Un tribunal federal de Brasil ha dictaminado que, a menos que los mineros ilegales, gambusinos o garimpeiros sean retirados de las tierras Yanomami en los próximos 10 días, las instituciones gubernamentales en Brasil recibirán una multa de $1 millón de reales hasta que cumplan con esta orden. Esta historia tiene consecuencias significativas sobre cómo se están protegiendo los bosques amazónicos para frenar la crisis climática y el papel que desempeñan los pueblos indígenas en la protección de nuestro futuro colectivo. También es una advertencia sobre el número de obstáculos para estos pueblos al enfrentarse a una situación tan compleja.
Según la Rede Pró-Yanomami e Ye’kwana, el territorio Yanomami que comprende el noreste de Brasil y sur de Venezuela, ha sido invadido por más de 20.000 mineros ilegales. Este no es un hecho nuevo, ya que tiene sus raíces en la dictadura de la década de los 1980s, cuando el régimen militar ordenó la construcción de la Carretera Perimetral Norte, invadiendo tierras indígenas para la extracción de oro que duró hasta 1992. El Informe de la Rede, “Xawara: rastreando el camino mortal de Covid-19 y la negligencia del gobierno en el territorio Yanomami”, proporciona un relato detallado de esta lucha y cómo el gobierno de Bolsonaro ha socavado la salud y la seguridad de los pueblos indígenas en tierras Yanomami.
La minería ilegal y legal trae consecuencias devastadoras para los bosques vírgenes y sus habitantes. Las consecuencias directas para los Yanomami han incluido la propagación de enfermedades endémicas, como el COVID-19 y la malaria, asesinatos selectivos y corrupción de líderes indígenas, la violación y prostitución forzada de mujeres, una deforestación récord y el tráfico de animales. El gobierno de Bolsonaro empeoró las expectativas de salud de las poblaciones indígenas al socavar y destruir fondos para la Secretaría Especial de Salud Indígena y Equipos de Salud Indígenas. Ignorados por las fuerzas estatales, a pesar de un repunte peligroso del COVID, los pueblos indígenas decidieron tomar la situación en sus propias manos creando la Pro-Yanomami y Ye’kwana Red (Red Pro-YY) para realizar un monitoreo independiente del virus y construir una estrategia de comunicación para el mundo exterior, como el siguiente mapa.
También lanzaron una campaña internacional #ForaGarimpoForaCovid (ver publicación previa de Awasqa en junio) para resaltar los enormes riesgos para una población altamente vulnerable a estas invasiones y el coronavirus traído por mineros forasteros a sus comunidades. El Territorio Indígena Yonomami abarca aproximadamente 9,6 millones de hectáreas y alberga más de 360 aldeas, o 26.785 personas, que hablan seis idiomas distintos.
Gracias a estos esfuerzos, un tribunal regional federal determinó que un plan de emergencia elaborado en junio de 2020 debe aplicarse estrictamente para salvaguardar la vida de los pueblos indígenas en el área, particularmente después de conocer la muerte de nueve niños Yanomami con COVID. El juez encargado calificó la situación de “riesgo de genocidio” debido a la gran cantidad de garimpeiros ilegales presentes en territorio indígena.
Para hacer ejecutable la decisión judicial del año pasado, el juez aplicó el millón de reales por día como sanción contra União, una Fundação Nacional do Índio (Funai), el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) y el Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) si no se retiran los garimpeiros. Las contingencias de emergencia también incluyen:
- El establecimiento de equipos interinstitucionales formados por fuerzas de mando para contener actos ilícitos en puntos estratégicos de minería en tierras Yanomami, tales como inspectores del Ibama, ICMBio, fuerzas nacionales, fuerzas armadas y policía militar ambiental, policía federal, y Funai;
- Personal suficiente y adecuado para acciones estratégicas, represivas e investigativas;
- Disponibilidad de medios materiales esenciales (alimentos, suministros, servicios y equipo);
- Presentación de informes quincenales que acrediten el cumplimiento de la medida cautelar;
- Garantía de retiro inmediato de todos los garimpeiros no indígenas y su no retorno, manteniendo la presencia estatal de manera permanente durante todo el período en que se reconozca la pandemia de COVID-19; y
- Medidas para evitar agravar el riesgo de contaminación en tierras Yanomami, para que los equipos asignados para ejecutar el plan adopten estrictas medidas sanitarias preventivas, tales como cuarentena previa y no acercamiento a poblaciones indígenas.
En Awasqa cuestionamos la militarización de los territorios Yanomamis frente a los garimpeiros, sin frenar también prácticas de corrupción y trabajo esclavo, particularmente bajo la administración actual.
En diciembre de 2020, representantes de una delegación Yanomami y Ye’kwana presentaron cerca de medio millón de firmas al Congreso del Brasil, según el Instituto Socioambiental, con claras demandas de salud y justicia ambiental en la Amazonía. Pidieron detener la minería ilegal y la expulsión de garimpeiros de las tierras Yanomami, una respuesta de salud de emergencia al COVID-19 y la malaria, pero también medidas de rendición de cuentas contra la falla del gobierno en proteger a su gente.
Aunque las vacunación contra COVID-19 ha comenzado en los territorios Yanomami, se necesitarán muchos más recursos para continuar monitoreando el área, brindar apoyo a los trabajadores de salud locales y aumentar las actividades de inspección para controlar la minería ilegal.
PARA MÁS INFORMACIÓN: Lea aquí la historia de resistencia de Yanomami.