre de Gibson Dunn no sea muy conocido, este bufete de abogados es uno de los más poderosos del mundo. En lugar de ofrecer sus servicios pro bono en casos de custodia de niños y niñas, como hicieron en este caso, suelen representar a clientes de grandes empresas como Chevron, Shell, Amazon y Walmart. También son famosos por su estrategia de tierra arrasada en los litigios. Cabe destacar que más o menos al mismo tiempo que el bufete se sumó a la causa de los Brackeen, el procurador general de Texas intervino. Es como hacer que el gobernador del estado intervenga en una disputa en un aula de kínder.
«Lo que ocurrió en Standing Rock preocupó a la industria petrolera,» informó Rebecca Nagle, de la Nación Cherokee, en su podcast This Land. «Un estudio estimó que la resistencia indígena costó 7500 millones de dólares al oleoducto Dakota Access. También alentó a más movimientos contra otros oleoductos. Los líderes del sector, entre ellos los grupos de presión que representan a clientes de Gibson Dunn, han hablado abiertamente sobre por qué hay que poner fin a estas protestas lideradas por personas indígenas. Gibson Dunn presentó el caso de los Brackeen ante la corte federal siete meses después de que se disolviera el campamento de resistencia en Dakota del Norte.” En la segunda temporada de This Land se destaca aún más la dinámica de la historia y las conexiones sórdidas entre el ataque a la ICWA y, en última instancia, a la soberanía indígena. Esto ocurre a causa de la resistencia de las comunidades nativas a las grandes petroleras.
Los hechos del caso Brackeen vs. Haaland
“La Ley de Protección de Menores Indígenas es un mecanismo exitoso para proteger las culturas indígenas, ya que otorga a los gobiernos nativos la última palabra en cuanto a si menores permanecen dentro del cuidado de parentesco indígena,” dijo Iron Eyes. «El motivo de la creación del proyecto Lakota People’s Law fue por la necesidad de defender legalmente a las familias indígenas. Nuestro objetivo original era evitar que el estado se lleve a los niños y niñas lakotas de sus hogares. Para el 2011, Lakota Law estaba ya trabajando activamente tanto con las naciones como con el gobierno federal para intervenir y detener violaciones contra la ICWA en los estados [de North y South] Dakota. Ahora en 2021 hemos visto avances, pero no lo suficiente. Es demasiado común que haya demandas interpuestas por partes no indígenas cuando las naciones se ven involucradas en casos de custodia de menores”.
En el caso Brackeen vs. Haaland, un niño Navajo vivía con sus abuelos, quienes le querían y lo cuidaron durante el primer año de su vida. Pero debido a los problemas de abuso de sustancias de sus padres, los Servicios de Protección Infantil intervinieron y lo llevaron con los Brackeen como hogar temporal de acogida. Los Brackeen son una pareja blanca y cristiana que vive en Texas. Al cabo de un par de meses, poco después de la caducidad de los derechos de los padres, la Nación Navajo encontró una familia navajo en Nuevo México dispuesta a adoptar al niño.
Los Brackeen respondieron contratando a un abogado de familia para que presentara una demanda no federal para mantener al niño en su casa. Su moción (en la que escribieron mal la palabra Navajo constantemente) fue denegada el 22 de agosto de 2017. Seis días después, Gibson Dunn empezó a presentar mociones en nombre de los Brackeen. Este plazo es un dato importante, ya que normalmente la decisión de ofrecer representación legal es un proceso mucho más largo. Además, la mayoría de bufetes de abogados no tendrían los medios suficientes para redactar este tipo de recurso de forma tan rápida. Pero Gibson Dunn lo hizo, y además se ofreció a representar a los Brackeen pro bono.
Gibson Dunn tiene fama de hacer el trabajo sucio para grandes empresas. Como se ha mencionado anteriormente y se ha detallado en This Land, este bufete no es conocido por resolver demandas, sino por sus prácticas de tierra quemada. Y ahora están utilizando ese mismo enfoque en una batalla por la custodia de un niño de dos años. Al mismo tiempo que los Brackeen luchaban por la custodia en la corte estatal, Gibson Dunn les ayudó a presentar otra demanda ante la corte federal, Brackeen vs. Haaland.
Gibson Dunn también alertó al procurador general (PG) de Texas. Como resultado, el PG de Texas acudió ante la corte con un objetivo: solicitó al juez que declarara inconstitucional la ICWA. Se debe tener en cuenta que este es un tribunal menor de jurisdicción para familias. La oficina del PG del estado no suele participar en casos a este nivel, a menos que hayan llegado a nivel de apelación estatal.
Después de eso, el procurador general de Texas envió una misiva a otros procuradores estatales republicanos para conocer su interés en unirse a la causa. Los PG de Indiana, Ohio y Luisiana dieron su visto bueno y se unieron a la demanda. Cabe destacar que la población indígena en estos cuatro estados representa menos del 1 por ciento en todos los Estados Unidos. Ohio tiene cero. Mientras tanto, otros 26 estados que precisamente albergan el 94 % de las naciones indígenas de los Estados Unidos han expresado su oposición a esta demanda.
Estas estadísticas indican que los estados que han tenido más éxito a la hora de promulgar el genocidio contra los Nativoamericanos y en negarse a la creación de naciones soberanas dentro de sus territorios indígenas están liderando de nuevo este ataque para romper las estructuras familiares indígenas. No tienen el menor interés en apoyar una ley que mantenga a los niños y niñas indígenas con familias indígenas.
El equipo del podcast de This Land hizo solicitudes mediante la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que revelaron el escaso compromiso de estos estados con la ICWA. Por ejemplo, Louisiana lleva alrededor de 10.000 casos de adopción al año en cortes de litigio familiar. En el 2020, solo 32 de estos casos fueron de la ICWA. Las peticiones a la FOIA también descubrieron que estos estados ni siquiera seguían los consejos de sus propios departamentos de bienestar infantil. De hecho, estos departamentos reconocen a la ICWA como una excelente ley. Por el contrario, estos PG están en contacto constante con abogados contrarios a la ICWA, a quienes suelen pedir asesoramiento, supervisión y aportaciones.
El proceso legal
El caso de los Brackeen empezó en la sala del Juez Red O’Connor, un juez que preside una de las cortes del distrito del 5to Circuito de Texas. Según la Associated Press (AP), O’Connor es el juez de confianza al que recurren a menudo los conservadores. Tiempo atrás, emitió sentencias que declararon inconstitucionales la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, los baños transgénero en las escuelas, el permiso de paternidad para progenitores LGBTQ y la ley de amparo para menors indocumentados o DACA, por sus siglas en inglés. Más de la mitad de las demandas presentadas por el PG de Texas contra leyes federales han aterrizado en su corte.
Y ahora Gibson Dunn cuenta con una ayuda legal profesional adicional: Paul Clement, un abogado que ataca con frecuencia las leyes indígenas en las cortes superiores del país. Además, Clement ayudó a disolver la reservación del Pueblo Mashpee en 2020, y a pesar de ser conocido por cobrar 1000 dólares por hora, Clement también ha estado trabajando pro bono en este caso.
La rescisión de su estatus en el caso Mashpee fue daño colateral en su intento de abrir un casino privado. Los pueblos indígenas controlan la mitad de los ingresos de los casinos en Estados Unidos. Y aunque los pueblos solo poseen un 2 por ciento de las tierras de todo el país, en ellas se halla un tercio de los recursos de combustibles fósiles del país (principalmente de carbón, gas natural y petróleo). La valoración total estimada de todos estos recursos ronda por los 1,5 billones de dólares. Si consiguen quitarles a los pueblos sus territorios y control de los casinos, los beneficios potenciales para la industria privada serán descomunales.
Y aunque este caso a primera vista parece una batalla para beneficio de los niños y niñas durante un proceso tan desgarrador como la adopción, hay mucho más que se esconde por detrás. Los menores indígenas se han convertido en peones en un juego de ajedrez colonial. Los abogados cercanos a las grandes petroleras están intentado que la ICWA sea la primera pieza de dominó en la estrategia de promulgar derechos estatales [por encima de federales]. Si esto ocurre, la soberanía de los pueblos podría ser completamente destruida y llevaría a que la industria de los combustibles fósiles se apropien de sus tierras y continúen con la destrucción extractiva.
Es muy probable que estén utilizando la ICWA para que los millonarios y multimillonarios ganen ventaja y obtengan lo que desean de verdad: controlar los combustibles fósiles en los territorios indígenas y los casinos. La ICWA, junto a los menores y familias que esta ley protege, serán un daño colateral tal y como sucedió con los Mashpee.
Puede que esto sorprenda o incomode al lector. Hay tanta información por descubrir que simplemente no cabe en esta publicación. Pero se puede encontrar más detalles mediante el podcast de This Land. El reportaje de Nagle es escalofriante. En el mismo relata cómo la extrema derecha está utilizando a niñas y niñas nativos para atacar a las naciones Nativoamericanas y promover así su agenda conservadora. Esta información es posible gracias a este periodismo de investigación de alto nivel.
Debemos actuar ya
«Los que ya están comprometidos con los movimientos en contra de los oleoductos deben saber que esta lucha no es diferente de la de Standing Rock contra el oleoducto Dakota Access o en Minnesota contra el de Line 3,» dijo el codirector y consejero principal de Lakota Law, Chase Iron Eyes. «Es el mismo enemigo pero esta vez usando una técnica diferente para envenenar al planeta. Es muy posible que quien esté detrás de esto sean las grandes petroleras. Esto significa que el peligro puede ser aún mayor. La Madre Tierra, sus aguas y su vientre sagrado no son las únicas víctimas. Ni tampoco las mujeres indígenas y las familias que están en primera línea ante la epidemia de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. Ni siquiera los niños y niñas que protege la ICWA. Estamos hablando de la posible destrucción de todas las leyes indígenas, la toma de todos los territorios indígenas y la eliminación de toda la soberanía indígena. Parece que esta vez las grandes petroleras y sus aliados están utilizando a los menores como misiles humanos y a las cortes como plataforma de lanzamiento para cumplir con su agenda destructiva. Y por supuesto, todo lo hacen en nombre de los beneficios corporativos”.
Firme esta solicitud al presidente Biden y al Departamento de Justicia para que defiendan con todas sus fuerzas a los niños y niñas indígenas y a sus familias, la Ley de Protección de Menores Indígenas y a la secretaria Haaland. Las consecuencias de un fracaso podrían significar el fin de todos los progresos que los pueblos indígenas de este país han conseguido después de siglos de opresión y genocidio.