Organizaciones de derechos humanos lanzaron una alerta en defensa del académico y líder indígena Lusbi Portillo, al ser acusado de ser “agente de la CIA” por el gobierno de Venezuela, por su trabajo en defensa del territorio Yukpa en contra de una mina de carbón. Más de 180 académicos firmaron una carta en defensa de la vida de Lusbi Portillo y en apoyo a su trabajo en el estado de Zulia.
Enclavada en la frontera entre Colombia y Venezuela, los pueblos indígenas Barí, Añu, Japreria, Yukpa y Wuayúu han estado por años luchando contra la explotación de carbón en una región que según el Departamento del Interior de los EEUU, es una de las zonas carboníferas más grandes que se acercan a los 9 mil millones de toneladas de reservas de carbón. Como se puede observar en el mapa a continuación, el estado de Zulia ha sido militarizado por el gobierno de Venezuela para la explotación de recursos naturales, más específicamente, para la producción y exportación de carbón.
A pesar de que Venezuela hace constar en su constitución los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras ancestrales, el gobierno de Nicolás Maduro decidió abrir el país a la explotación carbonífera en territorio indígena. Venezuela se ha quedado sin reservas económicas internacionales lo cual le ha obligado a generar contratos a largo plazo, en el caso de la China, para pagar en especie, con petróleo y minerales. Hugo Chávez se había comprometido a dejar el carbón bajo tierra y su gobierno hizo inversiones ambiciosas de proyectos eólicos y solares que ahora yacen abandonados. Un par de meses antes del fallecimiento de Chavez en marzo del 2013, se anunciaría la explotación de carbón en Zulia por parte de la empresa eléctrica nacional Corpoelec.
En 2015, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un decreto que oficialmente abrió nuevamente las puertas al extractivismo al nacionalizar y expandir las concesiones carboníferas en el estado de Zulia. Esto le permitió al gobierno construir una termoeléctrica a base de carbón en el estado de Zulia. Los pueblos indígenas y ambientalistas se opusieron terminantemente al proyecto, que según la Fundación Andrés Bello, dijeron: “Hemos estado resistiendo por 14 años, en una lucha intensa por nuestra biodiversidad, el agua y las tierras. Con nuestra lucha, logramos que nuestro comandante (Chávez) paralizara los proyectos de explotación minera y ahora le pedimos al presidente Maduro que haga lo mismo”.
La expansión de la explotación de carbón bajo la empresa nacional Carbozulia en la Sierra de Perijá se concretó con un acuerdo con la compañía Glenmore Proje Insaat de Turquía en 2018. Lamentablemente, las exportaciones de carbón a Europa se han triplicado desde entonces, según Reuters, en particular debido a las sanciones de los EEUU al petróleo venezolano. Sin embargo, muchos venezolanos insisten en la necesidad de transicionar al país hacia fuentes de energía más sustentables y alertan sobre la afectación de fuentes de agua por la explotación minera para zonas pobladas.
En su carta del 14 de agosto, académicos en apoyo de la defensa de Zulia explican: “La continuidad de la explotación de carbón en el Zulia, y los planes de expansión de dicha explotación que han intentado impulsar los últimos gobernadores del Estado, amenaza directamente al suministro de agua en Maracaibo, ciudad que vive actualmente una profunda crisis por esa causa, en donde existen numerosas comunidades y parroquias en las cuales el suministro de agua se suspende por semanas, meses y hasta por años,”
Actualmente, también preocupa de sobremanera la intención del gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernández, de crear tres nuevas Zonas Económicas Especiales en la región, lo que significa en los hechos que a las empresas privadas, bajo ese estatus, se les permite estar exonerados de cumplir con las leyes laborales, tributarias y ambientales, según han denunciado organizaciones de la sociedad civil. Se cree que las acusaciones contra Portillo están directamente relacionadas con la oposición a las Zonas Económicas Especiales.
La organización Homo Et Natura, encabezada por el profesor universitario Lusbi Portillo, ha ayudado a la resistencia de los pueblos indígenas desde 1985 con apoyo jurídico, con investigaciones para hacer denuncias locales, nacionales e internacionales, juicios y movilizaciones.
Por ello, han sido señalados por todos los gobiernos del país como enemigos del estado, cuando había gobiernos conservadores, fueron acusados de guerrilleros, hoy que el gobierno dice ser de izquierda, Lusbi Portillo ha sido acusado por el gobernador del estado de Zulia y la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de ser agente de la CIA. En las actuales condiciones de incertidumbre, represión e intolerancia, la acusación puede significar en los hechos una sentencia de muerte para el defensor de los derechos indígenas.
La Organización Homo Et Natura ha respondido a las acusaciones afirmando: “Desde el año 2.000 las movilizaciones indígenas y de organizaciones sociales, ecologistas y universitarios no han permitido la implementación de tales funestos planes extractivistas minero carboníferos… El señor gobernador miente, porque las movilizaciones y las luchas han servido para sacar empresas de Perijá y la Guajira de capitales estadounidense, japoneses, holandeses, chinos, rusos y colombianos.”
La lucha de los pueblos indígenas en defensa de su territorio ha trascendido fronteras, en la misma zona geográfica, pero del lado colombiano, el pueblo Yukpa emprendió en 2018 una lucha legal en defensa a la consulta previa libre e informada contra la extracción carbonífera en su territorio. Apenas en abril de 2021 los tribunales y el Consejo de Estado decidieron atender resoluciones de los tribunales en favor del pueblo Yukpa, y decretaron la suspensión de actividades mineras en la región. Con el entorno político actual en Venezuela, los derechos indígenas avanzan a un ritmo mucho más lento y precario.