El Estado Nacional en Canadá ha emprendido un camino sin retorno, ejemplar, duro, lleno de pesar, pero plétorico de esperanza, incluso para la humanidad toda. Institucionalmente se dio paso a la creación de una comisión de la verdad para realizar una Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas. No es el primer esfuerzo continental por arribar a clarificaciones históricas sobre crímenes del pasado, en los que un Estado Nacional ha estado involucrado. Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay han intentado ejercicios similares, referidos primariamente a los sucesos derivados de la guerra sucia en dichos países. Derivar las conclusiones de los informes nacionales de dichas comisiones hacia procesos que cumplan con el mandato de Naciones Unidas sobre la construcción de la verdad histórica (Construcción de la Verdad, Impartición de Justicia—con sanciones a los responsables—Reparación del Daño y Garantía de la No Repetición), ha sido una de las principales fallas en la efectividad de dichas comisiones.
En los países que primero siguieron esta senda, las vinculaciones personales de los comisionados, los fuertes lazos institucionales de dependencia del gobierno en turno, así como la sólida presencia de los presuntos responsables de los crímenes del pasado—en diversa medida—en las esferas gubernamentales, fueron obstáculos insalvables para alcanzar procesos de arribo a la verdad histórica, la impartición de justicia y la reconciliación nacional. El Estado Nación terminó supeditado a la voluntad de los gobiernos en turno.
En este nuevo ejercicio canadiense, en cambio, existen ejes diferentes y distinciones notables: 3 de los 4 comisionados son parte de las Primeras Naciones (poblaciones indígenas) del Canadá. Como parte necesaria de la investigación, hicieron una derivación explícita hacia “Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas y gente Dos Espíritus LGBTQQIA” reconociendo el prejuicio primario que actuó históricamente contra esos fragmentos vulnerabilizados de la población.
La comisión reconoce valores intrínsecos en el curso de la investigación, así como graves prejuicios raciales, colonialismo, la cristinaización forzada, la discriminación y violencia de género, así como hace un reconocimiento expreso a cierta intencionalidad genocida—eliminación de un grupo o nación, con fines de extinción—, en la sistematicidad de la violencia ejercida contra niñas, mujeres, Dos Espíritus y personas de las Primeras Naciones, Inuit y Métis. Reconoce el trauma histórico, multi-generacional e intergeneracional, el proceso de marginación económica y social, la falta de voluntad política de los gobiernos en solucionar lo anterior, así cómo una sistématica e intencional omisión de la experiencia y asistencia de las mujeres y personas Dos Espíritus LGBTQQIA. El informe define la violencia estructural, como producto de un todo generalizado, una relación social entre personas blancas y personas de las Primeras Naciones basada en la discriminación, colonialismo, prejuicio, racismo y deseo de eliminación. Esta violencia se acendró en mujeres, niñas y Dos Espíritus LGBTQQIA.
El informe explica que el romper la dinámica comunitaria, arrancando a las mujeres de las poblaciones, no sólo causó trauma en las familias, sino que, por la construcción cultural matrilineal de muchas de las Primeras Naciones, causó rupturas profundas en el tejido social comunitario. La imagen distintiva de la mujer como negociadora y proveedora de soluciones, así como la presencia necesaria de las personas Dos Espíritus para proveer balance espiritual a la comunidad, son claves para entender el quiebre cultural e incluso legal—muchos están vinculados a los sistemas legales de las Primera Naciones—que significa perder estos actores sociales en la vida social comunitaria. Las mujeres y Dos Espíritus son reconocidos como: Maestras/os (las primeras maestras, las más importantes), Líderes, Curanderas/os (que sanan cuerpo, mente, emociones y espíritu), Proveedoras/es y Protectoras/es de la tierra, el territorio, el agua y la comunidad. Por la misma complejidad cultural de la legalidad de las Primeras Naciones—que es ley nacional en Canadá—se reconoce que no hay una sola solución posible a esta crisis. Además, concluye que la violencia colonial y la cultura patriarcal han generado las condiciones para la actual crisis.
El informe asienta que los medios de comunicación han aportado—con indiferencia, racismo, prejucio, manipulación, y un trato injusto a las víctimas y sus familias—un grave precedente en la naturalización e invisibilización de estas formas de violencia social. Se hace recuento de las carencias de atención (culturalmente apropiada) a la salud a las víctimas, acusando de negligencia, prejuico, racismo por parte de las instituciones de salud a la hora de atender a las familias de las mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA desaparecidas y asesinadas.
Una de las claves del reporte es la documentación sobre la violación al derecho humano a la seguridad—social y psicológica—que se convierte además en una violación a la normativa constitucional canadiense. Se reconoce en las diversas fuerzas policiales—responsables insitucionales de investigar y procurar detener el fenómeno de la violencia, los asesinatos y la desparición de mujeres—como fuente de permanente desconfianza, muchas veces reconocidas como victimarios, violentadores e indiferentes actores en esta tragedia, lo que ha generado un quiebre en la confianza en las instituciones por parte de las Primeras Naciones y las familias de las víctimas. Escencialmente se ubica a la policía como un ente indiferente ante la violencia contra los grupos étnicos, mujeres, niñas y de las diversidades sexuales.
Procesos de Sanación Comunitaria y Justicia Restaurativa Impulsados por el Informe
Hasta aquí, todo parece similar a las situaciones vividas por otros pueblos, violencia, prejuicio, intención genocida, indiferencia institucional, revictimización de las víctimas. Pero, en los hechos y sobre la marcha, esta comisión de la verdad —La Investigación Nacional—estableció un impresionante Programa de Cuidados Posteriores puso en forma accesible, atención personalizada a las familias, en forma culturalmente apropiada, para ayudar al proceso de sanación, con planes personalizados, en función de la necesidad familiar, incluyendo la cobertura presupuestal para llevarlo a cabo, en cada caso. Se incluyeron servicios como programas de curación en la tierra, asesoramiento, ceremonias de conmemoración, costos de viaje y muchas otras solicitudes. Este proceso de justicia restaurativa sobre la marcha de una comisión de la verdad no tiene precedente.
Asimismo, la comisión de la verdad estableció alianzas con universidades en diversas cuidades, y se establecieron cuatro diálogos nacionales para identificar las mejores formas de solucionar la problemáticas, identificar las mejores prácticas, mejorar y salvaguardar el bienestar de mujeres indígenas, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA. En estos diálogos el país se confrontó con su realidad discrminadora, colonialista y segregacionista hacia las Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA. En los diálogos se identificaron las debilidades sistémicas del Estado para atender los casos de violencia, en salud, economía, impartición de justicia y seguridad. Para cada uno de los temas, debilidades, y carencias de atención, se propusieron soluciones, culturalmente adecuadas, respetuosas de la herencia ancestral de las Primeras Naciones. Se reconoce un gran aporte en la construcción de puentes de entendimiento nacional.
En el Llamado a la Justicia, se establece que un compromiso permanente para terminar con el genocidio, requiere abordar las cuatro vías exploradas en el informe: Trauma histórico, multigeneracional e intergeneracional; Marginación social y económica; Mantener el status quo y la falta de voluntad institucional; e Ignorando la agencia y la experiencia de las mujeres indígenas, las niñas y las personas de Dos Espíritus LGBTQQIA. El informe emite más que recomendaciones, Llamados a la Justicia, como imperativos legales. Estos Llamados a la Justicia representan formas importantes para poner fin al genocidio y transformar los valores sistémicos y sociales que han mantenido la violencia colonial. Los Llamados a la Justicia no son solo a las instituciones, o los gobiernos—los cuales tienen obligaciones que cumplir—sino que el informe demanda un papel protagónico para todos a corto y largo plazo.
Establece los Principios del Cambio, a través de medidas restitutivas de derechos para las personas, obligaciones para el Estado y para todos los niveles de gobierno. Una medida relevante es el principio de la “Igualdad Sustantiva” una propuesta básica en la desconstrucción de la colonización, la desiguladad, la discriminación, desventajas históricas, traumas intergeneracionales, a fin de reducir las brechas y proveer de bienestar general. El Llamado a la Justicia incluye un proceso en todos los niveles de gobierno de descolonización, incluso en los gobiernos indígenas. Este enfoque, honra y respeta los valores, filosofías y sistemas de conocimiento indígenas, y está basado en las fortalezas, centrado en la resiliencia y la experiencia de los individuos y las comunidades. En los Llamados a la Justicia se incorpora el concepto de familia, que incluye incluye todas las formas de parentesco familiar, incluidas, entre otras, las familias biológicas, las familias elegidas y las familias del corazón.
Las Soluciones y Servicios deben ser Autodeterminados y Dirigidos por Indígenas. Esto elimina de hecho la necesidad de las comunidades y gobiernos indígenas de “pedir permiso” a los gobiernos estatales y nacionales para actos de gobierno indígena. Se reconoce el derecho a la auto-identificación, étnica, geográfica, por residencia, e incluso genérica. Se determina una implementación de seguridad cultural, para lo que establece la creación de inclusión de idiomas, leyes y protocolos indígenas, gobernabilidad, espiritualidad y religión. Hay un Enfoque Basado en Trauma, con atención a las víctimas, familias, comunidades y sociedad, que debe ser garantizada con medidas gubernamentales, presupuesto para hacerlo viable, y eventualmente eliminar el concepto de genocidio y colonización.
Se ha diseñado un Plan Nacional de Acción, en el que se hace un Llamado a la Justicia para que todos los gobiernos garanticen el acceso equitativo a derechos básicos como el empleo, la vivienda, la educación, la seguridad y el cuidado de la salud se reconocen como un medio fundamental para proteger los derechos de los indígenas y los derechos humanos, y se recurren y apoyan como programas basados en los derechos basados en la igualdad sustantiva. Hay un Llamado a la Justicia para que la Cultura Indígena sea reconocida, respetada, incluida, promovida, incluyendo lengua, conocimiento ancestral, empoderamiento, todo financiado por el Estado Nación. Asimismo, se hace un Llamado a la Justicia urgente para educar a los segmentos de la población blanca para evitar odio, discriminación, y desconstruir culturalmente las condiciones que permitieron el genocidio en Canadá.
La Salud y el Bienestar están incluidos fuertemente en estos Llamados. La justicia es un capítulo especial, pues se establece la eliminación de definiciones y conceptos colonialistas en la ley que permiten minimizar la culpa del agresor. Se propone utilizar la perspectiva de género para el diseño de nuevas normas jurídicas inclusivas, así como herramientas culturales indígenas que incorporen una perspectiva adecuada, que incluya Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA. Se recomienda la creación de un fuerte cuerpo de policía civil indígena, que pueda ser la primera línea de atención territorial, integrada por Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, Dos Espíritus LGBTQQIA.
Se propone una alianza con industrias, empresas y medios de comunicación, para incorporar la perspectiva indígena en su narrativa, ofrecer becas de formación a comunidades, para formar periodistas y comunicadores Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA. Las cortes y bufetes jurídicos deben contar con una atención culturalemente adueuada, así como atender en las lenguas nativas de los usuarios, vícitmas y personas que así lo requieran. El sistema educativo debe establecer un programa de formación en todos los niveles que explique y haga entender el genocidio, el asesinato y desparición de personas de Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA para evitar que vuelva a suceder. Esto implica reconstruir la currícula de enseñanza de historia en las escuelas de todos los niveles. Las industrias extractivas y de desarrollo deben incluir medidas preventivas de la violencia contra Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA.
Tambien hay Llamados a la Justicia para Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA, quienes deben romper la cultura de colonización, respetar e incluir, educar, integrarse y promover mejores prácticas que garanticen la vida y la seguridad de sus integrantes, con apoyo presupuestal, financiero y logístico del Estado Nación.
Hay, en general, en el informe, el trabajo previo, la construcción del reporte y la presentación final del trabajo colectivo, una intención del Estado Nacional Canadiense por cambiar. Las asignaciones presupuestales, las acciones emprendidas antes, durante y después del informe van encaminadas a encontrar soluciones. No es ideal, no es el mejor, pero sí es auténtico, honesto e intenta resolver los problemas que dieron origen a la grave problemática de la desaparición, asesinato y segregación de decenas de miles de personas de las Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA.
“Durante décadas, las mujeres y niñas canadienses indígenas han sufrido desapariciones y asesinatos. Nuestro sistema de justicia ha fracasado», señaló el Primer Ministro. «Por desgracia, no es un tema únicamente del pasado. Es vergonzoso y absolutamente inaceptable. Esto debe parar» dijo Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá en la presentación del Informe Final. Siempre se inicia este tipo de trabajo sobre una base cruel e irremediable: la muerte y desaparición física de personas amadas. La construcción de este informe, su intencionalidad política, su eficacia demostrada en los hechos, y su profundidad cultural, nos dejan ante un trabajo monumental de la comisión de la verdad, que ha cimentado un camino diferente y a puesto a ese país en una ruta adecuada para crear soluciones reales y prevenir la continuidad del fenómeno. Aquí sí podemos ver la luz al final del tunel, si se cumple con lo iniciado.
*Pável Uranga fue Jefe de Investigación Histórica de la Fiscalía de la Guerra Sucia en México, es experto en violencias de género, co fundador del Obervatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México, estudioso del tema de la Trata con Fines de Explotación Sexual en tres países diferentes, autor del estudio «La Trata ante el espejo: Una aproximación al trabajo sexual esclavo en Ecuador. Frontera Norte», en 2012.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
- The Final Report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls by the National Inquiry Commission.