El feminicidio y desaparición de mujeres indígenas en los Estados Unidos es una crisis humanitaria de graves proporciones. Según el Urban Indian Health Institute, en el 2016 se reportaron 5,712 casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en 71 ciudades, de los cuales, tan sólo 116 llegaron a formar parte de la base de datos del Departamento de Justicia. Nuevas leyes federales están ahora haciendo posible cambiar los problemas estructurales detrás de esta crisis.
Debido a la violencia colonial que dio origen a este país, existe un patrón de falta de colaboración entre el estado, el FBI, gobernaciones locales y gobiernos de las naciones indígenas. Las fuerzas policiales indígenas carecen de recursos y jurisdicción más allá de la frontera de las reservaciones, mientras que las autoridades estatales y federales se han aprovechado de estructuras coloniales para desatenderse de los casos, como si las personas de los pueblos originarios fueran ciudadanos de excepción o vivieran bajo una ciudadanía subrogada o de segunda clase. “Las prácticas institucionales permiten que [las personas] desaparezcan no una, sino tres veces—en vida, en los medios y en la recolección de datos,” explica el reporte.
Organizaciones como el National Indigenous Women´s Resource Center y la Coalición para Frenar la Violencia Contra las Mujeres Indígenas han trabajado por décadas para hacer esta crisis visible y crear recomendaciones jurídicas a nivel nacional e internacional que ayuden a solventar el problema. La llegada del presidente Joe Biden, pero más aún, la designación de la Secretaria del Interior Deb Haaland, ha desencadenado una serie de oportunidades y cambios administrativos y políticos de profundidad en este país.
En atención al Not Invisible Act, en enero de 2021 la Secretaria del Interior y la oficina de la Fiscalía General anunciaron la creación de una Comisión Conjunta que incorpora a representantes de las policías tribales, estatales y locales; jueces tribales; sobrevivientes Nativoamericanos de la trata de personas; profesionales de la salud y la salud mental que tienen experiencia trabajando con sobrevivientes nativos americanos de trata de personas y agresión sexual; organizaciones indígenas urbanas centradas en la violencia contra las mujeres y los niños; y familiares de indígenas desaparecidas o asesinadas.
Además, el Departamento del Interior creó una unidad especial, Missing and Murdered Unit, para concentrar los recursos de los casos de las personas desaparecidas aún no resueltos. El problema de la violencia contra personas indígenas, mujeres, niñas, adolescentes y dos espíritus no termina porque el marco jurídico permite la impunidad, la carencia de documentación y de investigación incluso.
En la exposición de motivos, Biden expresa la dolorosa realidad de que una de cada dos mujeres Nativoamericanas son víctimas de violencia sexual y de género. Y que las personas Nativoamericanas LGBTQ y “dos espíritus” también son a menudo objeto de violencia, la mayoría habiendo informado haber sido víctimas de un individuo no Nativoamericano.
Por primera vez el gobierno federal se compromete al uso de los recursos jurídicos federales para combatir estos delitos e incluso reconoce a la violencia como un problema de salud pública, abriendo las puertas a recursos y la atención del Departamento Nacional de Salud. La orden ejecutiva promueve acciones interinstitucionales (cosa que no ha sucedido antes) para que el Departamento de Justicia, el Departamento del Interior y el Departamento de Seguridad Nacional trabajen en coordinación, buscando combatir la trata de personas y promoviendo alertas de desaparecidos (Amber Alert) en los territorios indígenas con mayor eficacia. La orden también crea una estructura dentro del Departamento de Justicia para hacerse cargo de los casos con jurisdicción federal.
Además ordena establecer jurisdicción penal especial contra la violencia doméstica en territorios indígenas, al otorgar recursos para que jurisdicciones indígenas puedan atender casos penales y servicios a las víctimas. Ofrece ayuda para lograr que las entidades de las Naciones indígenas puedan “aplicar prácticas lingüísticamente apropiadas, informadas sobre el trauma y centradas en las víctimas al trabajar con víctimas de delitos, y para desarrollar estrategias de prevención y reconocer los indicadores de la trata de personas que afectan a los Nativoamericanos.”
En general, la nueva disposición del gobierno federal norteamericano ayuda a crear las condiciones jurídicas para que, por fin, el estado nación tenga obligaciones jurídicamente vinculantes con sus pobladores originales. Establece plazos y compromisos de cumplimiento. En papel, el nuevo decreto ofrece abrir la puerta a posibles soluciones en materia de justicia. Esperemos que esto sea posible para lograr el establecimiento de una ciudadanía de pleno derecho para los habitantes originales, a quienes les ha sido negada durante la existencia de Estados Unidos como nación.
*Pável Uranga fue el primer Jefe de Investigación Histórica de la Fiscalía de la Guerra Sucia en México, es experto en violencias de género, co-fundador del Obervatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México, estudioso del tema de la Trata con Fines de Explotación Sexual en tres países diferentes, autor del estudio “La Trata ante el espejo: Una aproximación al trabajo sexual esclavo en Ecuador. Frontera Norte”, en 2012.