DE LES EDITORES: A continuación se muestra una entrevista con Carlos Goncálvez, periodista de radio Cáritas sobre la situación actual en Paraguay de desalojos y criminalización de comunidades campesinas e indígenas.
Awasqa: Carlos, cuéntanos cuál es la situación que está viviendo en este momento el Paraguay con un presidente ligado al agronegocio, y con leyes que generan conflictos sociales.
Carlos: Maiteí (saludo en Guaraní), saludos cordiales, aquí tomando un tereré, el tereré es la bebida tradicional en nuestro país. El tereré es la bebida que nos acompaña a los paraguayos.
A tu pregunta concreta, es así, digamos este gobierno, presidido por el señor Mario Abdó Beítez, hijo de quién fuera el secretario privado de Alfredo Stroessner, partiendo ya de ahí, ya la audiencia, el público en general puede tener una idea de quién y qué clase de persona estamos hablando como presidente de la República en mi país. Una persona ligada al Stronismo, que fue lo mas malo que pudo suceder al Paraguay en materia de gobernantes, por lo que la dictadura dejó secuelas muy negativas, con gencidio, con atropellos, con gentes exiliadas, en fin.
Este presidente que tenemos es hijo de esa dictadura, un hombre que nunca supo -porque cuando era niño y adolescente él vivía en Miami-, de las reales necesidades de los y las paraguayas en estos tiempos.
En su gobierno, se ha aumentado el tema del extractivismo, a través del agronegocio, nosotros tenemos cultivos de soja, eso genera y provoca conflictos sociales, para las comunidades campesinas e indígenas. La ley Riera-Zavala es una modificación de un artículo del Código Penal que aumenta las penas carcelarias a las personas que luchan y buscan tener tierras donde puedan vivir dignamente; y en esa lucha se hacen esas resistencias.
A partir de esa modificación se eleva a 10 años la pena privativa (de la libertad, o cárcel), y eso genera y provoca la criminalización de estas resistencias ciudadanas, legítimas por cierto.
Por ejemplo, cuando la dictadura, en una investigación llevada a cabo por la Comisión Verdad y Justicia, determinaron que bajo el gobierno del General Alfredo Stroessner, se otorgaron alrededor de 8 millones de hectáreas, destinadas a gente no sujeta a la Reforma Agraria, es decir a militares a sus esposas, amantes, entonces son tierras malhabidas, que deben ser recuperadas por el estado paraguayo y destinadas naturalmente a lo que tiene que ser, digamos a campesinos, campesinas que no tienen tierra.
En Paraguay tenemos alrededor de 300 mil familias que no acceden a un pedazo de tierra. Tenemos 12 mil propietarios que acaparan más de 30 millones de hectáreas en nuestro país. La extensión territorial de Paraguay es de 40.6 millones de héctareas, de ellas, más de 30 millones están en manos de esas 12 mil personas, en contrapartida tenemos más de 300 mil personas que no acceden a un pedazo de tierra, eso provoca un conflicto social bastante grave, que no es nuevo en Paraguay, puesto que esta distribución inequitativa y desigual de la riqueza la estamos atravesando desde la dictadura.
Hoy día se agudiza con el gobierno de Mario Abdó Benítez, porque vale mencionar que él está de la mano del que fuera también ex-presidente de la República Horacio Cartes.
Si bien en los discursos, aparentemente están confrontados, pero en la práctica, este ex-presidente maneja todos los resortes del estado, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes que consta de 80 parlamentarios, más de la mitad, unos 50 responden directamente al ex-presidente de la República con su bancada de «Honor Colorado», entonces eso da la pauta a reconocer que el gobierno de Abdó Benítez está muy sometido a este empresario poderoso Horacio Cartes, sobre quién pesan denuncia de supuestos hechos de lavado de dinero, de investigaciones que se han hecho a nivel internacional, a él se lo vincula mucho con el contrabando de cigarrillos, él es un empresario tabacalero, que no goza de buena reputación, él es el que prácticamente maneja los resortes del estado.
En estas circunstancias el panorama no es nada alentador en este 2021 que se han agudizado los desalojos en menos de un mes, tenemos casi una decena de desalojos forzosos, y eso provoca alrededor de más de 20 mil personas desplazadas forzosamente de sus lugares, y eso es una constante, con eso estamos terminando este 2021.
Hace poco la iglesia paraguaya, desde los altares -nosotros tenemos la fiesta Mariana a la Virgen de Caacupé- y ahí desde los altares, los obispos manifestaron su preocupación y dieron a conocer cartas exhortando a que se derogue esa ley, la denominada Zalava-Riera. Zavala es un ganadero, Riera es ganadero también. Ambos son parlamentarios, Zavala supuestamente es un parlamentario de la oposición, pero responde al sistema, y Henrique Riera del Partido Colorado (de Stroessner). A esto hay que sumar la crisis sanitaria con el COVID-19, que sigue teniendo sus secuelas, y que hasta hoy no podemos recuperarnos de nuestras actividades económicas.
La situación social es bastante preocupante y ante estos momentos difíciles, los sectores sociales, los sectores campesinos e indígenas están tratando de buscar una unidad de acción. El pasado 10 de diciembre en el día Universal de la Declaración de los Derechos Humanos hubieron manifestaciones importantes, marchas multitudinarias en las calles de Asunción, en contraposición a estas condiciones de atropellos contra las comunidades indígenas con desalojos y violaciones a sus derechos. Ahora están proyectando esa unidad, de cara al 2022, tal vez en el primer trimestre, van a llevar a cabo otras movilizaciones en esa misma línea, para ver si se logra esa unidad social que anhelamos. Esa es la única manera de ir contraponiendose a éstos poderes fácticos que manejan los resortes del estado.
Awasqa: El 2.5% de los propietarios concentra el 85% de la tierra productiva, ese nivel de inequidad tiene que ver con una visión colonialista del país y del mundo. Ésta ley se está orientando a ser aplicada en contra de comunidades y pueblos indígenas, que tienen sus tierras ancestrales y que probablemente no tienen títulos de propiedad, porque tienen propiedad y posesión de la tierra por cientos de años. Cuéntanos qué está sucediendo ahí, por favor.
Carlos: Estos terratenientes anteponen la propiedad privada como una cuestión absoluta, no tienen en cuenta la ancestralidad de las tierras. Los indígenas, antes que el Paraguay se constituyera como estado, ya estaban habitando este territorio. Naturalmente ellos son los legítimos dueños del territorio grande llamado Paraguay. Ahí entra la batalla de lo que se denomina la ancestralidad, hay documentos que determinan aquello, y nosotros en la constitución de 1992 se reconoce justamente esta situación, de que los indígenas estaban anteriores al estado paraguayo.
Esa mirada histórica, -es que éstos terratenientes y hay que sumarle fiscales, y jueces que ordenan los desalojos de las comunidades indígenas- son cómplices de esa situación tremenda de injusticia que pasan los compatriotas, los indígenas actualmente en Paraguay. Hay una superposición de títulos. En el informe final de la Comisión Verdad y Justicia, cuando dio el resultado, se resaltó que en el Paraguay cuando se habla de propiedades de tierra, hay una superposición de las 40.6 millones de hectáreas que corresponden al territorio paraguayo, en los títulos dicen que estamos por los 50 millones de hectáreas. Entonces hay una superposición de títulos, y ahí comienza la responsabilidad del estado para que se puedan normalizar o regularizar las propiedades en Paraguay.
Pero ante esta realidad de la riqueza mal distribuida en Paraguay es en detrimento de la gente pobre, la gente que pasa hambre, que pasa necesidades, la gente que sus necesidades básicas no son satisfechas y donde el estado está ausente. Ante esta realidad, es lo que genera estas reacciones de la ciudadanía, que desemboca en situaciones de inequidad, porque no hay voluntad política de las autoridades por resolver los problemas. Este gobierno de Mario Abdó Benítez en vez de apuntalar una política pública que beneficie y favorezca a todos por igual, apuntala al agronegocio, a la economía de mercado, a las mafias que rodean su entorno, y esa cúpula es la que se sigue beneficiándose históricamente de todos los beneficios que da el estado.
El presupuesto general de gastos de la nación lleva, en un gran porcentaje, lo que se denomina «la patria contratista”. La patria contratista son estas empresas cerealeras, farmacéuticas que ganan licitaciones muchas veces amañadas, para llevarse tajadas a su favor. Entonces este gobierno es cómplice de esta situación de inequidad, que a lo largo de su mandato no ha tenido resultado alguno para favorecer a los sectores que más necesitan que el estado esté presente con sus instituciones en sus comunidades, en sus casas. Estamos, en ese sentido, desamparados.
Hace poco estuvimos en la frontera con Bolivia, alrededor de 700 km de distancia de Asunción, ahí hay comunidades indígenas, y ahí tan solo 80 km de caminos de tierra. El estado paraguayo es incapaz de mantener al día esos 80 km de caminos de tierra, para que sea un camino de todo tiempo, para que las comunidades que transitan por esas calles puedan tener acceso a salud, educación, vivienda, electrificación. Si el camino no está en condiciones, es imposible llegar a destino. Este gobierno es incapaz de atender mínimamente ese tramo carretero, eso nos da una idea de cómo es su interés en resolver estas cosas: Triste y desentonado, como se dice aquí.
Awasqa: ¿Cuál es la reacción de la sociedad civil en respuesta a los desalojos de miles de personas en medio de la crisis sanitaria producto de la pandemia, que está dejando literalmente en la calle y el desamparo a poblaciones enteras?
Carlos: La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, CODEHUPY, en el marco de la pandemia y viendo todos estos atropellos y abusos a las comunidades campesinas e indígenas objetos de desalojo, ha interpuesto recursos para que no se lleven adelante estos desalojos mientras dure la pandemia. Pero ahí surgió justamente esta ley Riera-Zavala y los parlamentarios en muy corto tiempo aprobaron y el presidente de la República ya promulgó esa normativa, desoyendo los reclamos de sectores sociales en ese aspecto.
Valdría la pena mencionar la reacción de la iglesia católica en torno a estos abusos, por lo menos una parte de la iglesia católica, una parte de la jerarquía, la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay CONFERPAR, emitió un pronunciamiento fuertísimo contra el gobierno nacional, exhortando a que se deje de lado los intereses de los ricos, y que se defienda a los pobres, La Conferencia Eposicopal Paraguaya, en esa misma línea, dio a conocer una carta. Algunos obispos emitieron opiniones al respecto. Me parece interesante esa reacción, porque la iglesia católica paraguaya ha venido a lo largo de los tiempos, ha venido muy de la mano con el gobierno Horacio Carte, con este mismo gobierno de Mario Abdó Benítez. Hoy día, aparentemente se van rompiendo esos lazos. Es interesante porque es una fuerza grande, y donde hay mucha esperanza de que puedan tal vez torcer la balanza hacia la justicia.
Es relevante en este último momento del 2021, destacar esta reacción de una parte de la iglesia católica, en torno a nuestra realidad.
Otro asunto a destacar como un signo positivo, es que hay una fuerza social grande, en este momento, en proyección. Eso es relevante en un país como el Paraguay donde no tenemos experiencias significativas, más que lo que fue el Marzo Paraguayo, donde salieron las gentes a la calles a expresarse masivamente contra la desigualdad y la injusticia. Hoy día pareciera ser que nos vamos encaminando hacia ahí. Vamos a ver qué nos depara el 2022, nosotros tenemos desafíos muy importantes, por ejemplo en la región con el Brasil, la difusión de Itaipú nacional, las negociaciones en torno a la tarifa de la energía eléctrica, la Itaipú nacional es un recurso hídrico muy importante para el Paraguay, y si ese recurso es bien utilizado, la suma de dinero que genere esa energía bien podría destinarse a los programas y planes sociales del gobierno. En esa línea, me parece interesante esa cuestión de las movilizaciones ciudadanas, que apuntan hacia ese diálogo y hacia esa acción política fuerte, para hacerse sentir ante las injusticias.