Nicaragua enfrenta una crisis de derechos humanos que se expresa con particular encono contra los pueblos originarios. De abril del 2018 a agosto del 2021 han ocurrido 32 asesinatos de personas pertenecientes a pueblos originarios. Según el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el incidente más reciente fue la masacre de al menos 15 indígenas Miskitos y Mayangnas el 23 de agosto en la Reserva de Biósfera Bosawás en la Moskitia nicaragüense (Radio Onda Local, en días posteriores, habla de cerca de 20 asesinados). CALPI señala a la colonización ilegal de los territorios indígenas por parte de colonos armados y minería informal como motivos detrás de los asesinatos.
El conflicto territorial ha estado presente desde la delimitación de la Reserva Bosawás y la conformación del Consejo Regional Autónomo en 1991, sin que los pueblos habitantes de este territorio ancestral, los Mayangna y Miskitu, fueran consultados. El proceso determinó que la administración de los territorios ancestrales pasen a manos del Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales, en vez de que quedaran bajo control del gobierno autónomo indígena. Como lo expresó en 2011 Reinaldo Francis de la Comisión del Ambiente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte, “Los Pueblos Indígenas no están dentro de las áreas protegidas, más bien las áreas protegidas están dentro de los territorios y comunidades indígenas”. Desde entonces, el gobierno ha permitido la proliferación de colonos armados, responsables de ataques frecuentes contra los pueblos indígenas, a pesar de medidas cautelares y tutelares dadas a favor de los Miskitu emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En una carta abierta del 4 de septiembre, firmada por el pueblo Mayangna del Territorio Mayangna Sauni As, encaran al gobierno de Ortega, “El problema de masacre está ya en la opinión internacional, pero su gobierno no ha dicho nada, ¿a que se debe ese silencio Señor Presidente?”
Demandan además el retorno de la soberanía a través del “saneamiento de nuestras tierras, el desarme urgente de los invasores, que han traído la cultura del mal y la muerte a nuestros territorios, y la reubicación de los colonos invasores”.
Aún y cuando se han reportado crímenes extremadamente violentos de tortura, violaciones sexuales, múltiples heridos y desplazamientos forzados, el gobierno nicaragüense no ha establecido investigaciones criminales o declaraciones que conduzcan a ningún proceso de impartición de justicia. Por el contrario, persigue a quién se atreve a denunciar.
El gobierno de Ortega ha iniciado, por ejemplo, una investigación y ha emitido una orden de arresto contra Amaru Ruiz Alemán, director de la Fundación del Río, defensor de derechos humanos, por haber hecho la denuncia pública de los asesinatos de Miskitos y Mayangnas el agosto pasado. Ruiz Alemán, mediante declaraciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, dijo que fue acusado de “propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación”. Se encuentra al momento exiliado en Costa Rica.
El pasado 13 de septiembre, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó gran preocupación públicamente ante la sesión: “Mi Oficina también recibió informes de que el 23 de agosto, al menos nueve personas indígenas habrían resultado muertas, víctimas de un ataque relacionado con una disputa sobre tierras, en el territorio Sauni As, de la Región Autónoma Costa Caribe Norte.” Se refirió además a la extrema situación que viven los defensores de derechos humanos en ese país.
El gobierno de Daniel Ortega ha creado un clima de miedo y represalia contra muchas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, a quienes se les han cancelado la personalidad jurídica y confiscado recursos económicos, acusándolos de “lavado de dinero” por recibir financiamiento de la cooperación internacional. Según Human Rights Watch, diversos directores de organizaciones fueron sometidos a prisión o se encuentran sometidos a juicios por este tipo de acusaciones, incluyendo siete candidatos presidenciales. Otras personas optaron por el exilio forzado.
Mientras tanto, la incidencia histórica de agresiones contra Miskitos y Mayangnas de ambos lados de la frontera Honduras-Nicaragua continúa. «Esta situación no sólo afecta los derechos a la vida, la integridad física y la salud del Pueblo Mayangna del territorio Mayangna Sauni As, sino que constituye un nuevo genocidio y una nueva amenaza a la sobrevivencia física, tradiciones culturales, cosmovisión y seguridad ciudadana Mayangnas, no olvidando que ésta es la segunda masacre ocurrida dentro del territorio, primero en el sector Kahkah- Comunidad de Alal, con múltiples asesinatos,» declaró el Gobierno de Mujeres Mayangnas de Nicaragua en un comunicado.
Los pueblos indígenas afectados en la región insisten en la necesidad de transferir la administración de la Reserva Bosawás a la gobernanza y administración de los pueblos indígenas que allí habitan. “Varias organizaciones indígenas forman parte del Consejo Técnico Asesor de la Reserva Bosawás, pero esta instancia no tienen voto en las decisiones…la administración de la Reserva depende de la Secretaría Técnica de Bosawás (SETAB) del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), que opera a más de 500 km de distancia de la reserva, y en la que no participan los indígenas,” explican en un comunicado. “El territorio sobre el que se ha demarcado esta Reserva pertenece hace cientos de años a los Pueblos indígenas Miskitu y Mayangna.”
Fotografia de la portada: Peñas Blancas, Reserva de Bosawás, Nicaragua. Credito de la Foto: Rebecca Ore.