Mientras que líderes mundiales se preparan para reunirse virtualmente en la Cumbre Climática, los ambientalistas y pueblos indígenas han acelerado sus esfuerzos para enfrentar a grandes inversionistas que continúan malgastando miles de millones en el desastre climático. La estrategia de lanzar campañas internacionales contra aquellas compañías que incitan con sus formas de hacer negocios a las violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente, está demostrando ser eficaz. De hecho, invertir en una economía de combustibles sucios resulta ser cada vez menos lucrativo y pone a las empresas transnacionales a la defensiva.
Organizaciones como Amazon Watch, Friends of the Earth y Rainforest Action han enfocado sus esfuerzos en enfrentar organizaciones como BlackRock. A finales de marzo, más de 80 activistas indígenas en al menos 25 países firmaron una carta para criticar cómo BlackRock ha contribuido a la deforestación masiva y los proyectos de combustibles fósiles que amenazan la existencia de los pueblos indígenas. También criticaron las declaraciones públicas de la empresa sobre querer gestar un cambio hacia inversiones de «capital natural», sin que ello implique una responsabilidad seria por el cambio energético.
“Las comunidades de todo el mundo se enfrentan a una epidemia de violencia, asesinatos y criminalización a manos de las industrias extractivas … ¿Qué medidas ha tomado BlackRock para garantizar el respeto de nuestros derechos y defender los estándares internacionales de consentimiento libre, previo e informado? ¿Cuándo ha intentado BlackRock escuchar las voces de las personas afectadas por sus inversiones? ¿Qué hará para evitar violaciones a nuestros derechos y ataques a nuestras comunidades por empresas que financian, para resolver quejas y asegurarse de que estas violaciones no continúen a futuro?» se lee en la carta.
#AllEyesOnBlackRock [con las miradas puestas en Black Rock] es una campaña liderada por una amplia coalición de organizaciones que han llevado a cabo varias acciones frente a las instalaciones de BlackRock para resaltar de manera efectiva el papel de la empresa en la crisis climática.
BlackRock y Wells Fargo son dos de los mayores inversionistas de la Línea 3, un oleoducto que se está construyendo en territorios indígenas de Ojibwe para transportar crudo pesado de uno de los proyectos más contaminantes del mundo, según National Geographic, las arenas bituminosas de Alberta en Canadá.
La última década ha resultado desastrosa para BlackRock, la cual perdió $ 90 mil millones en inversiones por apostarle a grandes compañías petroleras—eso fue antes de la pandemia. También se les asocia cada vez más con tácticas sucias como las de la compañía petrolera Enbridge que ha invertido dinero y esfuerzos en dividir a las comunidades indígenas y en vigilancia y represión junto con la policía local.
Rainforest Action Network también ha documentado los principales bancos internacionales que continúan invirtiendo miles de millones de dólares en combustibles sucios, lo que parecía estar condenado al fracaso a medida que los países buscan hacer una transición hacia energías renovables. El oleoducto Keystone XL no logró obtener el apoyo de la administración Biden en gran parte porque sus “costos relacionados con el cambio climático” no compensaba futuras inversiones en el oleoducto, particularmente con una ciudadanía interesada en encaminar el país hacia una economía de energía limpia.
Cuando Biden revocó el permiso de la concesión de Keystone XL, significó que Alberta perdiera $7.5 mil millones de los impuestos de sus ciudadanos, de los cuales, $1.1 millones se gastaron en cabildeo en Washington. Organizaciones como el Indigenous Environmental Network, la cual comenzó a organizarse contra el oleoducto en el 2006, dan crédito a las nuevas estrategias y tácticas de organización que hicieron posible cerrar Keystone no una, sino dos veces.
Los inversores están prestando atención. En el 2017, 130 de ellos firmaron una declaración solicitando a sus socios económicos que respalden la solicitud del pueblo Standing Rock Sioux de desviar el oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) para evitar su construcción en territorio indígena. “Como inversores, estamos muy preocupados por la reputación y los potenciales riesgos financieros debido a que estos bancos están asociados con DAPL … Hasta la fecha, entendemos que los consumidores han cerrado cuentas bancarias por un valor de más de $53 millones y están amenazando con retirar otros $2,3 mil millones de los bancos que financian DAPL”, dice la carta. Su solicitud cayó en oídos sordos, sin embargo, y Enbridge, la compañía petrolera a cargo de DAPL, informó pérdidas trimestrales previsibles en el 2020, incluyendo recortes salariales y de jubilación.
Sacred Trust Initiative, una organización indígena que lucha contra el petróleo de arenas bituminosas en Canadá, también ha tenido éxito en dirigir esfuerzos contra inversionistas del proyecto al aliarse con académicos para documentar las devastadoras consecuencias económicas para el país al invertir dinero en el desastre climático. Según sus estimaciones, Canadá perderá $ 11,9 mil millones en el proyecto Trans Mountain Expansion (TMX):
“TMX violará nuestros derechos indígenas inherentes y constitucionalmente protegidos. Amenaza a las orcas residentes del sur en peligro de extinción y la relación profundamente sagrada que tenemos con ellas. Y llevará a Canadá más adelante en el camino hacia la catástrofe climática. El gobierno del primer ministro Trudeau reconoció estos impactos al aprobar y comprar el proyecto en 2019, pero justificó sus acciones basándose en un proyecto comercial obsoleto.
Ahora que la base comercial se ha derrumbado, no hay justificación para el proyecto y debería cancelarse antes de invertir más dinero público en su construcción. En esta era de crisis económica y de salud del COVID-19, una crisis climática inminente, y con el gobierno listo para votar para implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el proyecto TMX no tiene sentido. El futuro de Canadá requiere de acción climática y reconciliación, no más oleoductos «.
Los esfuerzos organizativos para detener a los inversionistas en desastres climáticos van más allá de señalar con el dedo a instituciones capitalistas. Una impresionante coalición de 200 organizaciones en Brasil, artistas internacionales y 15 senadores estadounidenses, han instado a Biden en las últimas semanas a detener las negociaciones privadas con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, acusado de graves violaciones de derechos humanos, deforestación y ataques a organizaciones ambientales e indígenas. Los defensores ambientales están instando a Biden a que si es fiel a su compromiso de abordar el cambio climático, debe escuchar a la gente en Brasil y no a un gobierno mermado por la corrupción, para encontrar soluciones inmediatas. “Cualquier propuesta para abordar la deforestación en la Amazonía debe construirse desde el diálogo con la sociedad civil, los gobiernos locales, la academia y, sobre todo, con las comunidades que sepan proteger el bosque y los bienes y servicios que alberga”, exigieron defensores y defensoras en la carta.
La lucha contra los inversionistas en desastres climáticos puede parecer una posibilidad remota, pero está demostrando ser eficaz. Tan sólo la semana pasada, según Reuters, el banco francés Natixis anunció que seguirá el ejemplo de otros tres bancos europeos y dejará de invertir en petróleo procedente de Ecuador «después de la presión de los activistas sobre los vínculos del comercio con el daño ambiental en la Amazonía».
Las comunidades indígenas y redes ambientales organizadas a nivel internacional merecen un gran agradecimiento hoy en el Día de la Madre Tierra por su incansable trabajo para proteger a la Madre Tierra.