El feminicidio y desaparición de mujeres indígenas en los Estados Unidos es una crisis humanitaria de graves proporciones. Según el Urban Indian Health Institute, en el 2016 se reportaron 5,712 casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en 71 ciudades, de los cuales, tan sólo 116 llegaron a formar parte de la base de datos del Departamento de Justicia. Nuevas leyes federales están ahora haciendo posible cambiar los problemas estructurales detrás de esta crisis.

Debido a la violencia colonial que dio origen a este país, existe un patrón de falta de colaboración entre el estado, el FBI, gobernaciones locales y gobiernos de las naciones indígenas. Las fuerzas policiales indígenas carecen de recursos y jurisdicción más allá de la frontera de las reservaciones, mientras que las autoridades estatales y federales se han aprovechado de estructuras coloniales para desatenderse de los casos, como si las personas de los pueblos originarios fueran ciudadanos de excepción o vivieran bajo una ciudadanía subrogada o de segunda clase. “Las prácticas institucionales permiten que [las personas] desaparezcan no una, sino tres veces—en vida, en los medios y en la recolección de datos,” explica el reporte. 

Organizaciones como el National Indigenous Women´s Resource Center y la Coalición para Frenar la Violencia Contra las Mujeres Indígenas han trabajado por décadas para hacer esta crisis visible y crear recomendaciones jurídicas a nivel nacional e internacional que ayuden a solventar el problema. La llegada del presidente Joe Biden, pero más aún, la designación de la Secretaria del Interior Deb Haaland, ha desencadenado una serie de oportunidades y cambios administrativos y políticos de profundidad en este país.

En atención al Not Invisible Act, en enero de 2021 la Secretaria del Interior y la oficina de la Fiscalía General anunciaron la creación de una Comisión Conjunta que incorpora a representantes de las policías tribales, estatales y locales; jueces tribales; sobrevivientes Nativoamericanos de la trata de personas; profesionales de la salud y la salud mental que tienen experiencia trabajando con sobrevivientes nativos americanos de trata de personas y agresión sexual; organizaciones indígenas urbanas centradas en la violencia contra las mujeres y los niños; y familiares de indígenas desaparecidas o asesinadas.

Además, el Departamento del Interior creó una unidad especial, Missing and Murdered Unit, para concentrar los recursos de los casos de las personas desaparecidas aún no resueltos. El problema de la violencia contra personas indígenas, mujeres, niñas, adolescentes y dos espíritus no termina porque el marco jurídico permite la impunidad, la carencia de documentación y de investigación incluso.

En la exposición de motivos, Biden expresa la dolorosa realidad de que una de cada dos mujeres Nativoamericanas son víctimas de violencia sexual y de género. Y que las personas Nativoamericanas LGBTQ y “dos espíritus” también son a menudo objeto de violencia, la mayoría habiendo informado haber sido víctimas de un individuo no Nativoamericano.

Por primera vez el gobierno federal se compromete al uso de los recursos jurídicos federales para combatir estos delitos e incluso reconoce a la violencia como un problema de salud pública, abriendo las puertas a recursos y la atención del Departamento Nacional de Salud. La orden ejecutiva promueve acciones interinstitucionales (cosa que no ha sucedido antes) para que el Departamento de Justicia, el Departamento del Interior y el Departamento de Seguridad Nacional trabajen en coordinación, buscando combatir la trata de personas y promoviendo alertas de desaparecidos (Amber Alert) en los territorios indígenas con mayor eficacia. La orden también crea una estructura dentro del Departamento de Justicia para hacerse cargo de los casos con jurisdicción federal.

Además ordena establecer jurisdicción penal especial contra la violencia doméstica en territorios indígenas, al otorgar recursos para que jurisdicciones indígenas puedan atender casos penales y servicios a las víctimas. Ofrece ayuda para lograr que las entidades de las Naciones indígenas puedan “aplicar prácticas lingüísticamente apropiadas, informadas sobre el trauma y centradas en las víctimas al trabajar con víctimas de delitos, y para desarrollar estrategias de prevención y reconocer los indicadores de la trata de personas que afectan a los Nativoamericanos.”

En general, la nueva disposición del gobierno federal norteamericano ayuda a crear las condiciones jurídicas para que, por fin, el estado nación tenga obligaciones jurídicamente vinculantes con sus pobladores originales. Establece plazos y compromisos de cumplimiento. En papel, el nuevo decreto ofrece abrir la puerta a posibles soluciones en materia de justicia. Esperemos que esto sea posible para lograr el establecimiento de una ciudadanía de pleno derecho para los habitantes originales, a quienes les ha sido negada durante la existencia de Estados Unidos como nación.

*Pável Uranga fue el primer Jefe de Investigación Histórica de la Fiscalía de la Guerra Sucia en México, es experto en violencias de género, co-fundador del Obervatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México, estudioso del tema de la Trata con Fines de Explotación Sexual en tres países diferentes, autor del estudio “La Trata ante el espejo: Una aproximación al trabajo sexual esclavo en Ecuador. Frontera Norte”, en 2012. 

De esta manera, el genocidio cultural, las prácticas de asimilación forzada y violaciones de derechos humanos de los Nativos Americanos en los internados indígenas (entre 1870 y 1970 hubo 367 escuelas o internados forzados en 30 estados), podrían ser puestas finalmente bajo estricto análisis de documentación y posiblemente sancionadas. La NABS hasta ahora ha logrado localizar documentación de tan sólo 38% de los internados.

Una Comisión de la Verdad es sin duda de gran importancia para documentar el impacto y los efectos continuos del trauma histórico e intergeneracional en las comunidades, y para proporcionar un foro para las víctimas y familias indígenas sobre los impactos personales de violencia física, psicológica, simbólica y espiritual. Sin embargo, para que realmente una Comisión tenga incidencia en la vida política interna de las comunidades afectadas, es importante analizar el papel y efectividad de Comisiones de la Verdad en diversos países.

Las Comisiones de la Verdad, para poder ser exitosas, deben contar con la voluntad política de cada gobierno para dar apertura y acceso a las instituciones en la investigación y documentación de los casos. Debe haber interés e involucramiento de las víctimas y los testigos, y por lo tanto, confianza plena en el proceso y en la composición de sus integrantes, para lograr participar y colaborar con la investigación. La decisión sobre su creación debe contar con voluntad política, por eso se busca la participación del legislativo en su conformación. Y aunque resulte obvio decirlo, para que pueda funcionar el proceso, en el país deben haber cesado las prácticas que originaron la necesidad de iniciar una comisión. Como lo indica este artículo del Harvard Law Review, la propuesta legislativa estadounidense, originalmente redactada por Deb Haaland y Elizabeth Warren, incluye muchos de estos componentes, así como ayuda financiera destinada a sanación mental y cultural tradicional, incorporando una reforma educativa nacional para incluir en los libros de texto la historia  de lo sucedido. 

Las Comisiones de la Verdad son una herramienta de justicia transicional, pero no pueden ser la única para llegar a la justicia. Cada Comisión debe tener un mandato específico, con facultades plenas, y su alcance para determinar si sus resultados serán jurídicamente vinculantes o no. Los responsables de los crímenes siempre son actores elusivos, ligados al poder económico y político, y por ello mismo, muy difíciles de perseguir y sancionar, por lo que cada país debe crear su propio modelo basado en los resultados de la investigación.

Cada país debe determinar su propio proceso de esclarecimiento de la verdad histórica, la verdad jurídica y la reconciliación nacional, para dar paso a la reconstrucción del tejido social perjudicado por el conflicto, el abuso y el crimen. Su composición debe ser representativa y neutral, en el caso de un conflicto interno, pero en el caso de los internados en los EEUU, la Comisión de la Verdad debe estar conformada por representantes de los afectados y víctimas de la violencia de estado. Lo ideal es buscar apoyo internacional, en cooperación técnica (expertos juristas y en derechos humanos, y medios de comunicación). Ese es el ideal planteado por las Naciones Unidas en base a una experiencia colectiva de más de 70 años de trabajo en justicia restaurativa. 

Obstáculos a un proceso justo

Ignorar las conclusiones y recomendaciones de una Comisión en base al mandato de las Naciones Unidas—construcción de la verdad, impartición de justicia, verdad jurídica con sanciones a los responsables y reparación del daño y garantía de la no repetición—ha sido una de las principales fallas en la efectividad del proceso. Las vinculaciones personales de los comisionados, los fuertes lazos institucionales de dependencia del gobierno en turno, así como la sólida presencia institucional de los presuntos responsables en las esferas gubernamentales, han sido obstáculos insalvables para alcanzar la verdad histórica y reconciliación nacional. Quiero mencionar dos ejemplos.

El primer caso, por ser el que conozco de primera mano, pues fui parte de él, es el de mi país México. El Estado decidió que no podía manejar “adecuadamente” una Comisión de la Verdad. Según los responsables de la impartición de justicia, México era lo “suficientemente fuerte institucionalmente” para dar cabida en sus mismas instituciones a una rama de la Fiscalía Pública que sería responsable de investigarse a sí misma. Con ese vicio de origen, nace la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP, mejor conocida como Fiscalía de la Guerra Sucia).

Fuimos convocados las víctimas de la guerra sucia a incorporarnos a esa instancia, no como parte deliberativa del proceso, no como actores, sino como parte de la investigación histórica. No como sujetos de derecho con la posibilidad de incidir en el proceso, sino como objetos de derecho. No se buscó nunca crear un proceso de acercamiento a las víctimas para que brinden testimonios públicos de lo sucedido. No se abrió un proceso nacional de debate y reconciliación. No tenía un presupuesto adecuado. Sin autonomía. La mayoría de los actores, responsables de las violaciones a los derechos humanos, seguían en activo, detentando incluso más poder político que cuando cometieron los crímenes de lesa humanidad. El resultado catastrófico fue que se canceló, jurídicamente, la posibilidad de alcanzar una verdad histórica. 

El poder judicial decretó que los delitos que se documentaron habían prescrito, y declaró toda la investigación como abierta—y por ende, que impide al público acceder a la información de investigaciones ministeriales en curso— y como cosa juzgada—que impide que nadie sea juzgado dos veces por el mismo delito, y por ende, cerrando cualquier posibilidad a futuros litigios. Al final, una auténtica pieza de relojería simétrica se cerró sobre la verdad histórica para cancelarla. El trabajo final de la FEMOSPP fue la creación de un mecanismo institucional, del Estado, que validó los crímenes cometidos por el Estado mismo y decretó su silencio eterno. 

El Estado mexicano ha pretendido, por diferentes vías, a través de diferentes gobiernos, ofrecer “disculpas” a las víctimas de la guerra sucia, de las desapariciones forzadas, tortura, y crímenes de lesa humanidad. El Estado debe disculparse como parte final del proceso; hacer esto al inicio del proceso sólo busca que las víctimas perdonen al Estado por los crímenes cometidos en su nombre, es decir, con disculpas vacías. Sólo se busca más impunidad. Después de ese resolutivo final de la FEMOSPP, las fuerzas armadas responsables de los delitos de lesa humanidad han ascendido en la escala de poder en México hasta casi crear condiciones de tener un Estado aparte, con una dinámica sin rendición de cuentas y total impunidad.

Siguiendo con el análisis, el segundo caso, el gobierno de Guatemala acuerda la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) al fin formal de la guerra, como parte de los Acuerdos de Paz con la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca). Éste tuvo un problema similar al de México: los actores que habían cometido violaciones a los derechos humanos ocupaban puestos legislativos, gubernamentales e inclusive, en el ejército. Se pretendía que la Comisión cumpliera sus funciones sin autonomía y sin presupuesto. La Comisión no tenía facultades jurídicas vinculantes y su mandato era limitante. No generó un debate nacional sobre la reconciliación, la verdad y la justicia. Los testimonios de las víctimas se limitaron al ámbito judicial (de nuevo, objetos de derecho), y al final, el mecanismo acordó no señalar responsables y no emitir procesos judiciales. Por lo tanto, la impunidad como norma, en vez de prevenir hizo permisible la repetición hasta nuestros días de las mismas dinámicas que generaron la investigación de la CEH. En las selvas y montañas de Guatemala se siguen asesinando indígenas impunemente.

Es de resaltar que cuando una Comisión de la Verdad no cumple con su cometido histórico, jurídico, ético, cultural, y social, las consecuencias, como lo han demostrado los procesos fallidos, suelen ser adversas y catastróficas para la sociedad.

El ejemplo de Canadá

En el caso de Canadá, entre 2007 y 2015 el gobierno abrió un proceso nacional de investigación de internados para niños, niñas y jóvenes indígenas que incluyó la instauración de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, para hacer cumplir los requerimientos de una de las demandas colectivas más grandes de la historia. En junio de 2015, la CVR presentó el resumen ejecutivo de los hallazgos contenidos en su informe final de varios volúmenes, incluidos 94 recomendaciones urgentes.

En contraste con otras comisiones en el continente, la Comisión en Canadá estuvo integrada por seis comisionados, cuatro de los cuales eran miembros de las Primeras Naciones del Canadá, lo cual de entrada generó certidumbre y confianza en el proceso. La Comisión tuvo un presupuesto propio ($72 millones durante todo su mandato), medios de comunicación y socialización, vínculos legislativos, facultades jurídicas vinculantes, y contó con el respaldo ético y político de los diversos gobiernos locales y nacionales. Los actores, los testigos, los mismos integrantes de la Comisión actuaron como sujetos de derecho, como deliberantes en un proceso que los incorporó desde un principio como parte integral e indispensable de la investigación. Los resolutivos son históricos, reconfortantes y abren la puerta a un verdadero proceso de reconocimiento estatal por los abusos cometidos, así como el principio de sanación. 

Todavía hoy en día se puede observar el resultado del trabajo de la comisión en el descubrimiento de los restos de niños y niñas que sucumbieron a las políticas y abusos de los internados.

Del trabajo exitoso de esa comisión nace también entre 2016-2019 una Comisión Nacional de Investigación con funciones de comisión de la verdad para investigar, documentar y resolver los casos de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. En principio, ese fue el mandato específico de la Comisión, pero puede también servir como ejemplo para una comisión en los EEUU. Si alguien tiene interés en el análisis específico de esta comisión, ya hemos escrito sobre ello y lo pueden acceder aquí.

Cabe recalcar que en su diseño, el alcance jurídico y las facultades de la Comisión Nacional de Investigación en la Desaparición y Asesinato de Mujeres y Niñas Indígenas, eran autónomos, independientes y auto normativos. Así que conforme fueron avanzando en la documentación de casos, el mandato de la Comisión se fue ampliando, hasta finalmente abarcar “Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas y gente Dos Espíritus LGBTQQIA” reconociendo el prejuicio primario con que el Estado ha actuado históricamente contra esos fragmentos vulnerabilizados de la población.

En su trabajo de investigación y rendición de cuentas, se construyó un proceso nacional abierto de testimonios públicos, con presencia de la prensa, que abrió un debate nacional sobre los efectos de la política genocida del Estado contra sus Primeros Habitantes. 

Reconoce el trauma histórico, multi-generacional e intergeneracional, el proceso de marginación económica y social, la falta de voluntad política de los gobiernos en solucionar lo anterior, así cómo una sistemática e intencional omisión de la experiencia y asistencia de las mujeres y personas Dos Espíritus y LGBTQQIA. El informe define la violencia estructural como producto de un todo generalizado, una relación social entre personas blancas y personas de las Primeras Naciones basada en la discriminación, racismo, colonialismo, cristianización forzada, violencia de género, y cierta intencionalidad genocida con deseo de eliminación de un grupo o nación. 

Como parte de su trabajo, la Comisión establece una hoja de ruta, un cronograma de cambios necesarios, legislativos, de gobierno (federal y locales). Las recomendaciones incluyen la reparación del daño, en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo político. Reconoce los derechos a la cultura, a la salud, a la seguridad, a la justicia en un gran total de 231 cambios imperativos a nivel federal. Es necesario seguir observando el proceso para evitar desviaciones o falta de cumplimientos, pero el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación en Canadá está en la ruta adecuada gracias al trabajo incansable de sus miembros.

Viendo con esperanza hacia el futuro

En su reporte sobre una Comisión de la Verdad y Reconciliación para los EEUU, el Lakota Law Project, un grupo de litigación de y para los pueblos indígenas, alude al proceso de Canadá como un ejemplo a tomar: “Hace mucho tiempo comenzamos un proceso renovado de verdad y reconciliación, tal como lo ha hecho recientemente el gobierno de Canadá. Este es el camino hacia la sanación para todas las partes… Estados Unidos debería seguir el ejemplo de Canadá y establecer una comisión de la verdad y reconciliación sólida y bien financiada sobre los internados indígenas estadounidenses.” Menciona además la necesidad de reconocer que los internados Canadienses fueron creados emulando políticas etnocidas ya existentes de asimilación forzada de los EEUU. Así mismo que el sistema de hoy en día de extracción forzada para la adopción temporal de niños y niñas indígenas o foster care, extirpados de sus familias por razones de “seguridad”, es una herencia de aquellos internados y continúa afectando a las comunidades indígenas. El número de niños, niñas y jóvenes indígenas en el sistema de foster care de los EEUU es mucho más alto en comparación con su población y tan sólo la mitad son devueltos a sus comunidades indígenas. 

Una Comisión de la Verdad y Reconciliación en los EEUU se hace urgente, por lo tanto, para enfrentar su oscuro pasado colonial así como problemas actuales de inequidad social heredados de ese pasado colonial, pero quedamos con la esperanza del ejemplo de los pueblos en Canadá que han logrado dar pasos certeros hacia el esclarecimiento y justicia.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

• Llamado de la National Native American Boarding School Healing Coalition (NABS) por legislación que abra el proceso de una comisión de la verdad
• Truth and Reconciliation in the United States of America, un reporte por el Lakota Law Project
• The Final Report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, National Inquiry Commission
• Truth and Reconciliation Commission of Canada del 2007

*Pável Uranga fue el primer Jefe de Investigación Histórica de la Fiscalía de la Guerra Sucia en México, es experto en violencias de género, co-fundador del Obervatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México, estudioso del tema de la Trata con Fines de Explotación Sexual en tres países diferentes, autor del estudio “La Trata ante el espejo: Una aproximación al trabajo sexual esclavo en Ecuador. Frontera Norte”, en 2012. 

Marx, hay que decirlo, como todos los intelectuales del siglo XIX, es heredero de la ideología del determinismo Darwinista, influenciado por el Destino Manifiesto civilizatorio del Cristianismo. Lenin retoma la ideología Marxista y la convierte en manuales para la construcción de “la dictadura del proletariado” (que hoy por ejemplo son usados por la extrema derecha global, para lanzar sus proyectos de toma del poder), en la que no cabía los derechos de la naturaleza ni los defensores de la misma, y por ende, los pueblos indígenas. Éstas, hay que decirlo, son la raíces de la democracia socialista.

Las experiencias de los proyectos políticos del llamado Socialismo del Siglo XXI (SSXXI) en Latinoamérica han tenido diversos derroteros. Si bien cada proyecto se apoyó originalmente en la oleada gigante de movilización-organización indígena y popular que cambió el rostro de muchos países de la región, cada uno de ellos ha terminado deslindándose mutuamente. El «folklore indígena» es utilizado por esos regímenes como un espacio de atracción turística y «cultural», incluso como propaganda política, y no como una política de estado para proteger los derechos de la autodeterminación los pueblos. Las hermosas imágenes de los coloridos tejidos indígenas son bien vistas en el contexto de atraer capitales extranjeros, no como la identidad de personas que demandan derechos, incluyendo la autonomía, diversidad cultural, educativa, o economías locales sustentables.

Esos regímenes, se han apoyado teóricamente en una generación de intelectuales marxistas-leninistas, blancos, europeos, y que padecen de la misma incapacidad innata del materialismo dialéctico de entender otra naturaleza que no sea lo material, lo productivo. En sus argumentos, al final lo que se denota, en forma lamentable, es una profunda ignorancia y desprecio no solo por la espiritualidad indígena, sino incluso por la historia, e incluso ahora, en medio de la pandemia, desprecio por la lógica, pues su ciencia no es capaz de explicar que el extractivismo desarrollista, práctica que comparten con gozo con el mundo capitalista, es el responsable del cambio climático y las condiciones que generaron la existencia del COVID 19.

Se pueden notar afirmaciones exclusivistas como, “[el ecologismo] es una religión apenas camuflada: el terror milenarista, la preocupación por todo excepto el propio destino político de los pueblos… los derechos de la Naturaleza’ es una forma contemporánea de opio para las masas…. Puesto en palabras simples: La Naturaleza no existe” de Alain Badiou (EE, 159-60). “¿Cuál es nuestra mayor fuente de energía hoy en día? El petróleo… Las reservas de petróleo que benefician al planeta son remanentes de materiales de una catástrofe inimaginable… la ecología de a poco pase a ser un nuevo opio de las masas” Slavoj Žižek.

Pretenden así descalificar los sistemas de protección de la naturaleza que desarrollaron los pueblos originarios y que durante más de 5 mil años mantuvieron un equilibrio ambiental.  Al abandonar la posibilidad siquiera de entender la espiritualidad, las diversas cosmovisiones, y la lucha por la territorialidad indígena, el leninismo marxista ha dado la espalda a la mayor lucha anticapitalista del siglo XX y lo que va del Siglo XXI: la reivindicación de los derechos históricos y políticos de los pueblos originarios. Para los pueblos indígenas, la protección de la Madre Naturaleza es parte integral de un sistema de vida que les da razón de ser, incluso la defensa de la lengua se convierte en un espacio de protección cultural territorial indispensable para la sobrevivencia de los pueblos, y así lo defienden, literalmente con sus vidas.

El Tren Maya Como Proyecto Neocolonial

En México, después de décadas de lucha del movimiento indígena, campesino y de las organizaciones de la sociedad civil, se creó un “movimiento” para cristalizar los esfuerzos históricos para derrotar a PRI-partido de estado, y sus aliados de la derecha, el PAN, para dar paso a la presidencia en forma reciente (MORENA y AMLO). Apenas a unos meses después de ganar la elección, el gobierno de México se desligó del movimiento social, de las organizaciones indígenas e incluso dio paso a una confrontación. En una afán “modernizador” ha retomado y extremado las políticas extractivistas del viejo régimen, violentando incluso la Constitución y los Convenios Internacionales firmados por el país en materia de derechos indígenas (acceso a fondos del estado, a la consulta previa, a la salud, entre otros).

El Mega Proyecto del llamado “Tren Maya”—cuyo plan es atravesar de lado a lado el territorio nacional, contagiando de COVID 19 a trabajadores del proyecto y pobladores originarios, así como destruyendo sus comunidades, lugares sagrados, vestigios arqueológicos, y dañando irreversiblemente el ecosistema selvático ahí prevalente—fue denominado un «proyecto esencial» durante la pandemia. Los pueblos indígenas de diferentes regiones se han organizado para resistir el proyecto, incluso tomando medidas legales para frenarlo. Algunos pobladores indígenas de Oaxaca, han tomado medidas de hecho, en demanda de un hospital local no están permitiendo que avancen las obras. La respuesta del estado ha sido, “Las labores del Corredor Transístmico no se paran ni con la pandemia ni con los sismos.”

Recientemente, el gobierno, a través de la oficina de turismo, ha reconocido que en el contexto de la construcción del llamado Tren Maya, puede estar cometiendo actos de etnocidio pero: “El etnocidio puede tener un giro positivo, el ‘etnodesarrollo’.”

La «cuarta transformación de México» (4ta) enarbola la bandera del SSXXI como pasados gobiernos del sur, que de fondo nunca superaron el desarrollismo extractivista, poniéndolo a la par de los gobiernos neoliberales que utilizan la depredación para «impulsar» la economía. En términos concretos, el proyecto económico de los regímenes del llamado SSXXI son muy similares en objetivos al Liberalismo del Siglo XIX, antidemocrático y autoritario, e incluso se identifica y retoma sus héroes.

Tomemos, por ejemplo, la forma en que la 4ta enarbola la imagen de Benito Juárez  “el único presidente indígena” de México, como baluarte infranqueable. Juárez era el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, nacido indígena zapoteco, que prefería hablar francés (antes de la invasión francesa), que llegó al poder en 1857 por un golpe de estado (Comonfort vs Juan Álvarez) y se quedó ahí 15 años, hasta el último de sus días. Juárez decretó la uniformidad educativa en español, con lo que se promovió la desaparición de decenas de lenguas indígenas originarias. Después de que el pueblo de México derrotara a la invasión francesa, un grupo de campesinos liderados por el agrarista Julio López inició una revuelta para repartir tierras a los campesinos desposeídos, distribuyendo copias del manifiesto comunista (de Marx). Juárez tomó parte por los dueños de los latifundios y mandó ejecutar a los alzados, sin juicio.

Benito Juárez no gobernó con una cosmovisión indígena, lo hizo como liberal de derecha. Incluso la radicalidad mayor que se le atribuye, el estado laico, fue propuesto por la Revolución de Ayutla que Juárez ayudó a derrocar.

Una Advertencia para los Socialismos del Norte

Para la ortodoxia ideológica, los pueblos indígenas son un obstáculo a su idea de desarrollo. El proletariado que la ortodoxia impulsa es para un solo país, una identidad, un estado, una cultura, un idioma, y no admite variaciones culturales por considerarlas “burguesas” (la espiritualidad indígena es una veleidad), y por ejemplo, termina analizando siempre en forma reduccionista el “problema indígena,” como un asunto de tenencia de tierra, porque quiere entender: indígena = campesino.

En forma lamentable, el materialismo dialéctico no provee de herramientas teóricas para entender la espiritualidad indígena, y esa castración de origen (solo puede ver obreros, campesinos y proletarios), rompe su posibilidad de acompañar, comprender, solidarizarse y ayudar a sostener los sistemas del Sumak Kawsay de los pueblos originarios. El proyecto del SXXI es económico. “El  gran  desafío  de  nuestra época,  es  lograr  sociedades  dominando  el mercado y no mercados dominando sociedades,” afirman con orgullo, muy cercano a las prácticas neoliberales en sus formas y sus recursos. El proyecto indígena es holístico, no lineal, integrador de una visión hermenéutica del mundo, en la que el ser humano es una pequeña parte de un todo gigantesco, colosal, que se nutre de todos sus integrantes.

En un sentido estricto, los gobiernos que se identifican con el auto llamado SSXXI han promovido una idea colonialista republicana, de tomar la tierra porque pertenece a “la nación”, y han desarrollado una depredación de los territorios ancestrales sagrados de los pueblos originarios. También han implementado políticas extractivas expoliadoras del medio ambiente, e incluso ha dado pasos a cometer actos de etnocidio para lograr sus metas, lucro para el estado-nación por encima de los pueblos.

Cabe resaltar que hay una buena produccion academica en Latinoamerica sobre este tema, que proviene de haber pasado ya por variados regimenes del socialismo del siglo XXI, unos mas autoritarios que otros. Por ejemplo, Horacio Machado Áraoz comenta:

Como ya hemos señalado en otros trabajos, salvo notables excepciones, el pensamiento predominante de izquierda en general–por diferentes vías argumentativas y en distintos contextos histórico políticos–, ha tendido a desconsiderar, soslayar y/o minimizar la problemática ecológica, escindiéndola de las cuestiones cruciales de la dominación capitalista […] Más allá de las grandes diferencias que los distinguen, estos “socialismos de crecimiento” han coincidido en abrazar la fe en el “desarrollo de las fuerzas productivas”, como condición y vía inexorable para la superación de las contradicciones del capitalismo.”

Sin embargo, en este momento, a nivel continental desde Alaska, Canadá, Estados Unidos hasta el último territorio de la Patagonia, la vanguardia del movimiento social, quienes tienen más represión, más iniciativas, más muertos, mayor ámbito de influencia en los países, y contra quienes los gobiernos hacen esfuerzos sistémicos por descalificar, desmovilizar, desfinanciar, y desmantelar es el movimiento indígena y su defensa irrenunciable de la Madre Tierra. Los espacios de vulnerabilidad a que se encuentran sujetos los pueblos originarios han agudizado la incidencia de la pandemia, y aún así, no renuncian a su convicción milenaria de ser uno mismo con la Pacha Mama, con todo los seres vivientes. Para los pueblos indígenas, la geometría política—izquierda o derecha en el gobierno— no cambia los resultados, solo el discurso.

Antes de la llegada de los españoles al Abya Yala, los pueblos indígenas sostenían dinámicas culturales propias, tan antiguas como más de dos mil años antes de nuestra era, en algunas áreas incluso más antiguas. Con la llegada de los españoles, todo fue profanado:  pueblos, culturas, antecedentes (pirámides, códices, lenguas, tradiciones, representaciones escritas, artísticas).

Hay un pueblo en la cintura del Abya Yala que casi perdió todo: sus edificios fueron destruidos, su lengua fue prohibida, sus vestigios, incluso sus escritos y vasijas destruidas (muchos de los cuales fueron amablemente “salvados” en los 1960s por el Cardenal Lorenzo Antonetti, nuncio apostólico que puso un museo personal en Génova para exhibir sus “hallazgos”). A pesar del saqueo y la agresión, el Pueblo Lenca pudo conservar su identidad, su vestimenta colorida, pero sobre todo su potente espíritu comunitario, generoso, único.

Un ritual del Pueblo Lenca que sobrevivió es el Guancasco, un ritual de Paz entre Pueblos Indígenas que era usado como instrumento de reconciliación y resiliencia entre comunidades. Con los años, incluso para su sobrevivencia, el Pueblo Lenca rodeó el ritual de imaginería católica, y poco a poco la iglesia se fue tomando la celebración como suya. Como un acto más de rebeldía, los Lencas usaron la imagen de un Cristo Negro para ser usado en sus celebraciones, y lo sacan a pasear cuando hay Guancasco, cuando hay que ir a repartir Paz con los hermanos de los pueblos vecinos.

Fuera del alcance de curas y párrocos, los guardianes del Pueblo Lenca, en sus alcaldías tradicionales de La Vara Alta, resguardan con celo sus reliquias ancestrales que no son exhibidas y que sólo salen de sus sarcófagos para ser usados en un Guancasco. El ritual es simple, hermoso. Un día, se junta el pueblo en la plaza del pueblo, con sus mejores vestidos multicolores y sale al camino en procesión de chirimías, tambores, gritos y cantos, a buscar el camino que lleva a un pueblo vecino. Del pueblo vecino, sale también su gente con ánimos de encuentro, de paz, de concordia, y avanzando al ritmo de los más lentos, los ancianos del pueblo, ambas comunidades marchan a encontrarse en algún punto de la mitad del camino.

Cuando se encuentran hay dulce alborozo, ternura, música, abrazos, sonrisas, esperanza, copal, incienso, compartir la sensación de que la paz es posible, ahí, en medio del camino de tierra, en la humareda y la polvareda crece la paz como un árbol gigante que abraza y cubre a todos con su sombra.

Se comparten lo poco de comida que alguien trajo, el agua, la chicha, el pan que recorren de mano en mano, siempre poco pero siempre suficiente.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), con Salvador Zúñiga y Berta Cáceres a la cabeza, aprendió pronto que la espiritualidad indígena es parte muy importante del desarrollo político del pueblo Lenca, y así la respetan, incorporando y transmitiendo esta enseñanza a las nuevas generaciones.

Si bien el Guancasco ha sido usado por la Iglesia Católica durante muchos años como un ritual de temporada más, carente de significado, el COPINH se propuso y ha logrado resignificar el ritual y darle un contenido político de reconciliación entre los pueblos, lucha por la vida y defensa de los territorios. Comenzaron a desarrollar sus propios Guancascos, fuera de las temporadas religiosas, con un significado  ritual político, de construcción de poder popular, de recuperación cultural, de reconciliación, e incluso de incorporación de nuevos pueblos a la organización.

El COPINH es una organización indígena ambientalista que protege las aguas de los ríos, los bosques contra la tala, la Tierra que alimenta y protege y los Territorios que dan identidad, cultura y fuerza a la comunidad. Han pagado con sangre: los asesinatos de Berta Cáceres (Premio Goldman 2015), Tomás García, Nelson García, Lesbia Urquía son muestra viva del sacrificio hecho por el Pueblo Lenca por preservar su cultura, su medio ambiente, su posibilidad de vivir en paz.

El Guancasco reconcilia, hermana, ayuda a crecer, impulsa iniciativas, une y ayuda a recordar a las hermanas y hermanos caídos en la lucha por la paz, la justicia, la reconciliación y la justicia.

Para más información: COPINH

¿Qué es la Colectiva K-luumil X’Ko’ olelo’ob?

Nuestra organización, K-luumil X’Ko’ olelo’ob, que significa “Tierra de Mujeres” en maya peninsular. Somos una organización de mujeres mayas peninsulares de Bacalar, en Quintana Roo, México. Llevamos cerca de tres años y medio organizadas juntas, y nacemos como organización en el marco de un proceso de defensa que hay en la región desde el 2013, a partir de que se autoriza la siembra comercial de soya en la región, en el sur –sureste de México, y comienza en nuestra zona un proceso de defensa que es liderado sobre todo por compañeros mayas de un colectivo de semillas. En ese marco, las pocas mujeres que participabamos en el proceso, hicimos varios intentos de convocar a las actividades que habían en el proceso, para sumarlas.

Entonces no teníamos la convocatoria que esperábamos, y fue hasta el 2016 que tres de nosotras nos sentamos, con la voluntad de mirar que es lo que necesitaríamos para que las mujeres de nuestra región se sumaran, pero sobre todo queríamos en ese momento que se enteraran. Habían sido ya muchos años de lucha pues, hubo un amparo [de la Corte Suprema de México que suspendió la siembra de soya transgénica por dos años], hubo todo un proceso de formación política, jurídica y demás, donde participaban mayoritariamente de hombres. En 2016 entendimos que el tema de convocatoria tenía que ser diferente al que habíamos estado abordando, el tema jurídico, había una parte agraria, había un tema ambiental, como afectaba la soya también a la agricultura. Entendimos que la convocatoria a las mujeres tendría que ser desde otro lugar, desde otro enfoque. Entonces pensamos que el enfoque que podría ser más sensible para las mujeres era el tema de salud.

Así en 2017 iniciamos una campaña informativa masiva en la micro región, dirigida a mujeres indígenas, donde informábamos sobre los riesgos a la salud asociados al modelo agro-industrial, en específico sobre el uso de los agroquímicos. Junto a eso informabamos sobre el proyecto que estaba autorizado en nuestra región, y que se comenzaba a implementar, sobre el amparo interpuesto (habeas corpus), el fallo de la suprema corte y demás. Ese fue el primer momento donde nace nuestra organización, donde ya no éramos tres mujeres. Uno de los horcones (pilares) de nuestra organización es la salud comunitaria, también los derechos de las mujeres, y la defensa del territorio.

¿Cómo se construye el empoderamiento comunitario que les permite tomar la iniciativa para enfrentar un monstruo del tamaño de Monsanto?

Las mujeres que fundamos la organización, somos mujeres que hemos tenido muchos años de camino en trabajo comunitario, acompañando a mujeres en diferentes procesos. Cuando empezamos a tener esta iniciativa desde nosotros mujeres indígenas organizadas, empezamos a darnos cuenta de una serie de respuestas a nivel comunitario que tienen que ver con la falta de espacios propios. Vimos en la primera campaña una serie de situaciones que interpretamos como delicadas, que personalmente me sorprendieron. Nosotros informábamos con el afán de prevenir cuestiones de salud, y nos sorprendió saber que ya había comunidades que tenían muertos por intoxicación por el uso de los químicos, varios casos de intoxicación severa por consumo de alimentos fumigados, por ejemplo, por el uso de glifosato.

También había cuatro comunidades que tienen muchos casos de cáncer, en comparación con, por ejemplo, mi comunidad que estamos a 35 kilómetros de esas comunidades. Fue muy fuerte mirar que en estas comunidades estaba pasando eso. Pero lo más triste fue darse cuenta que no era solo a causa del proyecto, no eran lugares que tuvieran monocultivos extensivos, sino que en estas comunidades indígenas se daba esto porque existe una producción intensiva de diferentes tipos de hortalizas que se comercializan en el norte del estado, en toda la Riviera Maya y en Cancún. Esta producción intensiva hace a los campesinos producir y tener que poner muchas cosas. Eso nos dio un golpe muy fuerte,  darnos cuenta de que esto es mucho más grande, porque la práctica viene de nuestros iguales. No es por medio de un cultivo extensivo de Monsanto, ni nada, sino la gente misma, apropiándose de un modelo que no es propio del pueblo indígena, pero que se asume por las políticas públicas que desde los años 80 se vienen dando y que tienen una producción más intensiva.

Eso también nos hizo pensar que teníamos que abordar el asunto con mucho más cautela, cuando informamos a las mujeres sobre los riesgos de la salud, algunas quedaban muy agobiadas, porque la sintomatología que comentamos era algo que miraban en algún familiar, el esposo, o el papá, e inmediatamente hablaban de todas estas muertes, le encontraban una causa a las enfermedades que había en las comunidades. Había mucha frustración, en términos de: “Aunque yo le diga a mi esposo o le diga a mi papá, no va a dejar de usar los químicos porque no me cree”. Porque yo no puedo decidir que use o no, porque necesita producir de cierta forma para tener una economía familiar (fuerte).

Eso está más cabrón, porque ahí entendimos que es comenzar a mirar que la lucha nuestra por el territorio, más que mirarla para afuera, tenía que ser al interior de las comunidades e ir tejiendo, bordando capacidades y fortalezas de nosotras las mujeres de comunidades indígenas y rurales, para poder ir transformando esa realidad. Nos dimos cuenta que eso iba a ser mucho más delicado que enfrentarnos con Monsanto, porque Monsanto sí es un monstruo pues y al menos hasta este momento no hemos visto amenazas directas hacia alguno de los líderes.

Pero comenzar a cuestionar la práctica de los varones, o la práctica del medio de vida de los demás, tiene que ver con cuestionar la vida en la comunidad, desde nosotras. A partir de eso, y posteriormente el año pasado que participamos en el Primer Encuentro de Mujeres que Luchan, con las hermanas Zapatistas, eso nos dio una mirada mucho más amplia de que sí, lo que tenemos que hacer es un trabajo para adentro. Pero antes de hacer cualquier cosa, nosotras como colectiva, tenemos que empezarnos a formar, para tener una visión común, mucho más politizada, que fortalezca liderazgos de nosotras, para, a partir de estas mujeres que somos la colectiva, ir desarrollando acciones comunitarias que tengan incidencia en la vida de nuestras comunidades.

¿Cómo se resuelve el supuesto trato igualitario del estado mexicano a los pueblos indígenas, cuando no se brindan apoyos en los idiomas de la gente, ni considerando sus contextos culturales? La política pública muchas veces refuerza la cultura patriarcal de discriminación hacia las mujeres indígenas ¿Como una organización de mujeres indígenas plantea esta reconstrucción identitaria del ser mayas, mujeres, de plantearse otras formas de lucha?

Creo que lo importante, cómo nos miramos ahora, hemos entendido que nuestra colectividad de mujeres indígenas es, por sí misma, una acción política importante, una organización nacida desde nosotras, con autonomía e independencia de pensamiento desde nosotras. En nuestras comunidades existen varias agrupaciones donde participan las mujeres, pero regularmente son a partir de espacios del Estado, o de programas estatales, difícilmente encontrarás autonomía (tal vez las iglesias pueden convocar, pero también es una instancia). Hemos entendido en la colectividad, que desde nuestro mirar, sentir y pensar, que nosotras seamos las líderes, eso ya es un acto político importante. Ir generando eso con más mujeres, teniendo nuestro espacio de formación política, que va hilando y va naciendo algo como un feminismo comunitario, creo que eso es como lo más importante. Nosotras hemos ido entendiendo que en la medida que provoquemos el encuentro de nosotras, para estar en un taller, para estudiar el territorio, para elaborar medicina tradicional, e incluso para cocinar juntas ya es un acto importante. Porque en nuestras comunidades las mujeres rurales disponemos de muy poco tiempo para nosotras, para encontrarnos, por el gusto de encontrarnos, para hablar de las cosas que nos interesan, para organizarnos, para resolver esas situaciones que creemos que pueden cambiar.

Algo que este año ha sido importante es que, con esta mirada de querer sumar a más mujeres y mirar por qué de pronto alguien participa o deja de participar, por qué mujeres que les gustaría participar no lo hacen, eso tiene que ver con el tema de la independencia económica. En ese sentido ya estamos abriendo una línea de fortalecimiento de la economía femenina porque creemos que eso también va de mano con la salud comunitaria indígena y también con el cuidado y defensa del territorio.

En la medida que una mujer tenga independencia económica, va a tener las condiciones para poder tener una participación efectiva, en diferentes espacios, para posteriormente ir teniendo más incidencia en lo comunitario. Nuestra lucha en este momento, más contra el estado grande, tiene que ser al interior de nuestras comunidades, tenemos que ir incidiendo en nuestros espacios, en los espacios de decisión comunitaria, en las asambleas, en las comunidades con los varones y las mujeres. Existe una lógica machista y patriarcal muy fuerte que nos dice que nosotras no debemos estar ahí, que nosotras tendríamos que estar al cuidado de la vida, de la familia, e incluso eso no se valora mucho.

¿Cuál es su política de alianzas?

Hemos tenido la oportunidad de compartir con otras mujeres de México, se han estado abriendo las puertas en diferentes espacios. Una de las organizaciones aliadas a las que agradecemos mucho es el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir que nos ha acercado con otras mujeres y otras organizaciones, para poder compartir. También hemos participado en una nueva red, a nivel mesoamericano. Desde el año pasado estamos organizando un espacio por la defensa del territorio, donde colaboran organizaciones de México y Centroamérica, y eso nos ha permitido acercarnos con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, con la Red Nacional de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio, con la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Poco a poco hemos ido abriendo camino, acercándonos con compañeras que ya tienen un camino bien largo. Eso es muy motivante y refrescante encontrarnos con más mujeres que están luchando desde otras trincheras, porque eso nos hace sentir acompañadas, respaldadas, nos da horizonte y esperanza de lo que estamos haciendo, de que lo que estamos pensando tiene sentido, y nos alienta a seguir caminando.

Miramos que cada vez en México se recrudece más la situación, pero también miramos otras perspectivas de otras realidades a nivel nacional y a nivel mesoamericano, nos hace mirar que todavía tenemos muchas cosas por hacer en nuestra región. En la península de Yucatán, que si bien ahorita está muy amenazada, creo que todavía estamos a tiempo de poder llevar a cabo muchas cosas a manera de prevención. Somos una Colectiva intergeneracional, hay niñas, adultas, la integrante más pequeña tiene 9 años, y  hay compañeras de 68 años. Para nosotras es muy importante que en la lucha estemos las diferentes generaciones, sobre todo las nuevas, porque es una forma de compartir e intercambiar saberes.

Hoy ser defensor del medio ambiente es una actividad de alto riesgo, ¿Cómo vive la organización su actividad en medio de la ofensiva del monocultivo y la permisibilidad del Estado?

Nos preocupa mucho la situación nacional e internacional respecto a las represalias hacia las defensoras y defensores de derechos humanos ambientales e indígenas. Con el actual gobierno hay un doble discurso donde por un lado pareciera que hay una apertura,de diálogo y de construcción desde el Estado con los pueblos, pero en la práctica nos parece que sigue siendo lo mismo o peor.

Porque ese discurso que en apariencia parece muy benévolo confunde a las personas y las hace estar en un estado de despreocupación. Las inhabilita pues. En ese sentido creo que es preocupante.

Por otro lado, hay una estrategia del Estado Nacional con una lógica de apropiarse. Con esto del indigenismo, donde pareciera que hay una suerte de valoración del pueblo indígena, con un uso y un abuso de lo indígena, para poder deshabilitar los movimientos. Nos preocupa mucho mirar que existen líderes que han surgido en otros momentos importantes en diferentes luchas a nivel nacional que ahora se están volviendo parte, en formas directas o indirectas, del Estado, y eso es una forma de ir deshabilitando las mismas luchas.

En nuestra región, en la Península de Yucatán, en comparación con otras regiones del país, estamos en una situación en apariencia menos riesgosa, sin embargo, ya han habido amenazas a diferentes líderes, sobre todo en la lucha contra las (fuentes de energía) eólicas. Lo que sí es un hecho en la Península es que en este año en Tabasco han habido asesinatos de líderes y activistas ambientalistas; eso está muy cerca, aquí en la región sur-sureste. Nos parece que hay un recrudecimiento.

Con el Tren Maya [mega proyecto de transporte interestatal] en Bacalar, Quintana Roo ha habido una especulación tremenda de la tierra, y en el año reciente ha llegado mucha gente de fuera, y ya se está montando la violencia, los asesinatos y desapariciones, que eso aquí no existía. Este proyecto que todavía no se instala, el solo hecho de anunciarlo, ha traído especulaciones y modificaciones en nuestra región.

¿Qué quisieras contarle a otros pueblos sobre su lucha, sobre sus anhelos?

Yo les diría a las hermanas y hermanos indígenas de América que no bajemos la guardia, que debemos aliarnos, unirnos, tejer redes entre nosotras, entre nosotros, porque cada vez el monstruo capitalista está siendo más agresivo. Necesitamos vincularnos, creo que es bien importante que en nuestros pueblos se sumen las mujeres, que haya organización de mujeres que defiendan la vida de todas y todos. Es fundamental el estar de las mujeres en la lucha, el estar de las y los jóvenes. Tenemos mucho por hacer porque no nos pueden quitar esta tierra que hemos cuidado desde hace mucho tiempo, desde nuestras abuelas y abuelos. Tenemos que seguir en pie.

Ahora no estás en México. ¿Qué haces en la India?

Uno de los sueños de nuestra organización es que queremos desarrollar un centro comunitario, con un espacio educativo,  que pueda convocar a mujeres y a niñas, niños y jóvenes de nuestras comunidades para desarrollar la medicina tradicional, para hacer nuestros talleres de formación política, para hacer nuestro espacio de producción de las mujeres, para poder convivir con los compañeros del Colectivo de Semillas Nativas.

En el marco de ese sueño que estamos trabajando, queremos hacer nuestra radio comunitaria también. Tuvimos la invitación este año del BareFoot College, que es como la Universidad de los Pies Descalzos aquí en la India. Nos becaron a tres integrantes de nuestra organización para venir a estudiar ingeniería solar, estamos aprendiendo a hacer instalación de paneles solares, con la intención de regresar a nuestras comunidades, y poder empezar un proceso, sobre todo con las personas que no cuentan con energía eléctrica aún. Pensamos que esta es una gran oportunidad porque nos daría, en primera instancia, poder hacer la instalación en nuestro centro comunitario, pero sobre todo creemos que es una oportunidad para enseñar a otras mujeres, jóvenes, un oficio más, que en este caso es el de ingeniería solar.

Estamos en la India, llegamos en septiembre y nos vamos en febrero. Estamos conviviendo con 50 mujeres rurales e indígenas del mundo, con mujeres de Siria, Egipto, Botswana, Mali, Camerún, Malasia, Tailandia, Colombia, Paraguay e Indonesia. Es una experiencia tremenda, primero porque es un espacio muy inspirador, una escuela muy grande, donde tenemos un aprendizaje cultural muy interesante, en donde buscamos entre todas cómo comunicarnos, porque todas tenemos diferentes lenguas. Pero está siendo una experiencia muy buena para nosotras y muy inspiradora para regresar y hacer mucho en nuestras comunidades. Estamos en el norte de la India, Rajasthan, en una comunidad que se llama Tilonia.

Para más Información, K-luumil X’Ko’olelo’ob

Durante la sesión de la CIDH, comparecieron los liderazgos de las Tribus afectadas por el tránsito del Oleoducto Dakota Access Pipeline, en ella se presentaron testimonios, evidencias y denuncias sobre violaciones a derechos humanos, en forma sistémica por parte del Estado Nacional de los EE. UU. El mismo gobierno norteamericano, compareció en la sesión y reconoció explícitamente que las denuncias eran reales.

Las mayores preocupaciones de la CIDH se centraron en los procesos legislativos en los EE. UU. para criminalizar la protesta social, la carencia de medidas de protección a los defensores de derechos humanos, y la falta de protección jurídica de las comunidades Nativas Americanas en su derecho territorial y a ser consultados.

El caso del Dakota Access Pipeline (DAPL)

Las primeras naciones Nativo Americanas, en territorio estadounidense, en general viven bajo condiciones de altísima segregación cultural, política, jurídica, económica y social. Auténticos ghettos de apartheid en dónde la Constitución, los derechos civiles, la democracia y la justicia son ilusiones lejanas o muy difíciles de conseguir. Las condiciones jurídicas, incluso dictaminadas por juzgados, califican los derechos jurídicos como inejercibles para quienes pertenecen a las comunidades Nativo Americanas y que viven en territorios “protegidos” por alguno de los Tratados firmados con el Gobierno Federal.

Ahora incluso, no es necesario que la tierra sea productiva para despojarlos de nuevo. Ahora hay expropiaciones de tierra, porque por ahí van a pasar –como cuando el ferrocarril, o las carreteras- los oleoductos.

Los oleoductos petroleros, no sólo son una de las infraestructuras de ingeniería menos eficientes y con más accidentes en la historia de la humanidad[1], expanden una ola de riesgos ambientales exponenciales. Bajo la figura jurídica de Dominio Eminente, es legal decomisar o expropiar tierras comunales para instalar los oleoductos.[2]

Así las cosas, es un problema ser Ciudadano Norteamericano – Nativo Americano, porque sus derechos son prácticamente nulificados por determinaciones burocráticas. Cuando una comunidad, en este caso la Gran Nación Sioux o Oceti Šakowiŋ, cuyo territorio es reconocido formalmente en el Tratado de Laramie de 1851 con el gobierno de los Estados Unidos, decidió hacer valer la letra de los Tratados que le dan razón de ser a la posesión territorial y la paz con este país; el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU, un organismo burocrático menor del Gobierno Federal, decidió sin ningún proceso de consulta, que el diseño del DAPL por una corporación privada (Energy Transfer Partners), con ingresos privados, y un proyecto de construcción de un oleoducto privado para la extracción y traslado de petróleo privado era legal para hacer valer el Dominio Eminente[3] (instrumento jurídico usado en bien público) y tomar las tierras Oceti Šakowiŋ.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU., violó la sección 106 de la Ley de Preservación Histórica Nacional, y otras leyes y políticas federales, y el organismo emitió los permisos en ausencia de una consulta significativa y sin el consentimiento libre, previo e informado de las tribus afectadas: Standing Rock Sioux, Yankton Sioux y Cheyenne River Sioux.

Sumado a las múltiples violencias institucionales, el corporativo Energy Transfer Partners contrató a una ilegal compañía de seguridad, TigerSwan[4], para brindar seguridad al trabajo ilícito de instalación del oleoducto privado. Los funcionarios tribales de Standing Rock informaron al gobierno federal y a los gerentes de construcción de Dakota Access que la construcción del ducto propuesto estaba en conflicto directo con las áreas sagradas tradicionales y los cementerios, eso fue el 2 de septiembre de 2016, al día siguiente, personal de Energy Transfer y TigerSwan arrasaron los sitios de entierro ancestrales, en medio de un ataque indiscriminado con perros y gases contra la población Sioux de Standing Rock, quienes resultaron heridos, todo frente a la silenciosa presencia de la policía local.

El escalamiento de la violencia contra la comunidad desarmada de la tribu Sioux de Standing Rock se vio reforzado por el involucramiento de la Guardia Nacional, policías federales, estatales y de los condados vecinos. Armamento militar, lanza misiles tierra–tierra, equipo pesado, gases, armas químicas, uso indiscriminado de mangueras de bombeo de alta presión en temperaturas de congelación, y miles de efectivos fueron desplegados y usados para reprimir violentamente a quienes reclamaban por el derecho legal a permanecer y proteger su tierra.

Fueron detenidos masiva e inhumanamente en jaulas para perros. El tipo de armamento utilizado, como balas de goma, granadas de gas, cuando son utilizadas en forma inapropiada o malintencionada, pueden resultar mortales o causar daños irreparables en las víctimas. Varios pobladores tienen heridas irreparables.

En ese contexto, 841 protectores del agua, la tierra y el territorio Sioux fueron detenidos, muchos de ellos ilegalmente por la compañía privada TigerSwan, quienes en abierto acto de suplantación policiaca agredieron, torturaron y detuvieron extra judicialmente a decenas de pobladores Nativos Americanos.

Endurecimiento y criminalización de la protesta social

Como bien denuncia el Informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un proceso sostenido a nivel nacional hacia un endurecimiento de penas carcelarias y procesos legislativos estatales y federales para establecer un escalamiento de nuevas leyes, incluso inconstitucionales -como ha denunciado la ACLU, llegando al extremo como en South Dakota, en donde hay una nueva legislación que incorpora la figura jurídica del “riot boosting” (impulso a disturbios) como un delito criminal inconstitucional, porque habla de actividades previas a una protesta, convocatorias, actos de solidaridad, y la simple participación en una protesta, sin que haya incidentes, bloqueos, o interrupciones de ningún oleoducto, pueden ser considerados “riot boosting”.

Denuncia ACLU: “En los últimos dos años, hemos visto un aumento en los esfuerzos del gobierno para sofocar las protestas, particularmente las dirigidas por activistas indígenas y ambientales, a menudo en oposición a los oleoductos . Ha habido intentos de equiparar a los manifestantes con terroristas y saboteadores nacionales. Las autoridades policiales se han asociado con compañías de seguridad privadas para vigilar a los activistas y controlar las protestas. Informantes conocidos del FBI se han infiltrado en espacios y campos de activistas. El gobierno federal ha implementado «zonas de exclusión aérea» para bloquear la cobertura de los medios durante las intensas represiones policiales.”

Sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[5]

Los EE. UU. se enorgullecen de que las protecciones constitucionales de los derechos de libre expresión y reunión sean más fuertes dentro de sus fronteras que prácticamente en cualquier otro lugar del mundo. “Esta reputación puede cambiar pronto” dijo la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante una audiencia sobre los derechos a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica en los Estados Unidos: «Estamos preocupados por lo que ha estado ocurriendo últimamente… Hay una regresión en estos pilares de la democracia… desde los niveles más altos de poder”.

En efecto, este país ha emprendido un camino hacia la criminalización de la defensa del medio ambiente, del agua, la tierra y los territorios por parte de las comunidades de las primeras naciones. El 3 de junio de 2019, la administración de Trump anunció que buscaría enmendar la legislación actual que prescribe una pena máxima de 20 años de prisión por dañar o destruir oleoductos existentes. La enmienda aplicaría la misma penalización a los oleoductos en construcción, así como a la interrupción de los oleoductos.

Esta acción federal sigue una tendencia alarmante por parte de 35 legislaturas estatales que han propuesto aproximadamente 100 proyectos de ley contra la protesta social, 14 de los cuales se han convertido en ley, 26 están pendientes y 58 que han caducado o han sido derrotados. Los proyectos de ley generalmente imponen un régimen draconiano y castigos desproporcionados por desobediencia civil no violenta, incluyendo hasta 10 años de prisión y $ 100,000 en multas.

Algunos proyectos de ley criminalizan a las organizaciones que «ayudan» a los manifestantes a responsabilizarse por las acciones de sus miembros. El estado de Dakota del Norte, donde se ubica el DAPL, llegó al punto de presentar un proyecto de ley (no fue aprobado) que eliminaba la responsabilidad civil y penal de los conductores que se encontraban con los manifestantes que bloqueaban las vías públicas. ¡Permiso para atropellar a los peatones que protestan!

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado a los pueblos indígenas como defensores de los derechos humanos, particularmente vulnerables y describió los deberes que tienen los estados de proteger los derechos humanos en el contexto del desarrollo de la industria extractiva.

El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido en la Audiencia Temática de la CIDH, relacionada con la situación de los DH en su territorio, que, su deber era consultar con las tribus en virtud de los estatutos federales, 135 órdenes ejecutivas, 136 tratados y las reglamentaciones y políticas de la agencia o departamento. Sin embargo, muchas de estas leyes y políticas son interpretadas como procedimientos, por lo que NO OTORGAN DERECHOS EJERCITABLES ANTE LOS TRIBUNALES, PUES NO SON JURÍDICAMENTE VINCULANTES CON LAS LEYES VIGENTES. Es decir, el marco jurídico de protección a las primeras naciones de los Estados Unidos es, en los hechos, inexistente.

Como lo señala el Informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preparado por la University of Arizona Rogers College of Law, Programa de Leyes y Políticas de los Pueblos Indígenas en nombre del Colectivo Jurídico Protector de Agua[6], el caso de Standing Rock es un caso emblemático de resistencia indígena a la industria extractiva que llamó la atención de todo el mundo cuando los protectores de agua se convocaron en las orillas del río Missouri en una reunión pacífica en lo que fue la mayor concentración de pueblos indígenas en los Estados Unidos en 100 años. Ahí se han agudizado y extremado las violaciones a los derechos humanos, la negación de la legalidad que da razón de ser a la posesión territorial de las tribus de las primeras naciones Nativas Americanas, y ahora se construye una legalidad con aún más exclusión y represión a la defensa del medio ambiente, del agua, la tierra, el territorio y la cultura que dieron origen a este país.

[1] https://www.citylab.com/environment/2016/11/30-years-of-pipeline-accidents-mapped/509066/

[2] En los últimos 20 años ha habido 11,992 derrames en oleoductos en los Estados Unidos, con pérdidas económicas por al menos $8,309,015,801.00 según el Reporte del Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Transporte del gobierno Federal de los EE. UU. Accidentes e imagen https://hip.phmsa.dot.gov/analyticsSOAP/saw.dll?Portalpages

[3] El derecho de un gobierno o su agente de expropiar propiedad privada para uso público, con pago de compensación. https://www.law.cornell.edu/wex/eminent_domain “La Corte Suprema sostuvo que los beneficios generales que una comunidad disfrutaría de la promoción del desarrollo económico son suficientes para calificar como un «uso público».”

[4] TigerSwan fue contratado (sin cumplir con los requisitos legales para existir en esos estados) para ejecutar una «campaña de operaciones de información» que incluía inspeccionar, infiltrarse, sembrar divisiones dentro e intentar desacreditar el creciente movimiento contra DAPL y retratar falsamente a los protectores de agua como peligrosos y violentos. “trabajó estrechamente con la policía local, brindando información de vigilancia e incluso infiltrándose en el campamento. Estuvieron presentes en el Centro de Comando de Operaciones Conjuntas de la policía, ayudaron a los fiscales a construir casos contra los protectores de agua y, según se informó, informaron que en ocasiones dirigían a la policía.”

[5] Criminalization of human rights defenders of indigenous peoples and the extractive industry in the United States. Participants: State of the United States, Center for Constitutional Rights (CCR), American Civil Liberties Union Foundation (ACLU), Global Witness, American Indian Law Clinic University of Colorado Law School , International Indian Treaty Council, Food & Water Watch, 350.org, Americans for Indian Opportunity (U.S.), AIM-West (American Indian Movement), Albuquerque Center for Peace and Justice (U.S.), American Indian Law Alliance (U.S.), Arbeitskreis Indianer Nordamerikas (AKIN) , BankTrack , Bismarck-Mandan Unitarian Universalist Congregation (U.S.), Business & Human Rights Resource Centre, California Native Vote Project (U.S.), Carrizo, Comecrudo Tribe of Texas, Climate Defense Project, Continental Network of Indigenous Women of the Americas (North Region), Divest, Invest, Protect (U.S.), Divest L.A, Dooda (NO) Desert Rock, Earthcare, Fair Trials (Americas), First Peoples Investment Engagement Program, Fundacion Semilla Warunkwa (FUNSEWA), Honor the Earth, Hunkapi ONLUS Association , INCOMINDIOS, Indigenous Rights Center, International Association of Democratic Lawyers (IADL), Law Union of British Columbia (Canada) Lipan Apache Women’s Defense, Mazaska Talks, Minnesota Unitarian Universalist Social Justice, NDN Collective (U.S.), New Energy Economy (U.S.), North Dakota Human Rights Coalition (U.S.), Climate Change Iwi Leadership Group -National Iwi Chairs Forum, National Lawyers Guild International Committee, Native American Community Academy, NACA-inspired Schools Network (U.S.), Pascua Yaqui Tribe, Public Bank L.A, Rainforest Action Network , Red Nation Coalition, Rio Yaqui Pueblos, Santa Feans for Justice in Palestine, Securing Economic and Energy Democracy) of Southwest New Mexico (SEEDs), Seventh Generation Fund for Indigenous Peoples, Sixth World Solutions, Society for Threatened Peoples (Switzerland), Southwest Native Cultures (U.S.), Tewa Women United, Urgewald, S. Human Rights Network, We CopWatch , Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN), O’odham Voice Against the Wall. Countries: United States. Topics: Rights of Indigenous Peoples, Economic, Social and Cultural Rights, Human Rights Defenders, Environment. 172 Period of Sessions; Date: Thursday, May 9, 2019 http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=en&Topic=17

[6] Report to the Inter-American Commission on Human Rights. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LAC/HRDAmericas/Universitiy_of_Arizona_IP_Law_Policy_Program.pdf

En los países que primero siguieron esta senda, las vinculaciones personales de los comisionados, los fuertes lazos institucionales de dependencia del gobierno en turno, así como la sólida presencia de los presuntos responsables de los crímenes del pasado—en diversa medida—en las esferas gubernamentales, fueron obstáculos insalvables para alcanzar procesos de arribo a la verdad histórica, la impartición de justicia y la reconciliación nacional. El Estado Nación terminó supeditado a la voluntad de los gobiernos en turno.

En este nuevo ejercicio canadiense, en cambio, existen ejes diferentes y distinciones notables: 3 de los 4 comisionados son parte de las Primeras Naciones (poblaciones indígenas) del Canadá. Como parte necesaria de la investigación, hicieron una derivación explícita hacia “Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas y gente Dos Espíritus LGBTQQIA” reconociendo el prejuicio primario que actuó históricamente contra esos fragmentos vulnerabilizados de la población.

La comisión reconoce valores intrínsecos en el curso de la investigación, así como graves prejuicios raciales, colonialismo, la cristinaización forzada, la discriminación y violencia de género, así como hace un reconocimiento expreso a cierta intencionalidad genocida—eliminación de un grupo o nación, con fines de extinción—, en la sistematicidad de la violencia ejercida contra niñas, mujeres, Dos Espíritus y personas de las Primeras Naciones, Inuit y Métis. Reconoce el trauma histórico, multi-generacional e intergeneracional, el proceso de marginación económica y social, la falta de voluntad política de los gobiernos en solucionar lo anterior, así cómo una sistématica e intencional omisión de la experiencia y asistencia de las mujeres y personas Dos Espíritus LGBTQQIA. El informe define la violencia estructural, como producto de un todo generalizado, una relación social entre personas blancas y personas de las Primeras Naciones basada en la discriminación, colonialismo, prejuicio, racismo y deseo de eliminación. Esta violencia se acendró en mujeres, niñas y Dos Espíritus LGBTQQIA.

El informe explica que el romper la dinámica comunitaria, arrancando a las mujeres de las poblaciones, no sólo causó trauma en las familias, sino que, por la construcción cultural matrilineal de muchas de las Primeras Naciones, causó rupturas profundas en el tejido social comunitario. La imagen distintiva de la mujer como negociadora y proveedora de soluciones, así como la presencia necesaria de las personas Dos Espíritus para proveer balance espiritual a la comunidad, son claves para entender el quiebre cultural e incluso legal—muchos están vinculados a los sistemas legales de las Primera Naciones—que significa perder estos actores sociales en la vida social comunitaria. Las mujeres y Dos Espíritus son reconocidos como: Maestras/os (las primeras maestras, las más importantes), Líderes, Curanderas/os (que sanan cuerpo, mente, emociones y espíritu), Proveedoras/es y Protectoras/es de la tierra, el territorio, el agua y la comunidad. Por la misma complejidad cultural de la legalidad de las Primeras Naciones—que es ley nacional en Canadá—se reconoce que no hay una sola solución posible a esta crisis. Además, concluye que la violencia colonial y la cultura patriarcal han generado las condiciones para la actual crisis.

El informe asienta que los medios de comunicación han aportado—con indiferencia, racismo, prejucio, manipulación, y un trato injusto a las víctimas y sus familias—un grave precedente en la naturalización e invisibilización de estas formas de violencia social. Se hace recuento de las carencias de atención (culturalmente apropiada) a la salud  a las víctimas, acusando de negligencia, prejuico, racismo por parte de las instituciones de salud a la hora de atender a las familias de las mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA desaparecidas y asesinadas.

Una de las claves del reporte es la documentación sobre la violación al derecho humano a la seguridad—social y psicológica—que se convierte además en una violación a la normativa constitucional canadiense. Se reconoce en las diversas fuerzas policiales—responsables insitucionales de investigar y procurar detener el fenómeno de la violencia, los asesinatos y la desparición de mujeres—como fuente de permanente desconfianza, muchas veces reconocidas como victimarios, violentadores e indiferentes actores en esta tragedia, lo que ha generado un quiebre en la confianza en las instituciones por parte de las Primeras Naciones y las familias de las víctimas. Escencialmente se ubica a la policía como un ente indiferente ante la violencia contra los grupos étnicos, mujeres, niñas y de las diversidades sexuales.

Procesos de Sanación Comunitaria y Justicia Restaurativa Impulsados por el Informe

Hasta aquí, todo parece similar a las situaciones vividas por otros pueblos, violencia, prejuicio, intención genocida, indiferencia institucional, revictimización de las víctimas. Pero, en los hechos y sobre la marcha, esta comisión de la verdad —La Investigación Nacional—estableció un impresionante Programa de Cuidados Posteriores puso en forma accesible, atención personalizada a las familias, en forma culturalmente apropiada, para ayudar al proceso de sanación, con planes personalizados, en función de la necesidad familiar, incluyendo la cobertura presupuestal para llevarlo a cabo, en cada caso. Se incluyeron servicios como programas de curación en la tierra, asesoramiento, ceremonias de conmemoración, costos de viaje y muchas otras solicitudes. Este proceso de justicia restaurativa sobre la marcha de una comisión de la verdad no tiene precedente.

Asimismo, la comisión de la verdad estableció alianzas con universidades en diversas cuidades, y se establecieron cuatro diálogos nacionales para identificar las mejores formas de solucionar la problemáticas, identificar las mejores prácticas, mejorar y salvaguardar el bienestar de mujeres indígenas, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA. En estos diálogos el país se confrontó con su realidad discrminadora, colonialista y segregacionista hacia las Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA. En los diálogos se identificaron las debilidades sistémicas del Estado para atender los casos de violencia, en salud, economía, impartición de justicia y seguridad. Para cada uno de los temas, debilidades, y carencias de atención, se propusieron soluciones, culturalmente adecuadas, respetuosas de la herencia ancestral de las Primeras Naciones. Se reconoce un gran aporte en la construcción de puentes de entendimiento nacional.

En el Llamado a la Justicia, se establece que un compromiso permanente para terminar con el genocidio, requiere abordar las cuatro vías exploradas en el informe: Trauma histórico, multigeneracional e intergeneracional; Marginación social y económica; Mantener el status quo y la falta de voluntad institucional; e Ignorando la agencia y la experiencia de las mujeres indígenas, las niñas y las personas de Dos Espíritus LGBTQQIA. El informe emite más que recomendaciones, Llamados a la Justicia, como imperativos legales. Estos Llamados a la Justicia representan formas importantes para poner fin al genocidio y transformar los valores sistémicos y sociales que han mantenido la violencia colonial. Los Llamados a la Justicia no son solo a las instituciones, o los gobiernos—los cuales tienen obligaciones que cumplir—sino que el informe demanda un papel protagónico para todos a corto y largo plazo.

Establece los Principios del Cambio, a través de medidas restitutivas de derechos para las personas, obligaciones para el Estado y para todos los niveles de gobierno. Una medida relevante es el principio de la “Igualdad Sustantiva” una propuesta básica en la desconstrucción de la colonización, la desiguladad, la discriminación, desventajas históricas, traumas intergeneracionales, a fin de reducir las brechas y proveer de bienestar general. El Llamado a la Justicia incluye un proceso en todos los niveles de gobierno de descolonización, incluso en los gobiernos indígenas. Este enfoque, honra y respeta los valores, filosofías y sistemas de conocimiento indígenas, y está basado en las fortalezas, centrado en la resiliencia y la experiencia de los individuos y las comunidades. En los Llamados a la Justicia se incorpora el concepto de familia, que incluye incluye todas las formas de parentesco familiar, incluidas, entre otras, las familias biológicas, las familias elegidas y las familias del corazón.

Las Soluciones y Servicios deben ser Autodeterminados y Dirigidos por Indígenas. Esto elimina de hecho la necesidad de las comunidades y gobiernos indígenas de “pedir permiso” a los gobiernos estatales y nacionales para actos de gobierno indígena. Se reconoce el derecho a la auto-identificación, étnica, geográfica, por residencia, e incluso genérica. Se determina una implementación de seguridad cultural, para lo que establece la creación de inclusión de idiomas, leyes y protocolos indígenas, gobernabilidad, espiritualidad y religión. Hay un Enfoque Basado en Trauma, con atención a las víctimas, familias, comunidades y sociedad, que debe ser garantizada con medidas gubernamentales, presupuesto para hacerlo viable, y eventualmente eliminar el concepto de genocidio y colonización.

Se ha diseñado un Plan Nacional de Acción, en el que se hace un Llamado a la Justicia para que todos los gobiernos garanticen el acceso equitativo a derechos básicos como el empleo, la vivienda, la educación, la seguridad y el cuidado de la salud se reconocen como un medio fundamental para proteger los derechos de los indígenas y los derechos humanos, y se recurren y apoyan como programas basados en los derechos basados en la igualdad sustantiva. Hay un Llamado a la Justicia para que la Cultura Indígena sea reconocida, respetada, incluida, promovida, incluyendo lengua, conocimiento ancestral, empoderamiento, todo financiado por el Estado Nación. Asimismo, se hace un Llamado a la Justicia urgente para educar a los segmentos de la población blanca para evitar odio, discriminación, y desconstruir culturalmente las condiciones que permitieron el genocidio en Canadá.

La Salud y el Bienestar están incluidos fuertemente en estos Llamados. La justicia es un capítulo especial, pues se establece la eliminación de definiciones y conceptos colonialistas en la ley que permiten minimizar la culpa del agresor. Se propone utilizar la perspectiva de género para el diseño de nuevas normas jurídicas inclusivas, así como herramientas culturales indígenas que incorporen una perspectiva adecuada, que incluya Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA. Se recomienda la creación de un fuerte cuerpo de policía civil indígena, que pueda ser la primera línea de atención territorial, integrada por Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, Dos Espíritus LGBTQQIA.

Se propone una alianza con industrias, empresas y medios de comunicación, para incorporar la perspectiva indígena en su narrativa, ofrecer becas de formación a comunidades, para formar periodistas y comunicadores Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA. Las cortes y bufetes jurídicos deben contar con una atención culturalemente adueuada, así como atender en las lenguas nativas de los usuarios, vícitmas y personas que así lo requieran. El sistema educativo debe establecer un programa de formación en todos los niveles que explique y haga entender el genocidio, el asesinato y desparición de personas de Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA para evitar que vuelva a suceder. Esto implica reconstruir la currícula de enseñanza de historia en las escuelas de todos los niveles. Las industrias extractivas y de desarrollo deben incluir medidas preventivas de la violencia contra Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA.

Tambien hay Llamados a la Justicia para Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA, quienes deben romper la cultura de colonización, respetar e incluir, educar, integrarse y promover mejores prácticas que garanticen la vida y la seguridad de sus integrantes, con apoyo presupuestal, financiero y logístico del Estado Nación.

Hay, en general, en el informe, el trabajo previo, la construcción del reporte y la presentación final del trabajo colectivo, una intención del Estado Nacional Canadiense por cambiar. Las asignaciones presupuestales, las acciones emprendidas antes, durante y después del informe van encaminadas a encontrar soluciones. No es ideal, no es el mejor, pero sí es auténtico, honesto e intenta resolver los problemas que dieron origen a la grave problemática de la desaparición, asesinato y segregación de decenas de miles de personas de las Primeras Naciones, Inuit, Métis, mujeres, niñas, Dos Espíritus LGBTQQIA.

“Durante décadas, las mujeres y niñas canadienses indígenas han sufrido desapariciones y asesinatos. Nuestro sistema de justicia ha fracasado», señaló el Primer Ministro. «Por desgracia, no es un tema únicamente del pasado. Es vergonzoso y absolutamente inaceptable. Esto debe parar» dijo Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá en la presentación del Informe Final. Siempre se inicia este tipo de trabajo sobre una base cruel e irremediable: la muerte y desaparición física de personas amadas. La construcción de este informe, su intencionalidad política, su eficacia demostrada en los hechos, y su profundidad cultural, nos dejan ante un trabajo monumental de la comisión de la verdad, que ha cimentado un camino diferente y a puesto a ese país en una ruta adecuada para crear soluciones reales y prevenir la continuidad del fenómeno. Aquí sí podemos ver la luz al final del tunel, si se cumple con lo iniciado.

*Pável Uranga fue Jefe de Investigación Histórica de la Fiscalía de la Guerra Sucia en México, es experto en violencias de género, co fundador del Obervatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México, estudioso del tema de la Trata con Fines de Explotación Sexual en tres países diferentes, autor del estudio «La Trata ante el espejo: Una aproximación al trabajo sexual esclavo en Ecuador. Frontera Norte», en 2012.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

• The Final Report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls by the National Inquiry Commission.