Las naciones indígenas en Ecuador declaran «estado de excepción», denuncian políticas neoliberales y extractivistas en tierras soberanas
En un audaz acto desafiante, las organizaciones indígenas más grandes de Ecuador — CONAIE y CONFENIAE — declararon un «estado de excepción» en tierras indígenas soberanas, para rechazar la presencia militar y policial sobre sus terroridades y el derecho a detener a tales fuerzas si fueran a entrar ilegalmente o usar tácticas represivas en sus tierras. Lo hicieron después de que el gobierno del presidente Lenin Moreno declaró un «estado de emergencia» nacional de 60 días y llamó a los militares a frenar la huelga nacional convocada el 3 de octubre para protestar contra las medidas económicas impuestas por el FMI («el paquetazo») que pondrán fin a los subsidios al gas, duplicando de hecho el precio de la gasolina y creando una situación inflacionaria peligrosa que perjudicará a las poblaciones más vulnerables.
Los movimientos indígenas y sociales se encuentran en su sexto día de resistencia contra las medidas del FMI, una crisis económica y las agresivas políticas extractivistas petroleras y mineras que comenzaron con el gobierno de Rafael Correa, que dejó al país en una terrible deuda y enormes concesiones hechas a canadienses, chinos, y otras poderosas corporaciones transnacionales. La huelga nacional comenzó con el apoyo de los sindicatos del transporte, pero Moreno negoció con éxito con los líderes sindicales para aumentar las tarifas de autobuses y taxis y de alguna manera «compensar» el fin de los subsidios al gas.
Sin embargo, los movimientos indígenas y sociales en los territorios han declarado que la huelga debe continuar ya que los aumentos de tarifas solo empeorarán la situación y no abordarán la crisis económica, la inflación entrante y las políticas extractivistas que han estado en el centro de los enfrentamientos en curso entre nacionalidades indígenas y el gobierno central. Tales enfrentamientos comenzaron hace más de una década bajo el gobierno de Correa.
Miles de personas de todas las provincias han salido a protestar, bloqueando las carreteras principales y autopistas, y en efecto logrando detener la actividad económica del país. Las fuerzas militares y policiales han salido para reprimir las protestas, arrestando a más de 400 personas, con docenas de heridos, creando escenas de caos y represión violenta, como se puede ver claramente en las cuentas de redes sociales y de acuerdo con organizaciones de derechos humanos como INREDH.
Tales actos llevaron a las principales organizaciones indígenas a declarar un «estado de excepción» en sus territorios, y muchos de ellos detuvieron a militares y policías para aplicar la «justicia indígena» y negociar la liberación de sus seres queridos. Un tribunal regional ordenó rápidamente la liberación de dos destacados líderes indígenas, Jairo Gualinga y Marlon Santi, reconociendo el derecho de las personas a protestar pacíficamente:
Jairo Gualinga y Marlon Santi durante su arresto y después de su liberación. Foto: Red de Jóvenes Indígenas
Para presionar al gobierno para que derogue el Decreto 883, se estima que entre 15 y 20 mil personas de los territorios indígenas comenzaron a caminar hacia la capital de Ecuador, Quito, ayer, 7 de octubre, y planean organizar reuniones para una gran movilización en la capital el 9 de octubre. A fines de septiembre, las organizaciones indígenas ya habían llamado a sus bases para una gran protesta contra el petróleo y la minería en sus territorios, el 14 de octubre, para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, y después de que las negociaciones con el gobierno de Moreno no tuvieron éxito.
El presidente Lenin Moreno ha respondido emplazando tanquetas militares por la ciudad, mientras que un diplomático del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, ha declarado que Estados Unidos está «siguiendo de cerca los acontecimientos en Ecuador», según El Comercio, rechazando «la violencia como una forma de protesta política», y felicita al gobierno ecuatoriano por tomar medidas hacia el» crecimiento económico sostenible». Dichas medidas, según el sitio web del FMI dedicado a Ecuador incluyen «devaluación interna», «gasto público vigente», «menor rigidez en salarios y precios», «revisión del sistema de impuestos y eliminación de obstáculos a la formación empresarial», «alentar la inversión privada», «hacer del país un destino comercial atractivo» y otras medidas familiares para cualquier país del mundo que haya enfrentado prácticas neoliberales severas similares.
La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Vicky Tauli, llamó al gobierno ecuatoriano a abstenerse del uso excesivo de la fuerza, respetar los derechos humanos y entablar un diálogo intercultural con la población.
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Sin embargo, los movimientos indígenas y sociales en los territorios han declarado que la huelga debe continuar ya que los aumentos de tarifas solo empeorarán la situación y no abordarán la crisis económica, la inflación entrante y las políticas extractivistas que han estado en el centro de los enfrentamientos en curso entre nacionalidades indígenas y el gobierno central. Tales enfrentamientos comenzaron hace más de una década bajo el gobierno de Correa.
Miles de personas de todas las provincias han salido a protestar, bloqueando las carreteras principales y autopistas, y en efecto logrando detener la actividad económica del país. Las fuerzas militares y policiales han salido para reprimir las protestas, arrestando a más de 400 personas, con docenas de heridos, creando escenas de caos y represión violenta, como se puede ver claramente en las cuentas de redes sociales y de acuerdo con organizaciones de derechos humanos como INREDH.
