Según Radio Temblor, una coalición de más de 30 organizaciones que conforman el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería (MPVMSM) rechazó rotundamente la intención del gobierno de expandir proyectos mineros en el país, citando mala administración y corrupción. Reunidos a mediados de septiembre durante una conferencia, la MPVMSM exploró los próximos pasos para su campaña después de que el gobierno de Panamá anunciara nuevos contratos mineros con Minera Panamá o First Quantum Minerals Ltd. para la exploración de cobre, y con Broadway Strategic Mineral para una refinería minera, ambas compañías Canadienses.
La minería canadiense ha sido acusada, desde hace mucho, de ocasionar deforestación y contaminación de fuentes de agua en Panamá. Según Mongabay, una mina de cobre propiedad de Minera Panamá estuvo operando ilegalmente el Corredor Biológico Mesoamericano durante más de 10 años. La Corte Suprema de Panamá falló a favor del Centro de Incidencia Ambiental (Centro de Impacto Ambiental, CIAM), declarando como inconstitucionales las operaciones y contrato de Minera Panamá en el 2018.
Los panameños todavía recuerdan el breve boom económico en Cloclesito donde Molejón Gold Mine, propiedad de Petaquilla Minerals Ltd., que terminó de un día para el otro cuando la mina cerró sus operaciones en 2015. La compañía con sede en Vancouver dejó atrás $30 millones de dólares de deuda en salarios y beneficios, ríos envenenados y degradación ambiental. Petaquilla Copper fue vendida a Inmet Mining Corporation por $ 400 millones en el año 2020.
El gobierno de Panamá busca ahora volver a impulsar las operaciones de extracción de cobre y oro en Cloclesito a través de First Quantum y Broadway Minerals, y en Santa Rosa en la provincia de Veraguas y Cerro Quema en Los Santos, a través de la Minera Veragold, con base en Alemania, que, según su sitio web, cuenta con programas “comunitarios” como el soporte para un equipo de fútbol femenino.
El Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), del cual Panamá es miembro, publicó su evaluación en diciembre de 2020, donde concluyó que el marco legal del país para estándares y mejores prácticas internacionales está desactualizado, que hay una carencia de normativas sobre medio ambiente, seguridad, cierre y post cierre de minas, así como la falta de una adecuada supervisión ambiental.
“La crisis ambiental global, nos hace un llamado urgente a movilizarnos y exigir al Gobierno Nacional alto a la destrucción de la biodiversidad. Como también replantear otro modo de producción económico en el marco de la responsabilidad y equilibrio con la naturaleza. Una Economía Ecológica podría suplir el actual modelo de desarrollo depredador”, dijeron miembros de la coalición MPVMSM a Radio Temblor.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), la Coordinadora Las Bartolinas Originarias del Área Anexa de Ño Kribo, y la Asociación de Estudiantes Ngäbe-Buglé y Campesino de la Universidad de Panamá (AENBUP), en representación de líderes indígenas de todos los sectores, así como mujeres y jóvenes indígenas, han rechazado sistemáticamente los proyectos mineros en sus territorios.
Durante una conferencia de prensa en septiembre, integrantes de COONAPIP lamentaron que el presidente Laurentino Cortizo Cohen, quien llegó al poder en 2019, aún no se haya reunido con ellos a pesar de continuas solicitudes. El ejecutivo lleva muchos asuntos pendientes con los pueblos indígenas, incluido un fondo de emergencia de $2 millones, destinado a familias indígenas para la atención de la pandemia de COVID-19, que nunca fue implementado. Sus denuncias contradicen directamente la conclusión de IGF de que los pueblos indígenas en Panamá “pueden decidir si aceptan o no proyectos mineros”, si el gobierno panameño se niega incluso a dialogar con las autoridades indígenas.
El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería ha exigido que se detengan de inmediato todas las negociaciones con Minera Panamá y que se aplique una moratoria a futuros proyectos mineros.
